Plagiar una tesis, un trabajo fin de máster o un libro está perseguido por la ley en España. Los infractores ven anulados total o parcialmente sus títulos u obras y en ocasiones tienen que compensar con cientos de euros a los afectados, pero estos siempre se quedan con una sensación más agria que dulce. El Instituto Autor, creado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en 2005, ha analizado 11 casos comprendidos entre 2000 y 2024 que han transcendido y llegado al Tribunal Supremo o a audiencias provinciales, pero hay otros solventados con dictámenes de consejos consultivos autonómicos, juzgados mercantiles o por la propia publicación. En 2019, por ejemplo, la editorial Elsevier retiró un estudio de Juan Corchado, hoy rector de Salamanca, y tres colaboradores por plagiar un trabajo de fin de máster.Los casos recogidos en este reportaje responden al mismo patrón: las copias académicas se han descubierto por internet, los culpables no han pedido perdón salvo en un caso, los miembros del tribunal no aplicaron herramientas de detección de plagios ―cuando deberían―, sus universidades no se han implicado en el proceso legal pese a copiarse una obra de su repositorio o las universidades infractoras no han informado de todos los trámites a los agraviados, que pierden dinero pagando abogados aunque venzan en los tribunales. Una suma de despropósitos que lleva a los damnificados a sentirse indefensos.Ana Torrecilla: “¿Por qué el plagio prescribe?”Ana Torrecilla, con su tesis doctoral en el estudio de su casa en Megeces, Valladolid.Emilio FraileEn 2012 el Tribunal Supremo determinó que existe propiedad intelectual en un texto “por la forma literaria o artística de su expresión” y no por “los descubrimientos, contenido y esfuerzo de su autor”; y en base a este juicio, fallan los tribunales. Ana Torrecilla, profesora de Historia en un castillo-instituto en Cuéllar (Segovia), encontró en 2021 el plagio de su tesis doctoral en una plataforma de intercambio de apuntes y resúmenes. No contento con fusilar Los macella en la Hispania Romana: estudio arquitéctónico, funcional y simbólico (Universidad Autónoma de Madrid, 2007), el alumno ―inconsciente del delito intelectual― subió su trabajo fin de máster (TFM) a Studocu.com. “Yo sigo mirando lo que va saliendo de bibliografía para estar al día”, cuenta la plagiada. “Todo, todo, todo está copiado. Ese chico no ha movido el trasero del ordenador, cuando yo me he recorrido media España, he hecho las fotos, los gráficos son míos, los dibujos de plantas [de edificios] son míos… A veces cambió una palabra y transformó el sentido de lo que yo decía”.Torrecilla habló con Studocu.com, que retiró el TFM, y escribió al tutor del trabajo, que se excusó. La primera versión, le relató el profesor de la Universidad de Valencia, estaba llena de errores y la de segunda convocatoria se corrigió a toda prisa a pocos días de la defensa. “Lo que no entiendo es por qué no pasaron la herramienta antiplagio”, reflexiona la arqueóloga. El tutor se comprometió a dar parte a la dirección del máster y al rectorado, “pero transcurrieron dos años y no pasaba nada. Pensé: me están tomando el pelo”. Habló entonces con un abogado de Valladolid que le explicó que no podía denunciar por daño económico, pero sí por daños morales. En el rectorado le informaron de que en diciembre de 2023 una comisión de la UV iba a fallar sobre el caso, pero no ha logrado saber más.Con estos mimbres, en enero de 2024 Torrecilla decidió ir a juicio. “Primero tuve que contratar a un detective privado para saber dónde vivía el chico y poder ponerle la denuncia. Luego tener un procurador en Valencia, hacer fotocopias de mi tesis…”, relata. El defraudador reconoció el plagio y el abogado le recomendó que llegase a un pacto. “Me iba a costar que el abogado fuese a Valencia, lo mismo se declaraba insolvente…”. Así que aceptó 2.000 euros, cuando ha invertido en el juicio 2.139 euros. “He puesto 139 euros de mi bolsillo. En este país plagiar sale muy barato”.Torrecilla se pregunta: “si los derechos de autor caducan 70 años después de su muerte, ¿por qué el plagio prescribe a los cuatro años?”. El juzgado de lo mercantil en el que presentó la demanda acaba de fallar que se anule el título de máster, al igual que se pronunció en el mismo sentido en septiembre el Consell Jurídic Consultiu valenciano. De este trámite se ha enterado por este diario.Inma Ponsatí: una doble victoria amargaImma Ponsatí, exprofesora del conservatorio de música de Girona a la que copiaron la tesis, en una foto de archivo.David BorratLa ley de propiedad intelectual protege de los derechos morales desde dos perspectivas: la acción de cesación (anulando el texto e impidiendo que se vuelva a plagiar) y la acción de indemnización de daños y perjuicios. Inma Ponsatí, ahora profesora jubilada del Conservatorio de Música de Girona, logró esa doble victoria. Defendió en 2011 su tesis sobre educación musical en la Autónoma de Barcelona por puro placer, no pensando en una carrera académica. Siete años más tarde se quedó atónita al colgar un investigador un artículo de una doctora por la Universidad de Valladolid (UVA) que copiaba palabra por palabra su tesis. Descubrió entonces que la había calcado 104 fragmentos de su trabajo en su propia tesis y más párrafos en otras 10 artículos posteriores.Ponsatí denunció en un tribunal de Girona tras no llegar a un acuerdo extrajudicial, pues la infractora negó el plagio. No quería que el caso quedase impune, pero no podía pedir la anulación de la tesis entera, porque no era suficiente copia. En 2023 la Audiencia Provincial de Girona le dio la razón por segunda y última vez y la condenó a corregir esos párrafos ―algunos, por su gran extensión, los suprimió― y a pagarle 2.694 euros por daños económicos y otros 3.000 por morales. Tres de sus artículos fueron retractados sin dejar rastro con una notificación en la revista y en otros siete aparece una nota. En el repositorio de la UVA está colgada la tesis con una nota de la resolución judicial que apenas se ve.La plagiadora argumentó que se hallaba en indefensión jurídica porque desconocía el catalán ―el idioma en el que estaba redactada la tesis calcada― despertando la hilaridad de los tres jueces: “Si alguna vulneración a su derecho de defensa se produjo (cosa que no acertamos ni a intuir), sería atribuible a su desidia o negligencia”. La autora leyó otra tesis en la Universidad del País Vasco y enseña en la Universidad de Salamanca. Copiar no le ha pasado factura. Incluso ha dirigido una tesis ―se leyó en 2021 con el proceso judicial en marcha― y participado en el tribunal de otra en 2022, al mes siguiente de haber sido condenada por un juzgado.Erla Mariela Morales: “Faltan protocolos para saber denunciar”Cuando en 2017 Erla Mariela Morales, profesora de la Universidad de Salamanca, descubrió el plagio de su tesis sobre informática y didáctica se lo comunicó al rectorado que le explicó que no podía tomar medidas contra un fraude de otra institución. Por su parte, el director de la tesis fraudulenta le presentó sus disculpas y le adelantó que se tomarían medidas. Y ahora, una vez que el pasado diciembre la Universidad de Vigo ha cancelado a la boliviana Raquel Ivonné Jalil Angulo su tesis plagiada ―Morales supo de esta noticia por este diario― la profesora de la USAL ha decidido acudir a la justicia y aspira a contar con el respaldo legal de su universidad.Por lo pronto Vigo, que no da señales desde que hace seis años le pidiese detalles de su caso, ha retirado la tesis de su repositorio. “Faltan protocolos para saber denunciar. Hay una clara indefensión”, se lamenta. La Universidad de Santiago confirmó a EL PAÍS, por otra parte, que Jalil Angulo no había cursado allí otros cursos de doctorado, pese a jactarse de ello en sus currículums. La exdoctora boliviana, que no ha contestado a este diario y que pertenece a la Academia Panamericana de Ingeniería, no ha quitado ninguno de sus doctorados de su perfil en Linkedin.Teytana Nizhelovska en su casa.Mònica TorresTetyana Nizhelovska: “¡No esperas que te roben en tu cara!”La pesadilla de Tetyana Nizhelovska no ha terminado. Hace un mes en redes el plagiador la tachó de “mezquina y sinvergüenza”. En 2016 esta ucraniana terminó su máster en la Universidad de Valencia con matrícula de honor, gracias a un trabajo final (TFM) sobre la escritora Lesya Ukrainka, compatriota, y se fue a un congreso en Cádiz de hispanistas de su país. Su intención era hacer contactos y de resultas terminó cruzándose en 2019 correos con el historiador y editor español José Andrés Alvaro Ocáriz, conocido de uno de los catedráticos presentes. Supuestamente, él buscaba bibliografía sobre esta notable figura de la literatura porque quería “promover la cultura” de Ucrania. Ahora Tetyana se siente “ingenua” pero ya no “avergonzada”, porque le hizo llegar su TFM ―sobre lo que versaría también su tesis―. Le dije: “Puedes citar mi trabajo, que está registrado”. Cada día se arrepiente.Estando aislada en Kazajistán por la pandemia ―era profesora de español allí― se alarmó en 2020 al descubrir que Alvaro Ocáriz había publicado el libro Lesya Ukrainka, el alma de Ucrania en una editorial de su propiedad. “Entré un poco en pánico. ¿Qué ha pasado?”. Se descargó el libro en su ebook y se confirmó el plagio. “Me pasé una semana llorando. ¡No esperas que te roben en tu cara!”. En las páginas del libro estaban sus traducciones de textos y “gran parte” de las conclusiones del TFM.La Universidad de Valencia concluyó que no podía actuar, porque el plagiador no era del centro académico así que, con la ayuda de su tutor, contactó con un despacho especializado en derechos de autor. Después de recibir un burofax, Alvaro Ocáriz se comprometió a retirar la obra. “Y mientras, hacía un montón de entrevistas en España y Ucrania, le daban una medalla de honor en la Embajada de Ucrania… Ahora lo cuento tranquila, porque ya lo tengo trabajado”. Más de un año después denunció a Alvaro Ocáriz: había cambiado el contenido, pero ni la ISBN (Número Internacional Normalizado de Libros, en sus siglas en inglés) ni la portada. Para hacerlo tuvo que contratar a un perito que desde Ucrania ―donde Rusia había empezado a bombardear― cotejó los textos. Un juez estimó que la primera versión era un plagio, pero en la segunda no, y que Alvaro Ocáriz debía compensarle con 3.000 euros por daños morales, pero no la retirada del libro. “¡Y yo no sé qué versión está vendiendo!”, se queja. Su recurso a la sentencia no tuvo éxito. El autor “no ha puesto en su blog, como decía la sentencia, que la primera versión de su libro era un plagio”, se lamenta Nizhelovska . “Ni ha publicado, como tenía que hacer, una disculpa en el periódico ucraniano Pravda”. Por eso sus abogados van a solicitar que se ejecute la sentencia. Y el plagiador, que no ha contestado a este diario, sigue de bolos con el libro: este marzo ha pronunciado una conferencia en Logroño sobre la literata.José Antonio Aguilar: “Hay incentivos para que las víctimas no denuncien”José Antonio Aguilar Rivera, profesor investigador en la División de Estudios políticos del CIDE en la Ciudad de México este enero.Aggi GarduñoA veces hay que irse muy atrás para encontrar el plagio. En el caso de José Antonio Aguilar Rivera, profesor investigador en la división de Estudios Políticos del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) de México, perseguirlo ha sido especialmente tortuoso. En 2001 publicó el libro El manto liberal. Los poderes de emergencia en México (1821-1876) en la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en 2017 comprobó que un compatriota había calcado 53 de sus páginas en una tesis defendida en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ―el 20% del total― y en un libro publicado por la Suprema Corte de Justicia de México.Aguilar Rivera tuvo que esperar hasta 2021 para que el Consejo Consultivo de Madrid recomendase a la universidad retirar el doctorado y el proceso legal se ha demorado en México hasta 2024. Asegura que, aunque se dirigió formalmente en numerosas ocasiones al rectorado de la UAM, este dejó de explicarle la fase del procedimiento abierto por plagio: “Me parece de una irresponsabilidad institucional monumental que no se dignaran a reconocerme como alguien que tenía derecho a saber qué ocurría”. Por EL PAÍS ha sabido del dictamen del consejo y fue el propio plagiador quien le confesó de pasada en uno de los correos electrónicos que le habían retirado el título de doctor.En el dictamen consultivo, algo muy poco habitual, el director de tesis se disculpa: “La conclusión de esta tesis doctoral se produjo en un momento en el que vencían los plazos para su presentación, lo que hizo que su finalización se precipitara, y que lo acelerado de su fase final ayudó a la comisión del fraude”. En cambio, un miembro del tribunal defendió la “novedad” y al autor del plagio, pese a ese 20% calcado.El plagio tuvo su propio devenir judicial en México, donde se había publicado el libro original. “Fue kafkiano. La Suprema Corte de Justicia, que había publicado el plagio, decidió denunciarnos al plagiario y mí, con el argumento de que no sabía quién era el responsable del plagio”, narra Aguilar. “Cuando había una década de diferencia entre un texto y el otro. Tuve la necesidad de defenderme en la instancia de derechos de autor. Eso configura una serie de incentivos para que las víctimas de este delito no denuncien”, se lamenta.La Corte denunció luego al plagiario por lo penal, pero Aguilar no quiso seguir esa vía por lo que el culpable salió impune. “Lo único que quería era una disculpa pública, que no ha existido. En las escasas comunicaciones privadas que tuve con el infractor, daba una explicación absolutamente ridícula; que le había dado a un corrector de estilo su tesis y que había sido el responsable… Eso abría una ventana a saber lo que había ocurrido: que probablemente el trabajo había sido comisionado a un tercero, responsable de haber hecho el plagio”. Aguilar publicó un artículo novelado en la revista Nexos sobre su pesadilla. El plagiador es un abogado con una breve y abrupta carrera en la política mexicana.

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