El debate sobre el reversazo del presidente Gustavo Petro a la prohibición de bombardear a las disidencias de las Farc (grupos que crecieron durante la política de ‘paz total’) se centró, además del fallecimiento de menores de edad reclutados que murieron en los operativos, en la demora en conocerse los resultados.Cuesta creer que el Gobierno no conociera los resultados de las necropsias de las personas muertas en combateLa Defensora del Pueblo, Iris Marín, indicó que con los bombardeos de Arauca y Calamar (Guaviare), que ocurrieron la semana pasada, “puedo entender que esa información no estuviera verificada aún por el Gobierno Nacional. Sin embargo, estamos conociendo información sobre el bombardeo del 1 de octubre en Guaviare y otro bombardeo el 24 de agosto en Amazonas. Cuesta creer que el Gobierno no conociera los resultados de las necropsias de las personas muertas en combate. Por tal razón, habría que preguntarles si conocían esa información y, de ser así, ¿por qué no la habían hecho pública?”.Bombardeo en el Guaviare- foto Mindefensa Foto:MindefensaTras los bombardeos, Medicina Legal informó que, desde el inicio de las operaciones militares del 24 de agosto de este año se ha identificado los cuerpos sin vida de 15 menores de edad.Ese día se registró en un enfrentamiento en la vereda Nueva York, zona rural de El Retorno, Guaviare, el Ejército Nacional reportó la muerte de alias Duma’ o ‘Chito’, principal cabecilla del autodenominado bloque móvil ‘Martín Villa’ de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.Esta operación militar, que se convirtió en el primer registro de menores muertos en las ofensivas recientes contra las disidencias, resultó en la recepción de ocho cuerpos por Medicina Legal (siete identificados y uno sin identificar). De los ocho cadáveres, tres eran menores de edad (dos niños y una niña), lo que elevó la controversia sobre el uso de bombardeos y la protección del DIH.Sobre este caso, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo “hay que aclarar que en agosto allá no se hicieron bombardeos. Era un grupo criminal que intentó asesinar a nuestros soldados producto de la acción ofensiva contra alias Dumar y al siguiente día hubo 34 militares secuestrados. Hablé con el director de Medicina Legal para hacer la aclaración de que no fue un bombardeo ”, dijo.Alias Dumar o Chito. Foto:Fuerzas MilitaresEl segundo operativo que está bajo la lupa ocurrió el 1° de octubre en Puerto Santander, Amazonas, en un bombardeo contra estructuras de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ que dejó cuatro personas capturadas y cuatro más “abatidas”, cuyos cuerpos fueron recibidos por Medicina Legal el 7 de octubre. Sin embargo, los reportes posteriores indicaron que los cuatro fallecidos eran menores de edad (tres hombres y una mujer).“Nosotros reportamos inmediatamente el resultado con las acciones que hicimos, el efecto que tuvieron y decir si eran combatientes ilegales o no. Medicina Legal nos confirmó hasta ahora (…). En ese momento no había hecho esa confirmación. Nosotros teníamos la presunción, pero Medicina Legal solamente nos entregó ese reporte hace dos días”, dijo el ministro Sánchez.En todo caso, los bombardeos, que le cambiaron la cara al conflicto armado en Colombia, terminan enredando al gobierno en su justificación por el fallecimiento de menores de edad durante estos operativos.“Hay un principio que se llama de distinción: o es combatiente o no es combatiente. Lo que dice claramente es que la amenaza la define la función que está cumpliendo la persona allí, independientemente de su edad. No es una operación contra menores, es contra combatientes ilegales. La pregunta que yo me hago es: ¿Qué crimen o qué delito estamos cometiendo nosotros como Estado? La discusión debería ser sobre los delitos y crímenes que cometen quienes reclutan menores, que es un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra. Aquí el Estado no cometió ningún delito”, dijo Sánchez.Por su lado, la Defensora del Pueblo puntualizó que “la Fiscalía General de la Nación y la justicia ordinaria tienen un rol fundamental en definir las responsabilidades en este caso. Existe un debate jurídico exigente, ya que es cierto que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece que los combatientes pueden ser objeto de ataques. Sin embargo, esto debe interpretarse bajo los principios de necesidad, precaución y el interés superior del niño y el adolescente”.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com