La fiscal general, Luz Adriana Camargo, deslegitimó las facultades del presidente Gustavo Petro para ordenar allanamientos a los dispensarios ante la crisis por escasez de medicamentos. Durante su intervención en la rendición de cuentas de la entidad que dirige, también aseguró que desde hace años tienen abierta una línea de investigación del sector salud. “Es muy importante tener claro cuáles son las competencias de cada uno de nosotros y hacia dónde vamos”, afirmó la fiscal, en respuesta a las declaraciones del mandatario, quien aseguró que las farmacéuticas estaban “acaparando insulina” y pidió a la Superintendencia de Salud que “donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población (…) se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles”.La cabeza del ente acusador recordó la ruta para ordenar este tipo de procedimientos, en medio del ruido mediático por la directriz presidencial, que fue tomada por algunos juristas como una extralimitación de las funciones del mandatario.”Ayer tuvimos una reunión con el director general de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, en la que hablamos precisamente sobre temas como las labores de coordinación que realizamos a diario con nuestra policía judicial. (…) Cada entidad cumple con sus competencias, y en los casos donde las investigaciones requieren allanamientos, estos deben contar con la autorización de los fiscales y, además, con la aprobación de los jueces”, precisó la Fiscal. Este contexto lo hizo para delimitar las competencias de investigación, que radican exclusivamente en la Fiscalía. Así mismo, recalcó que el Ejército no realiza estas actividades. “Hace apoyos operativos, pero no tiene asignadas funciones de policía judicial y es muy importante tener claro cuáles son las funciones de todos nosotros (los servidores públicos) y hasta dónde vamos”. Con la crisis de escasez de medicamentos como antesala, la Fiscal también se refirió sobre las investigaciones que se han adelantado sobre el sector salud. Dijo que hay una línea abierta desde hace años en la Dirección Especializada contra la Corrupción que últimamente ha estado analizando los temas que ha remitido la Contraloría sobre posibles pérdidas de recursos públicos en las EPS, específicamente de los recursos de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) girados por el Estado.Redacción Justicia