EL TIEMPO rastreó los dos contratos por los que la Fiscalía imputará a Nicolás Petro, señalado de haber intervenido, junto con su entonces pareja Day Vásquez, en la adjudicación irregular de contratos a una fundación del Atlántico con el fin de obtener beneficios personales.Los delitos que la entidad busca atribuirle incluyen interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.Según la fiscal Lucy Laborde, el caso —identificado como “Fucoso”— gira en torno a la Fundación Consciencia Social, entidad que habría sido favorecida con contratos de la Gobernación del Atlántico a través de un proceso directo y con anticipos cuestionados. En estas maniobras, dijo la funcionaria, Nicolás Petro habría intervenido aprovechando su condición de diputado departamental, mientras que Day Vásquez, su entonces pareja, habría sido la encargada de los contactos y ajustes con los representantes de la fundación.“El secretario departamental determinaba la elección de Fucoso por solicitud expresa del señor Nicolás Petro, quien encargó a su esposa Day Vásquez para establecer los contactos y adecuaciones contractuales entre la entidad pública y los directivos de la fundación”, explicó Laborde durante la audiencia.Nueva audiencia de imputación contra Nicolás Petro. Foto:Archivo particularLos dos contratos para atender a adultos mayores ascienden a 1.144 millones de pesosEl primero fue el de 400 millones de pesos que tenía como objeto “aunar esfuerzos en la implementación de la modalidad de centros de vida móviles para la atención a las personas mayores mediante acciones de orientación psicosocial; (en busca de mitigar el efecto de síndromes geriátricos) y promoción de estilos de vida autónomos y productivos”.Dentro de los documentos se destaca que el valor del contrato es de 400 millones de pesos, pero el asociado (la Fundación) iba a aportar 172 millones más por lo que terminó siendo de 572 millones de pesos.El acta de liquidación del contrato se firmó hasta el 9 de mayo de 2023. Lacouture y supervisora María del Socorro Lara ratificaron que “que durante la ejecución del convenio no se presentaron situaciones, ni ocurrió evento alguno que requiera de los amparos de las garantías exigidas al asociado con la cláusula décima del citado convenio (Cumplimiento, Pago de salarios y prestaciones sociales, buen manejo e Inversión del Anticipo y Responsabilidad civil extracontractual)”.Contrato terminó siendo de 572 millones de pesos. Foto:archivo particularDe acuerdo con la Fiscalía, Raúl Lacouture Daza, entonces secretario de la Gobernación, Pedro Name y Gustavo de la Ossa, representante legal de la fundación, también habrían participado en la ejecución de los contratos. A ellos aún no se les ha imputado cargos.Los investigadores aseguran que Petro utilizó su influencia política para que Lacouture tramitara rápidamente la contratación de Fucoso. “Debido al ejercicio de su influencia como diputado, el servidor público encargado de las contrataciones se interesó indebidamente en estos contratos para favorecerlo económicamente”, señaló la fiscal.El expediente incluye conversaciones de 2021 entre Vásquez, De la Ossa y Petro, en las que se habría acordado modificar los términos contractuales para asegurar la adjudicación. Una de las fechas clave, dijo Laborde, fue el 31 de agosto de 2021, cuando Vásquez y De la Ossa habrían pactado repartirse 200 millones de pesos del anticipo del contrato: 120 millones para Petro y Vásquez, y 40 millones para cada uno de los otros dos involucrados.La Fiscalía sostiene que los pagos se hacían en efectivo y en lugares privados, con el fin de evitar rastros bancarios. Incluso, el 4 de diciembre de 2021, Petro habría recibido dinero en la casa de María Angélica Name Delgado, en presencia de su escolta, lo que generó su molestia, según el relato de Laborde: “Usted recrimina a Day Vásquez porque el escolta se dio cuenta de la entrega, lo que demuestra su consciencia de la ilicitud”.Un contrato similar fue firmado 23 días después (25 de enero de 2022) de que finalizara el anterior. Tenía el mismo objeto y valor y finalizaba el 24 de mayo de ese año y estaba destinado a la implementación de centros de vida móviles para adultos mayores. La Fiscalía considera que Nicolás Petro ejerció influencia indebida sobre la entonces gobernadora del Atlántico, ordenadora del gasto, para asegurar la ejecución de ese proyecto.estaba destinado a la implementación de centros de vida móviles para adultos mayores. Foto:archivo particularDentro de los informes entregados por la Fundación se lee que habrían sido cerca de 380 adultos mayores los que fueron “favorecidos” con el proyecto. “Durante 10 semanas el asociado realizó en total 80 sesiones de tres horas cada uno, distribuidos de la siguiente manera: Caracolí 20, Sibarco 20, Algodonal 20 y Saco 20”.Este contrato tuvo la misma supervisora y la liquidación se hizo el 25 de julio de 2023. La fundación también tuvo contratos con la Alcaldía de Barranquilla.Redacción Política y Justicia.