En medio del escándalo de corrupción de la UNGRD, el caso de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y exdirector de Inteligencia del gobierno de Gustavo Petro, se ha convertido en el más reciente capítulo que vincula a Nicaragua con la concesión de asilo político a figuras acusadas o condenadas por corrupción en la región.González, señalado por la Fiscalía General como uno de los principales artífices de un entramado de sobornos en la Unidad, salió de Colombia el 2 de noviembre de 2024, cuando aún no pesaba sobre él ninguna medida judicial. Posteriormente, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, residió durante varios meses en la mansión diplomática de la Embajada de Colombia en Managua, junto con el entonces embajador León Fredy Muñoz.Carlos Ramón González. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoaEl 21 de mayo de este año, la Fiscalía le imputó formalmente cargos por cohecho, peculado y concierto para delinquir, en el marco de la investigación por el desvío de millonarios recursos públicos que, según las pesquisas, habrían sido utilizados para financiar sobornos a congresistas a cambio de apoyo a las reformas del Gobierno. Ese mismo día, la embajada colombiana en Managua solicitó a las autoridades nicaragüenses la renovación de su residencia, trámite que no fue autorizado por la Cancillería en Bogotá, pero que, aun así, avanzó de forma irregular.Nicaragua negó extradición de Carlos Ramón González, prófugo por saqueo a UNGRD. Foto:Archivo ParticularPese a la orden de captura en su contra, emitida en julio de este año por un juez en Colombia, González se mantiene en Managua. En junio de este año, el Ministerio del Interior de Nicaragua le otorgó formalmente asilo político, una decisión que blinda al exfuncionario frente a los procesos judiciales en su país y que llevó al gobierno colombiano a solicitar su extradición. Sin embargo, a las 3:30 de la tarde de este 20 de agosto, la administración de Daniel Ortega negó la petición, amparándose en el estatus de protegido que le concede la legislación nicaragüense.La Cancillería y el Ministerio de Justicia colombiano, ante ello, le solicitaron el miércoles a Ortega revocar el asilo otorgado a González. “Colombia no comparte la decisión del Gobierno de Nicaragua de otorgar asilo político a Carlos Ramón González Merchán, requerido por la justicia colombiana por la presunta comisión de delitos comunes”. Los políticos condenados por corrupción en NicaraguaNicaragua se ha consolidado en los últimos años como un refugio para varios políticos centroamericanos acusados o condenados por corrupción. En 2016, el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, procesado por desvío de fondos y enriquecimiento ilícito, obtuvo asilo y posteriormente la nacionalidad nicaragüense. Años después, en 2021, su sucesor en la presidencia, Salvador Sánchez Cerén, señalado por un presunto fraude al Estado de más de 350 millones de dólares, también fue acogido y nacionalizado.Un caso similar es el de Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, condenado por lavado de dinero, quien en febrero de 2024 se refugió en la embajada de Nicaragua en Panamá. Tras semanas de negociaciones, el gobierno panameño le concedió un salvoconducto que le permitió trasladarse a Managua, donde actualmente reside bajo protección oficial.A la lista se suman otros nombres menos visibles, como el dirigente sindical panameño Erasmo Antonio Cerrud Pinzón, acusado de estafa y lavado de dinero, quien recibió asilo en junio de 2025. También figuran exfuncionarios hondureños y guatemaltecos, como Ebal Díaz, Ricardo Leonel Cardona y Gustavo Herrera Castillo, vinculados a investigaciones por corrupción en sus países, que obtuvieron residencia y nacionalización en Nicaragua.Sede de la Embajada de Colombia en Nicaragua. Foto:Archivo particularEl alcance de Interpol en su capturaSi bien el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dijo que “se reúnen todos los presupuestos necesarios de acuerdo al tratado de extradición para que González sea enviado a Colombia”, el régimen de Daniel Ortega le otorgó el asilo político y se negó la extradición para cumplir con la justicia por el caso de corrupción de la UNGRD.Según el abogado penalista Wilfrido Robayo, la extradición solo puede negarse cuando se trata de delitos políticos, cuando la pena solicitada no coincide con la establecida en los tratados o cuando no se cumple el principio de doble incriminación, es decir, que el delito por el que se investiga a una persona también sea considerado delito en el país requerido.Sin embargo, para Robayo, la discusión central está en la legalidad del asilo otorgado a González, dado que los hechos que se le imputan corresponden a delitos comunes y no a delitos políticos. “Mientras la persona tenga asilo político, la extradición no tendrá ninguna posibilidad de materializarse”, explicó.En la misma línea, Walter Arévalo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, explicó que las circulares rojas de Interpol, que en estos casos puede emitir Colombia, no constituyen una orden obligatoria para otro país. “Las circulares rojas son solicitudes de cooperación policial internacional y no invalidan un asilo concedido. Si Nicaragua reconoce oficialmente la protección, sus autoridades no están obligadas a detenerlo”, señaló. Arévalo añadió que, para avanzar, Colombia tendría que iniciar una negociación diplomática que busque demostrar que no se trata de persecución política, sino de un proceso judicial por corrupción. También destacó que existe un tratado de extradición vigente entre Colombia y Nicaragua desde 1930, cuyo artículo primero establece que no se deberían conceder asilos a personas fugadas y legítimamente perseguidas.La Interpol. Foto:InterpolPor su parte, Francisco Bernate, abogado penalista, afirmó que, aunque Interpol emita una orden, esta no se puede ejecutar mientras el asilo esté vigente. “Puede existir una orden de Interpol, pero si hay asilo, no se hace efectiva. Esto, en la práctica, significa que esta persona no será extraditada”, sostuvo.El penalista Saúl León coincide con esta postura y agrega que la concesión del asilo político por parte de Nicaragua imposibilita cualquier captura dentro de su territorio. “La solicitud de extradición ya fue negada, y al tener el asilo, González goza de una protección internacional. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que este ciudadano no puede ser expulsado ni entregado a otro país, por lo que tiene todos los derechos de cualquier residente nicaragüense, incluida la libertad de locomoción y la protección frente a detenciones con fines de extradición”, explicó.Desde otra perspectiva, Andrés González, exministro de Justicia, cuestionó la validez jurídica del asilo político otorgado a Carlos Ramón González. “A mi juicio, carece de fundamento. No existe persecución política, pues él hacía parte del alto gobierno. La investigación es por actos de corrupción, y ningún instrumento internacional protege la corrupción. Ni los tratados de derechos humanos ni la Convención Americana amparan estos casos”, señaló. Para el jurista, la captura internacional solo sería viable si González abandona Nicaragua: “Interpol podría actuar si él estuviera en un tercer país, pero la negativa del gobierno de Ortega limita cualquier opción inmediata”.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com