El juzgado 10 especializado de Bogotá tomó la decisión de impartir legalidad al preacuerdo firmado entre Sneyder Pinilla con la Fiscalía por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Durante la mañana de este viernes se llevó a cabo una nueva audiencia en la que la juez señaló que el preacuerdo fue presentado el 12 de marzo en audiencia, en donde la delegada fiscal, María Cristina Patiño expuso los hechos jurídicos relevantes y los términos del preacuerdo.“Se le concede la rebaja del 45% de la pena”, dijo la juez, lo que correspondería a una pena de cinco años y ocho meses de prisión, como lo solicitó la delegada de la Fiscalía. Así las cosas, la juez durante la audiencia indicó: “Interrogué y verifiqué con el señor Augusto su manifestación de culpabilidad libre, consciente, expresa, voluntaria y debidamente informada, además de que recibió asesoría por parte de su defensa técnica que comprendió los términos y consecuencias del preacuerdo, deseando renunciar a su derecho a guardar silencio y a un juicio oral”, señaló la juez en la diligencia.En una pasada diligencia, el exfuncionario le manifestó a la Fiscalía que fue uno de los enlaces en el entramado corrupto que saqueó desde 2023 el erario público a través de contratos irregulares y coimas en las que están señalados otros exaltos funcionarios del Gobierno y del Congreso.En anteriores audiencias, se conoció que Pinilla ya hizo un trámite con el pago de 618 millones de pesos, en dos consignaciones: una en diciembre por un monto de 310 millones de pesos, y una segunda consignación de marzo del 2025 por un monto de 308 millones de pesos.Durante la diligencia de este viernes, la juez señaló que próximamente a Pinilla se le dictará una sentencia que necesariamente es de carácter condenatorio, conforme a los términos de la negociación que hizo el señalado. “A partir de este momento resulta totalmente improcedente una retractación de parte suya”.Una petición También en la diligencia, la fiscal delegada ante la Corte Suprema, solicitó que el procesado siga detenido en una guarnición militar por temas de seguridad. “La Fiscalía se encuentra adelantado un principio de oportunidad con el señor Pinilla, donde servirá de testigo de cargo contra 25 personas aproximadamente, entre ellos funcionarios y servidores públicos de alto nivel”, manifestó la fiscal, una postura que respaldada por varias de las partes.