El reciente escándalo que vincula a altos funcionarios del Estado con presuntos nexos con las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, ha generado un fuerte eco en el sector de la seguridad privada.Un grupo representativo del gremio expresó su inconformidad y preocupación, señalando que esta situación no solo golpea la imagen institucional del país, sino que siembra dudas sobre la transparencia en los trámites administrativos recientes para la operación de empresas de vigilancia.Procuraduría suspende al general Huertas y a Wilmar Mejía por presunta infiltración de disidencias. Foto:ArchivoLa controversia se desató tras conocerse las denuncias sobre supuestos acercamientos entre miembros de la estructura ilegal y dos funcionarios clave: el general del Ejército Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). A raíz de esto, los empresarios del sector han puesto la lupa sobre los procesos de autorización y control.La denuncia de las licencias exprésEl punto central del reclamo radica en la expedición de permisos de operación que, según el gremio, se habrían otorgado con una celeridad inusual. Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip), fue enfático al solicitar que se investiguen a fondo estos procedimientos administrativos.Según el dirigente gremial, existen dudas razonables sobre un paquete de autorizaciones entregadas en el pasado reciente. “Necesitamos que la Fiscalía investigue alrededor de 18 licencias exprés que se expidieron en los últimos cuatro años. Por eso requerimos claridad y, sobre todo, celeridad en las investigaciones y conclusiones claras de quiénes están incumpliendo la ley y quiénes estamos cumpliendo la ley”, afirmó Díaz.Para los empresarios, es vital que los organismos de control determinen si dichas autorizaciones cumplieron con los estrictos filtros legales que exige la normativa colombiana o si, por el contrario, están relacionadas con actuaciones irregulares derivadas de la corrupción o la influencia de actores armados.Impacto en la confianza del sectorLas compañías agrupadas en el gremio sostienen que la actividad de vigilancia y seguridad privada es un servicio sensible que requiere los más altos estándares de idoneidad. Por ello, argumentan que cualquier sombra de duda sobre el sistema de licenciamiento afecta la confianza pública.Supervigilancia. Foto:Archivo particular.Entre las principales exigencias del sector frente a esta coyuntura se encuentran:* Revisar el funcionamiento actual del sistema de licenciamiento para evitar trámites irregulares.* Establecer si existe alguna relación entre las “licencias exprés” y los hechos por los que son investigados el general Huertas y el director Mejía.* Diferenciar públicamente a las empresas que operan bajo total legalidad de aquellas que habrían obtenido beneficios injustificados.Medidas disciplinarias en cursoMientras el sector privado exige respuestas sobre los trámites administrativos, la Procuraduría General de la Nación ya ha tomado cartas en el asunto respecto a los funcionarios implicados. El ente de control ordenó la suspensión provisional del general Huertas y de Wilmar Mejía, con el fin de evitar interferencias mientras avanza la investigación disciplinaria por sus presuntos vínculos con las estructuras ilegales de alias Calarcá.Hasta el momento, las autoridades competentes no han entregado un informe detallado sobre el estado o la legalidad de las 18 licencias cuestionadas por Confevip. No obstante, la presión ejercida por el gremio suma un nuevo frente a este escándalo, exigiendo que la transparencia prime en un sector encargado de proteger la vida y bienes de los colombianos.*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.Juan Manuel Galán habla de su candidatura Foto: