Un nuevo capítulo se suma a la controversia judicial que rodea a la familia del ministro del Interior, Armando Benedetti, relacionada con un inmueble ubicado en el departamento del Atlántico.Un Juzgado de Extinción de Dominio de Bogotá rechazó una petición presentada por Adelina Guerrero Covo, esposa del alto funcionario, quien buscaba levantar las medidas cautelares que pesan sobre la propiedad.Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto:Prensa embajadaEl debate gira en torno a la legitimidad del embargo y secuestro de la denominada “mansión de Pradomar”, situada en una zona exclusiva de Puerto Colombia. Guerrero, quien figura como poseedora del bien, había solicitado la corrección de presuntas irregularidades y el archivo del proceso, pero el juez desestimó sus pretensiones el pasado 20 de noviembre de 2025.El origen de la disputa y la compra del inmuebleLa historia de esta propiedad se remonta al año 2020. Según las declaraciones del propio Benedetti, el bien fue adquirido por 3.600 millones de pesos. Sin embargo, en la escritura pública el valor registrado fue de 1.500 millones. Los fondos para esta transacción, de acuerdo con el ministro, provinieron de un préstamo facilitado por el empresario Euclides Torres, nombre que también ha sonado en relación con la financiación de eventos políticos en Barranquilla, entre estos el de la ‘P’ del actual presidente Gustavo Petro, en Montería.El vendedor del predio fue Luis Alberto Nicolella de Caro, antiguo directivo de Inassa. Posteriormente, tras una reconciliación de la pareja durante la época de la pandemia, la propiedad —que incluye tres predios con matrículas distintas y un terreno de 500 metros cuadrados frente al mar— fue transferida a nombre de Adelina Guerrero.Por qué se investiga la propiedadLas autoridades pusieron la lupa sobre estos activos en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Armando Benedetti. El proceso inició tras una compulsa de copias ordenada en 2021 por la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La justicia indaga un incremento patrimonial cercano a los 3.000 millones de pesos que, según la tesis de los investigadores, no estaría justificado por la actividad legislativa que desempeñaba Benedetti en ese momento.Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti. Foto:Archivo particularComo consecuencia, en octubre de 2021 la Fiscalía impuso medidas cautelares que incluían el embargo, el secuestro y la suspensión del poder dispositivo sobre los bienes.El vaivén jurídicoLa defensa de Guerrero ha intentado revertir estas medidas en varias ocasiones. En junio de 2023, el juzgado ya había negado una solicitud similar argumentando que ella no figuraba como propietaria, sino como poseedora, lo que cuestionaba su legitimidad para reclamar. No obstante, el Tribunal Superior de Bogotá falló a su favor el 1 de septiembre, reconociendo su derecho a defender sus intereses en el proceso.A pesar de ese reconocimiento del Tribunal, el juez volvió a negar la solicitud en su decisión más reciente. En la providencia se argumentó falta de rigor técnico en la petición: “El Despacho rechazará de plano el ruego allegado, por cuanto, como se dijo, no se trata de una solicitud de control, formulada con el rigor que le es propio a un petitum tal”.Aunque el embargo y secuestro fueron considerados “ilegales” por el Juzgado Tercero de Extinción de Dominio en una decisión previa de junio de 2023, se mantiene vigente la suspensión del poder dispositivo. Esto significa que, en la práctica, Guerrero no puede vender ni transferir la propiedad mientras avanza el proceso en el Juzgado Cuarto Penal Especializado.*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.Juan Manuel Galán habla de su candidatura Foto: