El nombre de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, está bajo los reflectores, luego de unas supuestas contradicciones en la tramitación del principio de oportunidad solicitado por Sandra Ortiz, exconsejera presidencial y testigo clave en el millonario desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro.El pasado 13 de mayo, Camargo envió un documento de siete páginas en el que afirmaba que “los fiscales cuentan con independencia y autonomía para el desarrollo de su función y para adoptar decisiones en la investigación a su cargo” e indicó que el trámite del principio de oportunidad había sido delegado a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.Sin embargo, un día después, el 14 de mayo, según reveló la revista Semana, los fiscales María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval advirtieron por escrito que la autorización para el principio de oportunidad solicitado por Ortiz “está pendiente de autorización por parte de la señora fiscal general de la nación”.Edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación. Foto:Foto: Jesús BlanquicetSandra Ortiz, considerada pieza clave para destapar los vínculos de la UNGRD con altos funcionarios del Gobierno, entregó el pasado 18 de marzo una matriz de colaboración en la que se comprometió a revelar detalles de las responsabilidades de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre; Vladimir Fernández, exsecretario jurídico del Gobierno y actual magistrado de la Corte Constitucional; e Iván Name, expresidente del Senado.No obstante, a pesar del interés inicial de los fiscales en la información suministrada por Ortiz, la colaboración quedó en suspenso.Fuentes allegadas al proceso indicaron que Ortiz no ha sido clara en sus intervenciones ante los fiscales, y que la información que tiene ha perdido interés en los investigadores porque otros implicados en el escándalo, ya la han ofrecido.Sandra Ortiz a su arribo en los juzgados de Paloquemao. Foto MAURICIO MORENO CEET EL TIEMPO Foto:Mauricio MorenoAnte este escenario, la Red de Veedurías Ciudadanas, representada por Pablo Bustos, solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia que certifique bajo juramento si fue Camargo quien negó la aprobación del principio de oportunidad para Sandra Ortiz. Bustos alega que posee evidencias de que la negativa fue directamente de la fiscal general, pese a que ella afirmó no tener participación.En razón de ello, la defensa de Ortiz y la Red de Veedurías insisten en que la fiscal Camargo debería declararse impedida para conocer este proceso, especialmente dado que Fernández habría influido en su nombramiento como jefa del ente investigador.Ahora bien, en esta polémica hay que recordar que en diciembre de 2024, la fiscal Camargo firmó un documento que fijó la hoja de ruta interna en la Fiscalía General, a la hora de hablar de algún tipo de negociación entre un fiscal y una persona procesada por cometer algún delito.Ese tipo de beneficios deben pasar por la revisión del despacho de la fiscal general, sin embargo desde hace meses Camargo había anticipado que en aras de descentralizar labores, en algunas ocasiones los principios no iba a tener que firmarlos ella, sino cada investigador.Además, se dejó claro que la Fiscal puede entrar a revisar los beneficios en los casos que sean considerados de importancia nacional.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: