Andalucía empezará a concertar con la privada operaciones quirúrgicas en septiembre | Noticias de Andalucía

Se anunció en 2023 como el gran cambio de paradigma en el Sistema Andaluz de Salud (SAS) para dotar de mayor agilidad y eficiencia la contratación pública y, sobre todo, para acabar con unas listas de espera desbordadas. El Gobierno que preside el popular Juan Manuel Moreno, comunicó entonces la puesta en marcha de dos contratos marco por valor de 734 millones de euros para concertar con la sanidad privada operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas, pero un recurso presentado por una empresa ha tenido paralizado ese procedimiento hasta el pasado mes de junio, cuando la Junta sacó a licitación una parte de ese macrocontrato, que entrará en vigor a mediados de septiembre, según confirman a este diario fuentes de la Consejería de Salud, después de que se hayan resuelto las alegaciones interpuestas.En menos de un mes, 38 empresas privadas -de las 53 que concurrieron al procedimiento de licitación- realizarán procedimientos quirúrgicos que tendrán por objeto atender a las especialidades que acumulan más demora, como las de traumatología o patologías oncológicas. Los conciertos alcanzarán los 231 millones de euros y tendrán una duración inicial de dos años, prorrogables a otros dos, con lo que su importe máximo se sitúa en los 533 millones de euros.“El Gobierno andaluz apuesta sin pudor por la sanidad privada”, sostiene Antonio Macías, responsable del área de Salud de UGT-Andalucía. Los sindicatos consideran que la fórmula de macroconciertos supone una “privatización encubierta de la sanidad andaluza” cuyo único sentido es “imitar las políticas de [Isabel Díaz] Ayuso en la Comunidad de Madrid”. “Sale mucho más caro concertar una operación que contratar más personal para atender en los quirófanos de los hospitales públicos”, abunda José Sánchez, secretario general de Satse Andalucía. Menos sutil ha sido el PSOE andaluz que ha asegurado que este nuevo contrato permitirá “robar de la sanidad pública 530 millones para enchufárselos” y “cebar sin fin a los amiguetes en la sanidad privada en Andalucía”. Su portavoz, Mario Jiménez, ha sostenido que este es un “caso de corrupción sanitaria infinita” y ha recordado que la justicia está investigando “1.500 millones de euros” en los contratos de emergencia y los troceados, en “lo que podría ser el mayor desfalco público en la historia de la sanidad en España”.Desde la Consejería de Salud se insiste en que con este acuerdo marco, “el SAS establece los términos y condiciones generales para la contratación” y que “su objetivo principal es seguir reduciendo las listas de espera y mejorar los tiempos medios de respuesta”. Sin embargo, desde las organizaciones sindicales niegan la mayor y advierten de cómo en el último año, el plan de garantía sanitaria – el pan de choque alternativo que la Junta puso en marcha ante la imposibilidad de poder sacar adelante los macroconciertos que anunció en octubre de 2023, por el que se han adjudicado a dedo contratos por valor de 283 millones de euros- los plazos para operarse o ser atendido por un especialista no han menguado. De acuerdo con los datos semestrales publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes a diciembre de 2024, un andaluz tiene que esperar de media 176 días para ser operado, una semana más que en el mes de junio y 50 días más que en la media del país.Precisamente, cuando entre en vigor el macroconcierto para las operaciones quirúrgicas decaerán esos contratos a dedo que se han prorrogado a lo largo de 1 año. Aunque estas adjudicaciones se presentaron en febrero de 2024 como una alternativa temporal (seis meses prorrogables por otros seis) mientras se subsanaban los problemas administrativos y legales de los acuerdos marco, el hecho es que esta forma de operar en el ámbito sanitario, sin concurrencia competitiva, se ha convertido en la dinámica del Gobierno de Moreno, desde 2020, meses después de llegar el PP a la Junta.La Junta comenzó con este sistema en 2020, aprovechando el marco normativo habilitado con motivo de la pandemia, con los contratos de emergencia. Sin embargo, el Gobierno autónomo continuó prorrogando esos contratos cuando ese amparo legal había decaído hasta 2024, pasando de los 70 a los 243 millones de euros. Son estas adjudicaciones exprés las que ahora se están investigando judicialmente como un presunto delito de prevaricación. Tras salir a la luz, precisamente, la autorización de esas prórrogas al margen del procedimiento legal que las amparaba, la Consejería de Salud anunció en marzo de 2023 que terminaba con ese procedimiento de adjudicaciones a dedo para volver al sistema público de concurrencia competitiva y publicidad.En ese contexto es cuando, en octubre de 2024, se anuncia ese nuevo marco de contratación que incluía dos contratos públicos por valor de 734 millones de euros. Un sistema que quedó truncado apenas un mes después cuando el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Administración autónoma acordó la anulación del procedimiento de adjudicación del concierto relacionado con el servicio de asistencia sanitaria para pruebas diagnósticas, dotado de 201.111.854 euros. La Consejería de Salud sigue trabajando en los pliegos de este último macro contrato después de que la mesas de contratación decidiera el pasado mes de julio desestimar el procedimiento “por un defecto insubsanable en el proceso de licitación”. El nuevo pliego, indican fuentes de ese departamento, será provincial y no regional.