La noche del 23 de agosto, en la vereda Molinillo del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, una celebración terminó en tragedia cuando un hombre abrió fuego contra los asistentes. En el ataque murieron Ana Cristina Martínez Novoa y Mateo Garcés Salcedo, mientras que Danilo Pérez, herido al intentar proteger a su pareja, falleció días después en un centro asistencial. Este hecho se convirtió en la masacre que cerró agosto, el mes más violento del año, con 14 de estos casos registrados.Muchas de estas masacres se han trasladado de zonas rurales a centros poblados. Lo que se traduce, según expertos, en una falta de control efectivo por parte del Estado; eso se evidencia en el recrudecimiento y control de los actores armados, catapultados por las economías ilícitas. De hecho, para Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte experto en el conflicto armado en el país, la situación refleja “parte de la improvisación de la ‘paz total’ en torno a las mesas de diálogo y negociación”.La semana pasada, en Dibulla, La Guajira, otra fiesta terminó en horror cuando seis sicarios armados irrumpieron y dispararon de forma indiscriminada, dejando cuatro muertos y tres heridos. Los atacantes, que se movilizaban en una camioneta, huyeron por la troncal del Caribe.En la red social X circula un impactante video posterior al ataque. Foto:Captura tomada de redes sociales.El asesinato de estas personas se convirtió en la masacre número 54 perpetrada por actores violentos en lo que va del año. En comparación con el mismo periodo de 2024 –cuando se habían registrado 45 masacres de un total de 76–, representa un aumento del 20 por ciento, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).La investigadora Juana Cabezas advirtió que más de la mitad de las masacres ahora ocurren en espacios urbanos. “Donde más se cometen es en zonas urbanizadas de los departamentos, principalmente por el control del microtráfico”, explicó.Las zonas más críticasEl Valle del Cauca se mantiene como el departamento más afectado por la violencia colectiva en lo corrido de 2025, con 13 masacres y un saldo de 43 víctimas fatales. Recientemente, las disidencias de las Farc activaron un camión bomba a las afueras de la base aérea Marco Fidel Suárez, reviviendo un capítulo que se creía superado desde los años 90.Le sigue Antioquia, con nueve masacres y 31 personas asesinadas. Uno de esos hechos violentos ocurrió el sábado, cuando cuatro personas fueron ejecutadas en el municipio de La Unión. Tres cuerpos fueron hallados dentro de una vivienda y el cuarto en el exterior, todos con heridas de bala.El tercer departamento más golpeado ha sido Norte de Santander, con siete masacres y 20 víctimas. El 1.º de agosto, tres personas fueron asesinadas y otras seis resultaron heridas, a plena luz del día, en el parque Lineal de Cúcuta. Según testigos, un grupo de sujetos en situación de calle estaba consumiendo sustancias psicoactivas cuando una motocicleta se acercó y el parrillero disparó repetidamente contra los presentes.El Cauca ha registrado cuatro masacres con 13 víctimas, mientras que Nariño suma tres masacres y diez muertos. La Guajira acumula tres masacres y nueve víctimas.Atentado terrorista frente a la Base Aérea de Cali. Foto:Sin embargo, los datos siguen siendo dispares. El más reciente informe del Ministerio de Defensa –con datos de enero a julio– reporta 46 masacres, una cifra similar a la del mismo periodo de 2024, cuando fueron 45. En cuanto a las víctimas, se reportaron 156, solo dos menos que las registradas el año pasado en el mismo lapso.Otro hecho que conmocionó al país ocurrió en abril, cuando autoridades hallaron una fosa común en zona rural de Calamar, Guaviare, con los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos, la mayoría provenientes de Arauca. Estas personas desaparecieron tras ser citadas por las disidencias de ‘Mordisco’, acusadas de tener presuntos vínculos con el Eln.El aumento de las masacres en Colombia durante este año también refleja una combinación compleja de factores, advierte Leonardo González, director de Indepaz. La falta de presencia efectiva del Estado en diversas regiones ha facilitado el fortalecimiento de actores armados ilegales que se financian mediante el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.“La causa principal es la falta de control efectivo del Estado sobre territorios estratégicos, lo que ha permitido que grupos armados ilegales –financiados por economías criminales– se expandan y rivalicen mediante violencia”, dijo.Para Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, “este tipo de asesinatos selectivos son mensajes de esas líneas divisorias del control no solo del microtráfico, sino de todas las rentas criminales, para que las personas no hablen, para ejercer ese miedo y marcar esas líneas divisorias y territorios frente a otros grupos”.A menos de un año de las elecciones presidenciales y legislativas, la política de ‘paz total’ muestra un balance incierto. De las siete mesas de diálogo anunciadas por el Gobierno, varias no lograron avanzar, y la promesa de desmantelar estructuras armadas y reducir la violencia permanece sin resultados claros. Al contrario, grupos como el ‘clan del Golfo’ se han fortalecido, ejerciendo un control significativo sobre vastos territorios y afectando a comunidades.Control por el microtráfico, el principal motor de los violentos en las 54 masacres de este año Foto:CEETY según Eduardo Pizarro Leongómez, en los últimos años se ha presentado “un grave debilitamiento de las Fuerzas Militares”, que ha permitido la consolidación de “gobernanzas criminales” en regiones estratégicas, especialmente en las fronteras marítimas y terrestres.A su turno, Andrés Preciado, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, dice que “el cambio de la dinámica del conflicto ha llevado a que los grupos se enfrenten menos al Estado y más entre ellos mismos”.Si bien las disputas por rutas del narcotráfico persisten, las masacres recientes no estarían vinculadas a confrontaciones directas entre grupos armados, sino a economías criminales y rentas ilegales que buscan imponer ahora los violentos con más fuerza en las ciudades.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com