Mientras el gobierno Petro sigue buscando quién le reciba la ‘papa caliente’ en la que se ha convertido el Ministerio de Justicia, las cifras consolidadas del Sistema Penal Acusatorio durante el 2024 –recientemente publicadas por el juicioso observatorio de la Corporación Excelencia en la Justicia– dan cuenta del virtual colapso judicial hacia el que estamos avanzando.De las 27.305 sentencias proferidas el año pasado en juicios orales, el 56,6 % (15.454) correspondieron a absoluciones, derrotas para una Fiscalía General que, históricamente, apenas logra llevar ante los jueces una mínima parte de los delitos denunciados por los colombianos. La estadística muestra que estamos un poco mejor que en pandemia, cuando la Fiscalía llegó a perder 6 de cada 10 juicios. Pero la lectura amplia muestra que, desde el 2011, cuando las condenas se lograban en siete de cada 10 juicios, la tendencia de crecimiento de las absoluciones es sostenida. LEA TAMBIÉN Y se dirá, claro, que una absolución también es justicia, con toda la razón.Lo que no tiene justificación es que el órgano encargado de la investigación penal, que cuenta además con recursos billonarios, se equivoque tan frecuentemente en la valoración de las pruebas y lleve a juicio a personas inocentes, con todo lo que eso implica, o no sea capaz de construir casos sólidos que aseguren que quienes la hicieron realmente la paguen ante la justicia colombiana.Las cifras del 2024, y no serán muy diferentes las de este 2025 que ya termina, muestran que la Fiscalía logró evacuar 1.455.495 noticias criminales, que en esencia corresponden casi al 75 % de las denuncias e investigaciones de oficio que se inician cada año.El problema, ya sobrediagnosticado, es que el 82 % de ese casi millón y medio de casos evacuados corresponde a archivos: los procesos que se van a dormir por años, a la espera de que aparezca alguna prueba que permita poner en marcha nuestro flamante Sistema Penal Acusatorio. LEA TAMBIÉN Con sentencia (juicios y preacuerdos) apenas terminaron 53.906 casos (2,7 %), y hubo 39.454 preclusiones (casos cerrados a favor del indiciado tras las investigaciones respectivas); casi 29.000 conciliaciones y 7.918 principios de oportunidad. El de la ineficiencia de nuestra justicia es un problema creciente y no se ve ni en la discreta Fiscalía de Adriana Camargo ni en el Gobierno –más preocupado por tratar de desmentir las cifras de la ONU sobre narcocultivos y producción potencial de cocaína– señales de voluntad para empezar a enfrentarlo. Y una pregunta que debe hacerse es: ¿qué tienen para decir los candidatos? En medio de toda superficialidad en la que suele moverse la campaña política, ya va siendo hora de que los que aspiran a dirigir los destinos del país nos muestren propuestas de fondo para los muchos problemas que van a heredar en el 2026, entre ellos el endémico de la impunidad generalizada.JHON TORRESEditor de EL TIEMPOEn X: @JhonTorresET