El proyecto de sentencia que avala la ‘ley trans’ halla fuertes resistencias en el pleno del Constitucional | Sociedad

El proyecto de sentencia que avala la constitucionalidad de la ley trans está encontrando serias resistencias en el Constitucional, que ha llevado a cabo este martes un primer debate sobre la propuesta de resolución, elaborada por el magistrado Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y miembro del sector progresista del tribunal. Las ocho intervenciones registradas en el pleno del órgano de garantías pusieron de manifiesto diversas objeciones al texto presentado, en particular frente a su consideración de que para el cambio en la inscripción registral del sexo puede bastar la voluntad de la persona. Quedó de manifiesto que los magistrados del bloque conservador ―aunque falta uno por intervenir― se van a oponer a apoyar este criterio, y que el sector progresista se encuentra muy dividido.En el tribunal consta que las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán ―ambas del sector progresista― no son partidarias del mencionado planteamiento de la ley sobre la autodeterminación de la persona sin más. Balaguer ha sido particularmente contundente en sus críticas a la norma. Por otro lado, otras magistradas del mismo grupo, como María Luisa Segoviano y Laura Díez, también expusieron objeciones a otros apartados de la ley. Díez, por ejemplo, manifestó discrepancias con el tratamiento que la ley dispensa a los menores intersexuales de 12 años y con otros apartados de la ley que regulan posibles medidas sancionadoras, por estimar que pueden lesionar el derecho a la libertad de expresión.La comprobación de este estado de cosas explica que el pasado lunes el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, se dirigiera a los magistrados para indicarles que en el pleno de esta semana no se iba a someter a votación el proyecto de sentencia elaborado por Juan Carlos Campo. El ponente, a su vez, efectuó en el primer pleno una intervención inicial en la que se manifestó dispuesto a acoger aportaciones para eventuales cambios en su texto. Como norma general, por otra parte, el tribunal tiende a evitar que la deliberación de los recursos pueda llegar a resolverse mediante el voto de calidad del presidente, que actúa en caso de empate entre los magistrados.El hecho, en todo caso, es que en este momento no hay una mayoría clara para la aprobación de la sentencia. Lo que se pretende al evitar la votación en las presentes circunstancias es dar la oportunidad de que se alcance un consenso, que en principio sería, llegado el caso, en el grupo progresista, fracturado ahora ante los términos tajantes con los que el borrador de sentencia admite la constitucionalidad de la ley. En particular cuando expone que la norma cuestionada no supone una discriminación para las mujeres “en tanto estamos dice literalmente ante mujeres, por mucho que unas sean mujeres trans y otras no”, dice literalmente.Quienes critican este punto argumentan que no se puede articular la inscripción registral del sexo bajo estos presupuestos, sin tomar en consideración sus posibles consecuencias. Éste es uno de los puntos destacados del recurso del PP, que estima que la ley vulnera el principio de seguridad jurídica, “al no condicionar la modificación registral de la mención relativa al sexo de la persona a ningún requisito sustantivo y hacerla depender de la mera manifestación de la persona legitimada de estar disconforme con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento”.Para la continuación del pleno mañana miércoles quedaron pendientes las intervenciones de las magistradas citadas como más críticas, Balaguer y Montalbán, que mantienen parecidas discrepancias con el borrador de sentencia. Balaguer se opone con rotundidad a que baste la voluntad de la persona para el cambio de sexo en la inscripción registral. Sus tesis son muy similares a las que ha sostenido el Tribunal Supremo del Reino Unido en su reciente sentencia que ha estimado que el término “mujer” se refiere sólo a las personas nacidas con sexo biológico femenino. También tienen que tomar la palabra en la segunda jornada del pleno el magistrado del bloque conservador Ricardo Enríquez, y el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a quien le corresponde cerrar la ronda de intervenciones.