El mar Menor, un ecosistema con tutores, NIF y cuenta bancaria | Clima y Medio Ambiente

La iniciativa legislativa popular (ILP) para dotar de personalidad jurídica al mar Menor, que comenzó en agosto de 2019 con una recogida de firmas, 640.000 en total, que se llevaron al Congreso de los Diputados y se transformaron en ley en septiembre de 2022, ha dado hoy el último paso que queda pendiente: la laguna salada ya tiene a los tres tutores que velarán por que se cumplan sus derechos, y al representante legal que ejecutará sus decisiones. El primer ecosistema de Europa con personalidad jurídica tendrá también NIF, cuenta bancaria y domicilio fiscal. El mar Menor ya es un sujeto de derechos a pleno rendimiento.Una emocionadísima Teresa Vicente, la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia que impulsó esta idea de dar personalidad jurídica al mar Menor y que redactó la ILP, cierra hoy el círculo de este arduo trabajo que inició hace cinco años al ser nombrada tutora de la laguna. Junto a ella, el catedrático de Ecología Miguel Ángel Esteve, miembro del Comité Científico que analiza los parámetros de este ecosistema en busca de soluciones para su regeneración. Completa la terna de tutores Mario Pérez Cervera, alcalde de Los Alcázares, uno de los municipios de la ribera del mar Menor, que apoyó la ILP desde sus orígenes. El abogado Sergio Marco, que ya defiende a la laguna en varios procedimientos judiciales impulsados por diversas asociaciones, hará las funciones de gerente o representante legal y el también abogado Alfonso Manzano, otro de los promotores de la ILP, las de secretario.La elección de los tutores se ha hecho en una reunión a puerta cerrada que ha durado poco más de una hora y que terminaba con aplausos, abrazos, mucha emoción y la canción Sol y sal, del grupo local Nunatak, como banda sonora. “Todo ha ido de lujo. Ha seguido la tónica de consenso que ya logramos en el Congreso y en el Senado. Desde el principio hemos estado unidos, hemos pensado en el mar Menor y, en tiempo récord, hemos puesto a todo el mundo de acuerdo”, ha subrayado Teresa Vicente. En su opinión, esta ley 19/2022 para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del mar Menor y su cuenca, como se denomina oficialmente, es “ley con más legitimidad de la democracia”, porque partió de una propuesta de la ciudadanía, fue aprobada por todos los grupos políticos del Congreso y el Senado excepto Vox y, precisamente el hecho de que el partido ultra recurriera la norma ante el Tribunal Constitucional la ha reforzado, ya que el pasado mes de febrero el tribunal se pronunció, no solo rechazando todos los cuestionamientos que habían formulado los de Santiago Abascal, sino puntualizando que todo el articulado de la ley está acorde con la Constitución.“Ojalá esta magia, esta unidad, nos acompañe, sobre todo en esta primera fase en la que tenemos que sentar los cimientos de la primera personalidad jurídica de un ecosistema en Europa”, ha subrayado.Por ese carácter novedoso, Mario Pérez Cervera ha explicado que la norma está sirviendo ya de ejemplo en otros países, interesados en copiar el modelo “para cambiar el paradigma de los derechos del medio ambiente y garantizar su protección de manera estricta”. Los derechos de la naturaleza están poco desarrollados jurídicamente, pero Sergio Marco ha defendido que “la naturaleza es sujeto de derechos por lo que es”, no porque alguien tenga que concederle esos derechos. “Aunque no se le hayan dado, los derechos de la naturaleza ya existen y se tiene que hacer visibles y reconocerse”, argumenta, al igual que en otros periodos de la historia ha ocurrido con los derechos de las mujeres o de la infancia, por poner algunos ejemplos.Desde estas tutorías, apunta Miguel Ángel Esteve, será ahora fundamental aplicar todos los conocimientos recabados en los últimos años, en los que el mar Menor está sometido a controles y monitorización constante, para avanzar en soluciones más rápidas y más eficaces que permitan reconstruir y restaurar el ecosistema tal y como era antes de llegar a su punto de colapso en 2016.Porque, tal y como recuerda Alfonso Manzano, la función de la ley y de los tutores no es la de “salir corriendo a los tribunales a denunciar la contaminación”, sino más bien la de contar con una herramienta para prevenir llegar a ese punto. Los órganos de gobernanza que establece la ley (el Comité de Representantes, el de Seguimiento y el Científico), que encabezan estos tres tutores, tienen como objetivo principal el de velar por que se cumplan los derechos del mar Menor y promover la prevención para que no se vulneren.Así lo recoge el artículo 3 de la ley, que da a esos organismos las funciones de proponer actuaciones de protección y conservación del ecosistema, defender el ejercicio de sus derechos, vigilar y controlar su cumplimiento, difundir información sobre la ley y dar asesoramiento a nivel científico para buscar soluciones a su situación. Recurrir a los tribunales, insiste el abogado, es la última opción, y recuerda que, aunque en virtud de esta ley cualquier persona puede iniciar un proceso en nombre del mar Menor, “iniciar una acción legal siempre es costoso y va a cargo de quien la ejercita”. La ley prevé, no obstante, que si se ganan esos procedimientos judiciales, quien los inició tendrá derecho a recuperar el coste íntegro del litigio. Para Teresa Vicente, en cualquier caso, todas estas cuestiones se irán desarrollando con el tiempo, pero “hoy es día de celebrar” que se cierra el círculo de una ILP pionera en materia de derechos de la naturaleza.