El aterrizaje de los capos de las grandes bandas criminales en la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro incluiría una gabela que desde ya enciende polémica: aquellos que ya hayan cumplido entre cinco y ocho años de prisión por los crímenes cometidos en el pasado podrían acceder a un beneficio de libertad condicional si cumplen con las exigencias que les imponga el Estado en un proceso de sometimiento judicial.EL TIEMPO conoció la esencia de la propuesta elaborada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y su equipo, que busca abrir puertas jurídicas para la entrega de beneficios que hoy no existen a los jefes de los grandes grupos criminales no considerados como políticos. En este momento, solo el Eln y las disidencias de alias Calarcá tienen ese estatus en la ‘paz total’.Lo que se está planteando es una reforma de la Ley de Justicia y Paz, que se creó en el 2005 para el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, para darles cabida a narcos purasangre que recibirían condenas máximas de entre cinco y ocho años, con la posibilidad de pagarlas en colonias agrícolas, casas étnicas o centros de ‘armonización’ por los delitos cometidos, sin importar su gravedad.El ‘tarimazo’ con capos en La Alpujarra en Medellín. Foto:Archivo ParticularEn el caso de capos que siguen mandando sobre sus estructuras a pesar de estar en prisión –como los de las organizaciones criminales que operan en el valle de Aburrá y que acompañaron al presidente Gustavo Petro en el polémico ‘tarimazo’ en La Alpujarra en junio pasado– se abriría la posibilidad de excarcelación si ya completan la pena mínima. Para acceder a la ‘zanahoria’ de la ‘paz total’, se impondrían condiciones como la entrega de armas y bienes ilegales, la liberación de los menores reclutados y secuestrados, el fin de cualquier actividad ilegal, la participación en proyectos de ‘transformación territorial’ y una certificación de buena conducta y compromiso expedida por la oficina del Alto Comisionado para la Paz.Lo que se está planteando, aunque formalmente se habla de un sometimiento judicial, es la entrega de penas alternativas (usualmente utilizadas en procesos de negociación con grupos políticos) para los responsables de delitos de alto impacto, a cambio del fin de sus actividades ilícitas. Pesos pesados del crimen como ‘Chiquito Malo’, máximo jefe del ‘clan del Golfo’, podrían terminar con una condena de ocho años, pagada en un sitio de condiciones mínimas de seguridad, a pesar de ser uno de los principales jefes del narcotráfico colombiano y responsable de centenares de muertes.Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Foto:Ministerio de JusticiaEl objeto de la iniciativa es “facilitar la reincorporación, promover la justicia restaurativa y contribuir al desmantelamiento de estructuras armadas en el marco de diálogos o acuerdos con el Gobierno Nacional”, según los documentos conocidos por este diario.Mañana, a instancias del Ministerio de Justicia, las cabezas de la Rama Judicial fueron convocadas para que sienten una posición frente a la iniciativa, que será llevada al Congreso después del 20 de julio y para la que se anticipa un difícil camino no solo en Colombia, sino en los Estados Unidos. Esto porque en esencia la propuesta va dirigida a delincuentes que son considerados por la justicia federal como grandes cabezas del narcotráfico. Habría un marco de tiempo para la entrega de beneficios para hechos ocurridos antes del 31 de diciembre del 2026 –es decir, incluso después del fin del actual Gobierno– y se incluiría un artículo que expresamente prohibiría las extradiciones “para proteger los derechos de las víctimas”.Gustavo Petro, presidente de la República. Foto:EFEEn materia de bienes, se plantea que un 15 por ciento de lo que entreguen los victimarios iría al sostenimiento de proyectos colectivos de los exintegrantes de estas organizaciones, mientras que un 65 por ciento iría a la reparación de víctimas y el 20 por ciento adicional a proyectos sociales del Estado a través del Frisco.El gobierno del presidente Gustavo Petro pretende aprovechar este proyecto para lanzarles también un salvavidas a los que traicionaron otros procesos de paz y, por lo tanto, habían perdido cualquier posibilidad diferente a la de pagar las penas reales, que pasan de 40 años por la gravedad de sus crímenes. Así, en el universo de posibles aspirantes a estos beneficios aparecen quienes se lleguen a desmovilizar en el futuro, “reincidentes o excluidos anteriormente que muestren voluntad de paz”, terceros civiles que hayan apoyado estas bandas armadas y agentes del Estado, diferentes a miembros de la Fuerza Pública, que hubieran cometido delitos en el marco del conflicto.Miembros de la mesa de paz hicieron presencia en La Alpujarra. Foto:Jaiver Nieto ÁlvarezGuiño a ‘Márquez’La ‘Segunda Marquetalia’ de alias Iván Márquez, que fue la primera disidencia de las Farc y cuyos jefes encontraron refugio hace ya más de seis años en la Venezuela de Nicolás Maduro, aparece como una posible beneficiaria directa de la iniciativa, en el aparentemente remoto escenario de que el Congreso le diera luz verde jurídica a este nuevo capítulo de la ‘paz total’. Esos reincidentes podrían recibir condenas de entre cinco y ocho años, pero, de nuevo, en sitios de reclusión como granjas o centros de baja seguridad.La aplicación de justicia para este nuevo universo de victimarios estaría en cabeza de la jurisdicción de Justicia y Paz, que sería reforzada y que tendría un máximo de cinco años para completar su tarea frente a los nuevos casos y los que siguen abiertos en contra de los antiguos jefes paramilitares y centenares de los miembros de sus bandas armadas.La iniciativa ha sido objeto de intensas discusiones desde la llegada de Eduardo Montealegre al gabinete y después de que el presidente Gustavo Petro desechó el proyecto de sometimiento de bandas que le había presentado la exministra Ángela María Buitrago.El primer mandatario consideró que la propuesta de Buitrago era demasiado dura con esas estructuras criminales a las que pretende sentar en la mesa de la ‘paz total’.Presidente Gustavo Petro y Eduardo Montealegre, ministro de Justicia. Foto:Archivo particularPara los delincuentes de la base –es decir, no los máximos jefes– se están planteando penas de dos a cinco años, con la posibilidad del beneficio de libertad a prueba y con la obligación de participar en procesos de ‘resocialización activa, cooperación con la justicia y reparación a las víctimas’.Redacción Justicia – @JusticiaET – justicia@eltiempo.com