En el marco de la operación Namib, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, los agentes han desarticulado una red delictiva dedicada al tráfico y tenencia ilegal de especies protegidas. En total hay cinco personas arrestadas y otras 18 investigadas, vinculadas al comercio y a la posesión ilícita de animales de fauna silvestre. Todos formaban parte de una organización criminal que operaba a nivel nacional e internacional, ya que varias de las especies procedían de Portugal.Esta red se dedicaba al transporte, la comercialización y la tenencia ilegal de animales incluidos en los Apéndices I y II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, cuya compra y venta está estrictamente prohibida o fuertemente regulada. Durante algo más de un año que ha durado la operación, los investigadores han contado con el apoyo técnico del personal dependiente de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, autoridad administrativa y órgano de gestión principal del convenio sobre el comercio de especies protegidas.Las actuaciones se han extendido por varias provincias del territorio nacional, entre ellas Madrid, Málaga, Lugo, Ciudad Real, Almería y Badajoz, además de la propia provincia de Cáceres, donde se han concentrado los principales esfuerzos operativos. Durante las inspecciones practicadas en múltiples establecimientos de venta de especies exóticas, almacenes e incluso domicilios particulares, los agentes han inmovilizado en torno a una treintena de ejemplares de fauna protegida, en su mayoría aves exóticas de la familia de los psitácidos-guacamayos, loros yacos africanos de cola roja, cotorras del sol, amazonas aestivas, también reptiles, como tortugas de espolones africanos y tortugas leopardo, así como otras especies invasoras, entre las que destaca una suricata, un mamífero carnívoro originario del extremo sur de África.Una tortuga que pertenecía a la red de tráfico de animales desmantelada.Guardia CivilPenas de entre seis meses y dos años Los detenidos pueden enfrentarse a penas de prisión de entre seis meses y dos años por delitos contra el medio ambiente y la protección de la flora y la fauna, además de a multas económicas importantes y, en todo caso, a la inhabilitación especial para actividades relacionadas con la tenencia o comercio de animales. La gravedad de este tipo de delitos radica en que no solo atentan contra la biodiversidad y el equilibrio ecológico, sino que también contribuyen al deterioro de ecosistemas frágiles y a la extinción de especies de alto valor ecológico, científico y cultural. La Guardia Civil hace un llamamiento a la ciudadanía para que colabore denunciando cualquier actividad sospechosa a través del teléfono 062 o del correo seprona@guardiacivil.org, recordando que la conservación del medio natural es una responsabilidad compartida de todos los ciudadanos.

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