Un reciente informe de Amnistía Internacional mide el impacto que ha tenido la intervención de la Justicia Penal Militar (JPM) a la hora de resolver casos en los que se vulneran los derechos humanos de la población colombiana.El reporte se llama ‘¿Insistir, persistir, resistir y nunca desistir?’, y parte del análisis que se hizo de procesos en los que miembros de las fuerzas armadas están inmersos por homicidios, lesiones personales y otros excesos cometidos en contextos como protestas. La principal conclusión es que, en varias ocasiones, el intento de que sean judicializados por ese sistema especial ha llevado a que no se esclarezcan los hechos.La organización documentó que, hasta abril de este año, la justicia para uniformados tenía abiertas 3.028 investigaciones por delitos contra la vida y libertad personal, que podrían constituir violaciones a los derechos humanos. El reparo está en que algunos de esos expedientes también han sido abiertos por la Fiscalía General de la Nación en el sistema ordinario, lo que según el informe crea una “situación insostenible en la que dos órganos investigan al mismo tiempo delitos y personas con relación a los mismos hechos”.. Foto:EL TIEMPOEn los últimos cinco años, Amnistía Internacional alcanzó a analizar 398 expedientes que fueron dirimidos por la Corte Constitucional. De ellos, 183 eran por presuntos homicidios, 45 por lesiones personales y 39 por abusos de autoridad. El tribunal solo se pronunció en 147 casos, remitiendo 131 a la Fiscalía General y 16 a la Justicia Penal Militar.El estudio llevó a tres conclusiones que aparecen en el informe. La primera es que, si bien ya hay parámetros fijados –de subjetividad y funcionalidad–, se sigue discutiendo la competencia de la justicia militar en violaciones de derechos humanos. Asimismo, que el debate de si un caso debe ir a ese sistema lo han propiciado los mismos funcionarios judiciales, y que el tiempo que se toma el alto tribunal en resolver a cuál justicia le toca cada expediente “genera impactos negativos tanto en el proceso como en las víctimas”. Foto:CEETOtro análisis hecho por Amnistía Internacional destaca la celeridad que ha venido imprimiendo la Corte Constitucional para resolver conflictos de competencia. En 2021 se tomaban en promedio 10,6 meses, mientras que el año pasado se tomaron cerca de 3,4 meses. “Una mejoría que se confirmó es consistente con un esfuerzo de aprendizaje institucional e implementación de herramientas para acortar procesos y eliminar cuellos de botella”, dice el informe, en el que se añade que pese a ello, el 61,1 por ciento de los 398 casos recopilados no tuvieron una respuesta de fondo, pues se profirieron autos inhibitorios. “La consecuencia de una inhibición es que el conflicto entre la justicia penal ordinaria y la JPM termina sin una respuesta clara sobre a quién corresponde el conocimiento de la causa, sea porque nunca existió o porque el procedimiento para trabarlo no se siguió de manera adecuada”, concluyen al respecto.Audiencia en la Corte Constitucional. Foto:Juan Diego Torres/El TiempoSobre la salida a esta situación, Amnistía hizo un llamado a tomar medidas que garanticen los derechos de víctimas y procesados. Una de ellas es que se defina en el Congreso una ley que deje claro que los delitos que vulneran los derechos humanos no pueden ser investigados por la justicia militar, de acuerdo a lo ya establecido en la normativa.Otra recomendación es que se revise el juzgamiento que se hace a los miembros de la Policía desde el sistema especial: “El caso más evidente y preocupante es el de la Policía Nacional, cuyos integrantes son investigados y juzgados en la JPM a pesar de que la institución es un cuerpo armado civil, no militar”.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com