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El representante David Racero enfrenta una investigación formal en la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de concusión. El congresista habría utilizado a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo en su negocio personal y los habría obligado a realizar pagos con parte de su salario. Por estos hechos, el magistrado instructor José Fernando Reyes ordenó la práctica de pruebas.La Corte cuenta con una serie de chats que evidencian el uso de funcionarios de la UTL en tareas ajenas a sus funciones, destinadas a servir intereses personales del congresista. De acuerdo con las pruebas, eran empleados para labores en un fruver de la familia, ubicado en el barrio Modelia. David Racero, representante a la Cámara del partido Pacto Histórico. Foto:Prensa Cámara de Representantes”Eh, Leonardo! No le entregue, porfa la plata a don Nelson. Yo ya le entregue una que tenía aquí en el carro. Entregue 1 millón para la compra de mañana. Porque la idea no es comprar mañana mucho, porque mañana el mercado no es que sea diez básico, Entonces digamos como que él va a estructurar para comprar, eh? Sí, lo que haya que como de es más bien esto cuando usted llegue y hacen la lista entre los dos. Yo que eso, Nelson es como lo básico para mañana y por eso 1 millón por mucho, porque el martes se va a volver a ir. Y hoy si el martes que llega mejor mercado y más barato, ahí sí haríamos una compra de 2 millones de pesos por ahí para el martes”, se escucha en una nota de voz enviada por Racero a su conductor a través de WhatsApp.De hallarse culpable, Racero se enfrenta, según el Código Penal, a penas de cárcel entre 8 a 15 años.El proceso ante el Consejo de EstadoEn paralelo, el Consejo de Estado adelanta un proceso de pérdida de investidura por estos hechos. El miércoles 20 de agosto se realizó la audiencia para definir si continuaba o no en su curul mientras se toma una decisión de fondo, y se resolvió mantenerlo en el cargo.El pasado 6 de agosto el despacho del magistrado Freddy Ibarra Martínez citó a declarar a Jhon Leonardo García Lara, conductor de Racero, quien, según unos audios filtrados, recibía órdenes sobre tareas ajenas a su función y relacionadas con el fruver La Cosecha del Campo, ubicado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.Consejo de Estado. Foto:Jesús BlanquicetLa Corte también requirió a los operadores de telefonía celular Claro, Movistar, Tigo, ETB y Virgin que, en un plazo de tres días contados a partir de la recepción del oficio, remitan los registros de las celdas de llamadas entre el congresista y Jhon Leonardo García entre 2020 y 2022, con el fin de esclarecer la naturaleza de la relación laboral entre el conductor y el representante.Las pruebas solicitadasEl despacho del consejero Ibarra descartó como prueba los mensajes y llamadas de WhatsApp, al considerar que la aplicación utiliza un “cifrado de extremo a extremo que impide que los operadores accedan a las comunicaciones”, razón por la cual el requerimiento “es abiertamente improcedente”.También solicitó a la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) y al Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación(CTI) un informe técnico elaborado por peritos informáticos para establecer la veracidad de los chats filtrados en medios de comunicación. En estas conversaciones el representante le ordenaba a su subalterno hacer las compras del surtido y diligencias relacionadas con el pago a proveedores.A la Cámara de Representantes, el Consejo de Estado le pidió remitir, en un plazo de tres días, las certificaciones de cumplimiento de funciones firmadas y las constancias de pago de salarios de Jhon Leonardo García Lara, así como los actos administrativos mediante los cuales el representante David Racero avaló dicho cumplimiento durante los años 2020 y 2022.Fallo de tutela ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia