El Gobierno fija las directrices para que las autonomías elaboren los planes preventivos contra el fuego | Clima y Medio Ambiente

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto a través del que el Estado fija las directrices y criterios comunes que deben incluirse en los planes autonómicos de prevención de incendios. Esta norma estaba pendiente desde la oleada de incendios de 2022, que hasta este agosto había sido el peor año del siglo en cuanto a incendios. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica aduce que, al tratarse de una competencia compartida con las comunidades autónomas, el proceso de alegaciones ha sido muy complejo y no se ha podido aprobar hasta tres años después. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ha confirmado la aprobación de esta norma, ha recalcado que, en cualquier caso, “la elaboración de los planes anuales es competencia exclusiva de las comunidades autónomas”. Y desde el Ministerio para la Transición Ecológica han indicado que el nuevo real decreto permitirá “la homogenización de los planes autonómicos al equiparar los criterios técnicos que apliquen”. Esto es importante, entre otros asuntos, para tener información actualizada sobre los medios antiincendios de los que se disponen en el conjunto del país. 2022 fue un año también terrible de incendios, con los dos fuegos en la sierra de la Culebra como los más impactantes de verano. A finales de julio de aquel año, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley por el que se adoptaban “medidas urgentes en materia de incendios forestales”. Y se modificó la Ley de Montes para establecer que “las comunidades autónomas ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales”. Además, esos documentos “comprenderán la totalidad de las actuaciones a desarrollar y abarcarán la totalidad del territorio de la comunidad autónoma correspondiente”. La misma norma señalaba que el Ministerio para la Transición Ecológica debía elaborar, “con la participación de las comunidades autónomas y previo informe del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, las directrices y criterios comunes precisos para la elaboración de los referidos planes, que se aprobarán mediante real decreto”. Tras varias reuniones de ese comité para redactar la norma, el ministerio sacó a información pública un borrador a finales de 2023 para que los interesados pudieran presentar alegaciones. Transición Ecológica aseguró la semana pasada que era una norma que se había querido tramitar “con la mayor agilidad, pero como se trata de competencias autonómicas ha habido que generar un consenso con las mismas y eso ha llevado tiempo”. Según estas mismas fuentes, en el proceso de alegaciones algunas comunidades trasladaron “actitudes compatibles con la percepción de que se trataba de un ejercicio de fiscalización por parte del ministerio”. “Algunas consideraban que no podíamos regular aspectos de competencias propias, en otros casos se aducía dificultad de hacer planes anuales, en vez de cada cinco años, o la dificultad que tenían para la elaboración de estadísticas o que el seguimiento podría llevar a la asunción de responsabilidades”, exponían desde el departamento de Sara Aagesen. Finalmente, el Consejo de Estado emitió el dictamen sobre el real decreto que se ha aprobado este martes a finales de julio, apenas unos días antes de que se desatase la brutal ola de incendios en España.Una vez que EL PAÍS publicó la semana pasada que, por un lado, la fiscalía estaba indagando sobre si los municipios afectados por los peores incendios contaban con planes de prevención y que, por otro lado, el Gobierno no había aprobado aún el real decreto con las directrices pendiente desde 2022, Transición Ecológica aseguró que esta norma no era “condición imprescindible” para que las autonomías pudieran elaborar sus programas anuales. Además, el ministerio aseguró que las autonomías ya estaban obligadas antes de 2022 a desarrollar “planes de prevención de incendios forestales”. Fuentes gubernamentales han asegurado este martes que todas las comunidades, salvo la valenciana, tenían este año plan de prevención de incendios. En el real decreto ley de hace tres años se explicaba que “la experiencia de los últimos años ha evidenciado que el riesgo de los incendios forestales se extiende a todo el territorio y de forma desestacionalizada”. Por ello, continuaba el texto, se “requiere disponer de un instrumento nuevo, de mayor alcance que los planes de defensa, hasta ahora previstos solo para las zonas de alto riesgo”. Y aclaraba que “los nuevos planes de prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales deben incluir la totalidad de las actuaciones a desarrollar y abarcarán la totalidad del territorio de cada comunidad autónoma, deben ser actualizados con la suficiente antelación y se aplicarán de manera continua durante todo el año”. Se instaba a las autonomías a que los aprobaran anualmente, como alguna de ellas ha hecho desde entonces. Más allá de polémicas e interpretaciones de las normas, Mónica Parrilla, de Greenpeace, ha celebrado este martes la aprobación del real decreto con las directrices. “Resulta realmente complicado valorar el cumplimiento de las Administraciones de las obligaciones relativas a los planes anuales así como informar del propio cumplimiento debido a la variedad de denominaciones, figuras, niveles de planificación preventiva, emergencias y criterios para aplicarla, como así se ha expuesto en distintos informes publicados”, ha señalado Parrilla sobre la importancia de este real decreto. Entre otras cosas, los planes con información homogénea deben servir para que con la información que aporten las comunidades y el resto de datos disponibles “el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará una herramienta de zonificación de incendios forestales que consolide la información existente y facilite, con ello, la toma de decisiones en materia de prevención y lucha contra los incendios”, según aprobó el Gobierno en 2022. Fuentes de Transición Ecológica señalan que ya existe una versión eta de esta herramienta, que fue presentada en el Consejo Forestal Nacional del 22 de mayor de este año, aunque todavía se sigue trabajando en ella. Cuando se concluya el proceso de puesta en marcha, “esta herramienta será pública y accesible en el portal del ministerio”, añaden estas fuentes.