El 7 de noviembre de 2024, la vida de Marlen Mozo, una joven de 26 años, terminó de forma abrupta mientras trabajaba en un punto de la empresa SuperGiros en Bosconia, Cesar.Un sicario se acercó a su puesto y, sin mediar palabra, le disparó a quemarropa. La mujer cayó sin vida frente a clientes que aguardaban en fila. El hecho generó conmoción en todo el país: Marlen representaba a miles de trabajadores que, con miedo, sostienen negocios asfixiados por la extorsión.Días después, en un operativo de la Policía, el presunto asesino, Rubén Darío Ceballos Contreras, fue abatido. Pero ni su muerte ni la indignación nacional detuvieron el drama: las amenazas contra SuperGiros continuaron, y con ellas, el cierre masivo de puntos de atención en la Costa Caribe.Extorsión. Foto:EL TIEMPOLa zozobra en la Costa CaribeEl caso de Marlen no fue un hecho aislado. El 22 de noviembre, en Luruaco, Atlántico, otra empleada de SuperGiros, Merly Salas Rodríguez, de 32 años, fue atacada a tiros en plena tarde. Sobrevivió gracias a la rápida reacción de vecinos que la trasladaron al hospital.Los testigos relataron que los agresores huyeron en una motocicleta. A pesar de las investigaciones, el mensaje de los violentos quedó claro: nadie está a salvo si no paga la cuota exigida.El miedo se disparó entre los trabajadores de la empresa, que en pocos meses tuvieron que cerrar más de 3.000 puntos de atención en la región Caribe. Para una firma clave en el pago de subsidios como Colombia Mayor, el impacto es devastador: miles de adultos mayores se quedaron sin un lugar seguro para recibir su ayuda económica.Según cifras de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), más de 250 tiendas en el Atlántico han cerrado por extorsión en los últimos años. “El temor es tan grande que muchos prefieren vender el negocio o abandonarlo antes que enfrentarse a las mafias”, dice un representante del gremio.En municipios como Soledad y Malambo, los tenderos han optado por trabajar a puerta cerrada, sin avisos ni letreros, para pasar inadvertidos. Una práctica que convierte a barrios enteros en calles apagadas y silenciosas.Extorsión. Foto:Archivo Particular.Medellín, el segundo focoEn paralelo, la capital antioqueña enfrenta otra cara del mismo flagelo. Tras siete meses de investigaciones, la Fiscalía y la Policía capturaron en 2025 a diez integrantes de The Guetto, una organización que delinquía en discotecas del Parque Lleras.El modus operandi era sofisticado y cruel. Atraían a extranjeros con mujeres, licores costosos y promesas de diversión. Luego, al momento de pagar, alteraban las facturas para inflar las cuentas hasta cifras millonarias.Quien se negaba a pagar era retenido por la fuerza en bodegas o baños. Golpes, intimidaciones y amenazas eran parte del castigo. En algunos casos, obligaban a las víctimas a transferir dinero directamente desde sus cuentas bancarias para recuperar la libertad.Dos ciudadanos panameños y un estadounidense denunciaron haber sido retenidos y despojados de sus recursos. Uno de ellos terminó pagando 485 dólares bajo amenazas de muerte. “Era pagar o no salir con vida”, contó uno de los afectados a las autoridades.El fenómeno no se limita a bares o discotecas. En Medellín también se registró el caso de un residente de El Poblado que fue víctima de una modalidad conocida como sextorsión.Una mujer lo contactó con fotos y videos íntimos y le exigió dinero a cambio de no publicarlos en redes. El hombre entregó más de 1,5 millones de pesos antes de denunciar. En un operativo encubierto, el Gaula logró capturar a la mujer cuando recibía 400.000 pesos de la víctima.Aunque este caso tuvo final judicial, la mayoría de víctimas no denuncia por miedo o vergüenza. Las autoridades calculan que hasta un 30 % de las extorsiones nunca llega a registrarse.En octubre y diciembre de 2024, las disidencias de las Farc perpetraron atentados con explosivos contra sucursales bancarias en Gigante y Algeciras, Huila.Los panfletos dejados en la zona confirmaban lo que los comerciantes ya sabían: los ataques eran represalias por no pagar extorsiones. “Aquí no se salva nadie: bancos, caficultores, estaciones de servicio, supermercados, todo el que produzca está en la mira”, relató un empresario de la región.La violencia urbana y rural demuestra que la extorsión no es solo un negocio criminal: es un instrumento de control social y territorial.Extorsión. Foto:CEETCifras siguen preocupandoLas estadísticas del Ministerio de Defensa confirman lo que las historias cuentan: la extorsión en Colombia está en su peor momento en casi tres décadas.Entre 2019 y 2021 se reportaron 16.704 casos. Pero entre 2022 y 2024 la cifra se disparó a 41.414. Un incremento de casi el triple.Solo en 2024, los registros llegaron a 13.802 casos, la cifra más alta desde que existen registros. Para 2025, con corte a julio, ya se cuentan 8.400 denuncias, una tendencia que mantiene el delito en niveles críticos.Bogotá lidera el listado con 1.167 casos en lo corrido del año, seguida de Barranquilla (484), Medellín (418) y Soledad (202), que incluso supera a Cali y Cartagena.En el Atlántico, los comerciantes alertan que cada cierre de negocio representa no solo pérdidas económicas, sino la confirmación de que las mafias siguen ganando terreno.Para Iván Carvajal, analista en Seguridad e Inteligencia Estratégica, la extorsión tiene un doble papel: no solo financia, sino que sirve de herramienta de control social.“Las disidencias de las Farc, el ‘clan del Golfo’ o la Segunda Marquetalia usan la extorsión como un mecanismo de presión para fortalecer su dominio territorial. No es la fuente principal de dinero —esa sigue siendo la cocaína, el oro ilegal o la marihuana—, pero sí es el instrumento que siembra miedo y asegura obediencia en las comunidades”, explica.El experto alerta que el 53 por ciento de las extorsiones provienen de cárceles. “Eso muestra una ineficiencia absoluta del Inpec. No hay control, y lo que ocurre es que se profesionaliza el criminal en la prisión, con capacidad de cumplir amenazas incluso desde adentro”, advierte.Carvajal agrega que la extorsión se manifiesta en tres escenarios: las mafias que imponen control territorial, las redes carcelarias que operan con la complicidad o amenaza de guardias, y las bandas urbanas que cobran por “protección” a pequeños negocios.“El drama humano es enorme. Desde guardias asesinados por no colaborar hasta comerciantes que, si se niegan a pagar, ven sus locales destruidos por granadas a la madrugada”, resume.Operativos contra la extorsión. Foto:Vanexa Romero. Autor: VANEXA ROMEROLa historia detrás del dolorUna tendera de Malambo contó a EL TIEMPO que, tras negarse a pagar, recibió la llamada de un desconocido que le describió con detalle a qué hora salían sus hijos del colegio. Decidió cerrar su negocio y mudarse a otro barrio.En Soacha, un joven transportador que intentó denunciar al grupo que lo amenazaba fue atacado semanas después: le incendiaron la camioneta con la que trabajaba. Hoy se encuentra endeudado, sin ingresos y bajo protección de testigos.Las víctimas hablan poco, pero todas coinciden en una frase: “es pagar o morir”.El propio presidente Gustavo Petro reconoció en 2024, que su Gobierno no ha logrado reducir las extorsiones. “Al golpear el negocio de la cocaína, los grupos buscan compensar con la extorsión a vecinos y comerciantes, y allí hemos fallado en contenerlos”, admitió.El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también alzó la voz. “Estamos mamados de la extorsión. Barranquilla no puede sola. Necesitamos que el Estado, en todas sus instancias, ponga su fuerza y voluntad para que nuestra gente viva tranquila”, reclamó.Las cifras parecen darle la razón: solo en esa ciudad los casos pasaron de 415 en 2022 a 885 en 2024. Y este año, con corte a julio, ya van 484.Comerciantes guiados por el Gaula Foto:Policía Bucaramanga.La impunidad y el miedoA la escalada del delito, se suma la falta de resultados judiciales. Según la Fiscalía, en 2010 el 19 por ciento de las denuncias de extorsión llegaban a condena. En 2024, apenas el 1 por ciento.Eso significa que hoy, el 94 por ciento de los casos se quedan en indagación preliminar. En la práctica, casi ninguna denuncia se traduce en castigo.La sensación de impunidad, coinciden los expertos, es el combustible que mantiene vivo el negocio. “Si la gente paga y la justicia no actúa, la extorsión seguirá siendo el motor de las mafias”, concluye Carvajal.Un fenómeno que cambiaLa extorsión también se ha sofisticado. Ya no son solo llamadas anónimas o visitas de hombres armados. Ahora hay cobros virtuales, mensajes de WhatsApp con logos falsos de bandas criminales y transferencias bancarias controladas por mulas financieras.En algunos casos, incluso, se han detectado plataformas digitales clandestinas en las que se subastan listas de comerciantes con capacidad de pago, como si se tratara de un mercado negro del miedo.Miembros de la Policía Nacional en mega operativo en 11 cárceles del país. Foto:Policía NacionalLas mujeres víctimasUn aspecto que preocupa a las autoridades es el aumento de mujeres víctimas directas. Cajeras, tenderas, empleadas de giros y microempresarias están entre las más golpeadas.El 38 por ciento de los casos denunciados en 2024 involucran a mujeres, muchas de ellas jóvenes que se convierten en blanco por estar en negocios de cara al público.El asesinato de Marlen Mozo se convirtió en un símbolo de esa violencia silenciosa contra trabajadoras que enfrentan solas a los criminales.De Bosconia a Medellín, de Algeciras a Barranquilla, las historias son distintas pero la conclusión es la misma: la extorsión se volvió la gasolina que alimenta a todas las mafias en Colombia.Y mientras comerciantes, trabajadores y ciudadanos siguen pagando con miedo, las organizaciones criminales fortalecen su control.El reto para el Estado es enorme: cortar el flujo de dinero, proteger a las víctimas y desmontar un sistema que, hoy por hoy, aterroriza tanto a las ciudades como al campo.Redacción Justicia