La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mantiene bajo estudio el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, dentro del macrocaso No. 10, que investiga los “crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas Farc por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”.Sin embargo, la familia del líder político interpuso un recurso ante la Sala de Apelaciones de la JEP contra la resolución del 4 de julio de 2025, en la que la Sala de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas declaró su competencia para conocer el caso, pese a reconocer que aún existen dudas sobre la participación de la antigua guerrilla en el crimen.En entrevista con EL TIEMPO, Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, explica qué ha pasado en el caso que cumple 30 años de impunidad.Álvaro Gómez Hurtado, qué hay en el expediente judicial de su magnicidio Foto:Archivo¿Cuál es el argumento principal en su demanda para que la JEP no estudie el caso?Nosotros hemos presentado un recurso ante la JEP, en el marco del aporte temprano de verdad del antiguo secretariado, solicitando a ese tribunal que se abstenga de conocer y de incluir en el macrocaso número 10 el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, porque no hay ninguna evidencia material creíble en relación con la autoincriminación que realizó el Secretariado de las Farc, a conveniencia de Ernesto Samper y otros miembros del alto gobierno de Samper, para frenar la acción y el conocimiento de esta investigación por parte de la Fiscalía.¿Qué ha pasado con la investigación en la justicia ordinaria?Pues la investigación en la justicia ordinaria está muerta, literalmente, y ese era el propósito inicial de acudir a este foro preferente que tiene la JEP. En la situación actual, está completamente abandonada la investigación en la Fiscalía y se han validado unas afirmaciones —en particular las de alias Tornillo— que no tienen ningún sustento probatorio y que, por el contrario, se enfrentan a las pruebas de la justicia ordinaria.¿Insisten en el juicio?Sí. Esas pruebas están en la Fiscalía. Nosotros pedimos ir a juicio. Queremos que la nación vea y oiga esas pruebas antes de que se mueran o asesinen los testigos. Hay suficiente evidencia en ese sentido, pero lo único que encontramos es el propósito del establecimiento de frenar esto a cualquier costo: en la Comisión de Acusaciones, en la Corte Suprema, en la Fiscalía y ahora en la JEP.¿Cuál es el argumento principal en su demanda para que la JEP no estudie el caso?Nosotros hemos presentado un recurso ante la JEP, en el marco del aporte temprano de verdad del antiguo secretariado, solicitando a ese tribunal que se abstenga de conocer y de incluir en el macrocaso número 10 el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, porque no hay ninguna evidencia material creíble en relación con la autoincriminación que realizó el Secretariado de las Farc, a conveniencia de Ernesto Samper y otros miembros del alto gobierno de Samper, para frenar la acción y el conocimiento de esta investigación por parte de la Fiscalía.Estamos obviamente a la espera de que ese recurso de reposición y de apelación contra la resolución del 4 de julio de este año de la Sala de Reconocimiento de Verdad sea resuelto. Todo lo que ha sucedido en la JEP no solo ha sido de una lentitud inverosímil, sino que ha estado exactamente en la línea de las denuncias que he hecho en nombre de la familia y de las víctimas. LEA TAMBIÉN ¿Considera que es otro caso de impunidad?En este caso, desde 2020, esto se volvió una herramienta de impunidad que deriva de la declaratoria de lesa humanidad de este crimen ocurrida en diciembre del 2017. En la medida en que después de años de lucha contra la jurisdicción colombiana finalmente —con base en un acervo probatorio muy importante en poder de la Fiscalía— que apunta a la participación de altos miembros del gobierno Samper en asocio con el cartel del Norte del Valle en la planeación, ordenación y ejecución del homicidio, se obtuvo la imprescriptibilidad de la acción penal.Héctor Paul Flórez, condenado por el magnicidio de Álvaro Gómez Foto:archivY en la medida en que la investigación ya no prescribía, o la acción penal en este caso no prescribía, es que surge esta estrategia alterna un año y medio después, en 2020, con una sospechosa interferencia de Piedad Córdoba y altos miembros de la administración de Ernesto Samper, en reuniones sostenidas con el secretariado —reuniones públicas que constan en los medios de prensa— para acordar esta ruta e impedir que el país conozca finalmente los responsables y autores intelectuales de este homicidio.¿Qué ha pasado con la investigación en la justicia ordinaria?Pues la investigación en la justicia ordinaria está muerta, literalmente, y ese era el propósito inicial de acudir a este foro preferente que tiene la JEP. En la situación actual, está completamente abandonada la investigación en la Fiscalía y se han validado unas afirmaciones —en particular las de alias Tornillo— que no tienen ningún sustento probatorio y que, por el contrario, se enfrentan a las pruebas de la justicia ordinaria.Sobre todo, se enfrentan a pruebas contundentes, como el computador del ‘Mono Jojoy’, donde el Secretariado reconocía las comunicaciones de Jojoy a sus lugartenientes, quienes desconocían la autoría intelectual de la muerte de Gómez y ordenaron averiguarlo.Entonces esto perpetúa lo que ha sido la historia de este proceso: la desviación sistemática de la investigación, con la imputación de personas inocentes —unas 14 o 15— que fueron procesadas por la Fiscalía en la década de los noventa y todas exoneradas por el Tribunal Superior de Bogotá en los fallos de 2001 y 2002. LEA TAMBIÉN Además, persiste el encubrimiento y la desviación, porque ahora, increíblemente, está prescribiendo la investigación contra los miembros de la DIJIN Nacional y de la DIJIN de Sincelejo, que crearon o permitieron el establecimiento de la llamada hipótesis Sincelejo, ocultando los informes de investigación que exoneraban a los tres muchachos capturados el 18 de noviembre de 1995.En este caso hay 11 compulsas de copias por falso testimonio prescritas, la destrucción total de la evidencia de la escena del crimen —no existe absolutamente ninguna evidencia— y la investigación disciplinaria y penal por ese caso también está prescrita. Ese es ya un patrón de acción del establecimiento y de la Fiscalía.En la diligencia participaron, además de ‘Timochenko’, los magistrados de la Sala de Reconocimiento. Foto:JEPEntonces, si la JEP lo puede estudiar ¿por qué apelaron?Porque no hay ninguna prueba material válida que acredite la supuesta decisión del secretariado de asesinar a Álvaro Gómez. Así lo dicen los propios miembros del Secretariado, lo ratifica el computador de Jojoy, y va en contravía de más de 20 años de evidencia recaudada, especialmente en la hipótesis ‘Rasguño’, que dio origen a la declaratoria de lesa humanidad.La JEP le está dando valor a una carta obtenida —como lo reconoció públicamente Piedad Córdoba— para favorecer a Ernesto Samper. Es una falsa hipótesis para frenar la acción de la justicia en el caso del homicidio.Y esas afirmaciones fueron hechas por Piedad Córdoba en declaraciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la misma JEP. Entonces, la JEP está desconociendo que esto no es otra cosa que una acción política para impedir que el país conozca la verdad sobre el magnicidio.¿Cuándo esperan una respuesta de la JEP?Si seguimos el parámetro de lo que ha venido ocurriendo, imagínese: la decisión de adherir este caso al macrocaso 10 tomó cinco años. No han investigado nada y dan por válidas las autoincriminaciones de algunos miembros del antiguo secretariado, porque la mayoría ha dicho que no tenía idea de eso. Esto puede tardar décadas, y ese es precisamente el propósito: dilatar y alejarnos de la posibilidad de que se resuelva este caso.Usted ha mencionado el caso del reciente asesinato de Miguel Uribe Turbay, ¿por qué lo relaciona con el de Álvaro Gómez?Porque la violencia política no ha cesado, y los patrones se repiten. El régimen en Colombia, como lo denunció Álvaro Gómez, mata, y sigue matando. No solo tiene las capacidades y los nexos con los agentes de violencia para hacerlo, sino que también se encarga de distraer, desviar y enredar las investigaciones. LEA TAMBIÉN Lo he denunciado específicamente en el caso de Miguel Uribe Turbay, que es evidente que estamos frente a un crimen de Estado. No solo por la desprotección intencional y tolerada en su esquema de seguridad -que estaba a cargo de la UNP- sino porque el propio director de esa entidad, responsable de su vida, sigue en el cargo.¿Cuáles son las relaciones de ambos magnicidios?Los rasgos son muy comunes y preocupantes. Si el caso de Miguel Uribe se maneja igual, va a quedar en la más completa impunidad, como ocurrió con el de Álvaro Gómez. Todo Colombia sabe que a Álvaro Gómez lo mataron por denunciar la corrupción de Ernesto Samper Pizano y sus vínculos con los carteles de Cali y del Norte del Valle.Se define futuro de la Misión de la ONU en Colombia Foto:Juan Diego Torres – Redacción Justicia