Las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), son la piedra angular del proceso que llevó a la Corte Suprema a ordenar la captura contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas. Sin embargo, presuntos “vicios” en el proceso podrían influir en el futuro de este escándalo de corrupción.Iván Name es reseñado en La Picota. Foto:CortesíaEL TIEMPO conoció salvamento parcial de voto de la magistrada Cristina Lombana que advierte sobre posibles vicios de ilegalidad en las pruebas que dieron origen a la decisión contra quienes fueron las dos más altas fichas del Capitolio en 2023.En la decisión, la togada se apartó de la mayoría al señalar que las declaraciones de López y Pinilla están “viciadas por su ilicitud” y “no cumplen con los requisitos legales para ser valoradas como prueba”.Según la providencia, los testimonios fueron obtenidos durante negociaciones inconclusas de principios de oportunidad, lo que a juicio de Lombana hace que no puedan ser usados en un proceso penal sin vulnerar el debido proceso.“El despacho instructor vulneró los derechos y las garantías fundamentales de los declarantes”, escribió Lombana. Y añadió que esta situación fue “promovida por el representante del Ministerio Público, ante la voluntad de aquellos de guardar silencio hasta tanto no se concretaran los principios de oportunidad solicitados por sus defensas”.Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:Jesús BlanquicetEn los reparos de la magistrada se rechaza que se les acuse de peculado por apropiación en favor de terceros, al señalar que “toda la prueba recaudada hasta el momento da cuenta de que el dinero presuntamente recibido era de origen privado, producto de un mutuo convenido entre Sneyder Pinilla y Pedro José Castro por $4.000 millones”. Es decir, este dinero habría salido de privados y no de la Unidad.Mientras Iván Name y Andrés Calle permanecen en la cárcel La Picota, en el patio conocido como el ‘Congresito’ —destinado a políticos y funcionarios condenados por corrupción—, el salvamento de voto queda como una herramienta en manos de sus abogados.Si bien lanza serios cuestionamientos sobre la legalidad de las pruebas, no tiene efecto inmediato sobre el proceso. La decisión mayoritaria de imponerles medida de aseguramiento sigue en firme.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.comLea más noticias de Justicia: