La Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso de casación radicado por la defensa del excoronel Hoover Ríos, condenado a nueve años y siete meses por el delito de concusión, por su participación en el robo de parte de una recompensa entregada en 2009 a una campesina que proporcionó información útil para dar de baja a Enelio Gaona, alias Bertil.El 1 de octubre de 2009, la mujer recibió una bonificación de 400 millones de pesos del Ejército por su aporte en la neutralización del cabecilla de las extintas Farc. El excoronel Ríos, junto con Giovan Andrés Cruz, entonces mayor y cabo primero, la engañaron asegurándole que, si quería agilizar la entrega del dinero, debía firmar unas letras de cambio a favor de ellos y de otro uniformado, Jairo Gómez Guerra.Corte Suprema de Justicia. Foto:CortesíaEl 7 de octubre, una vez recibida la suma, los exmilitares la presionaron y embaucaron para quedarse con 278 millones de pesos. Primero cobraron las letras de cambio que ella había firmado y, luego, la amenazaron, advirtiéndole que si contaba algo, “le avisarían a las Farc sobre la identidad del informante que ayudó con la ubicación del exjefe guerrillero”.La campesina acudió a una oficina bancaria en Ibagué, Tolima. Allí retiró el dinero en dos partes. La primera, mediante un cheque de gerencia a favor de la cuenta de ahorros de Jairo Gómez Guerra, y la segunda, en efectivo. Todo el dinero se lo entregó al mayor Ríos, quien, ya con la plata en mano, quemó las letras de cambio que la mujer había firmado, en el baño del parqueadero adyacente a la sede del banco.Tres años después, la víctima presentó la denuncia y, el 10 de febrero de 2014, la Fiscalía formuló la acusación contra los exmilitares, luego de que la Judicatura resolviera un conflicto de competencias con la Justicia Penal Militar. El 7 de noviembre de 2023, el Juzgado dió lectura a la sentencia, imponiendo nueve años y siete meses de prisión por concusión. Y el 8 de febrero de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué confirmó parcialmente la condena.La defensa solicitó a la Corte Suprema casar la sentencia por presunto falso juicio de identidad, argumentando tergiversación de los hechos y fallas procedimentales, como la tasación de la pena por encima de lo previsto.Coronel Hoover Ríos Foto:ArchivoSin embargo, el alto tribunal desestimó los alegatos y decidió inadmitir el recurso. En cuanto a la valoración de la evidencia, la Sala de Casación Penal señaló que, aunque las letras de cambio no se incorporaron a la actuación penal —pues, al parecer, fueron destruidas por los condenados—, ello no implica que su existencia fuera una suposición del juzgador de segunda instancia.”Por el contrario, se demostró la existencia de los títulos valores mediante la declaración de Luis Alberto Sánchez Artunduaga, excompañero sentimental de la víctima, quien en extrañas circunstancias fue asesinado, pero que en vida dejó constancia en una entrevista —ingresada como prueba de referencia admisible— en la cual se aprecia que siempre estuvo presente, acompañando a su compañera tanto en la ciudad de Bogotá cuando recibió la recompensa, como en el trámite del retiro del dinero el 7 de octubre de 2009″. Sánchez fue testigo de la existencia de las dos letras de cambio con las cuales los presionaron para entregar el dinero, y de que las quemaron, lo cual pudo percibir el encargado del parqueadero.Para la Corte, “el demandante incumple la carga argumentativa que le era exigida para acudir en casación y simplemente se dedica a insistir en su teoría del caso, sin demostrar error alguno, como si esta sede se constituyera en una tercera instancia en la que se haga eco de sus pretensiones”. Por esta razón, la Corte inadmitió el recurso y dejó en firme la condena.¿Nos tocará pagar un impuesto por usar Bre-B? Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia