Tras el informe presentado por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, respecto a los hallazgos del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, defensoras de derechos humanos criticaron en Aristegui en Vivo el retraso de la atracción del caso por autoridades federales, deficiencias en el proceso investigativo y la necesidad de reformar a las fiscalías estatales.Ana Lorena Delgadillo, defensora de derechos humanos y fundadora de la Fundación para la Justicia, subrayó “las falencias” de la Fiscalía General de la República (FGR) y cuestionó que no haya iniciado una investigación y atracción del caso a pesar de los elementos que apuntaban a delitos de su competencia.Señaló que, en el caso de Jalisco, el fiscal reconoció la existencia de elementos de delincuencia organizada y el uso de armas exclusivas del Ejército. “Mi pregunta es, ¿por qué no se inició?”, cuestionó.Asimismo, criticó que a pesar de la intervención del Ejército y la Guardia Nacional en septiembre de 2024 no haya derivado en una investigación federal.Foto: Guerreros Buscadores de Jalisco“Si hubo una intervención del Ejército, hubo una intervención de la Guardia Nacional, había personas secuestradas, claramente había elementos de delincuencia organizada, ¿por qué en ese entonces la Fiscalía no inició la investigación?, ¿por qué se la tuvo que pasar al gobierno local?”.Para la defensora, la omisión de la FGR refleja una deficiencia estructural, y cuestionó que “el fiscal solamente dijera la responsabilidad que hay para las autoridades locales, pero omitió a la Guardia Nacional”.Señaló que la militarización de la seguridad y la procuración de justicia han tenido consecuencias negativas.Tú tienes a personal que no está capacitado para llegar a un lugar de un hallazgo, poder hacer una intervención correcta y poder comunicar esto.Recordó otros casos en Jalisco, como las fosas de Tlajomulco y El Salto, los llamados “tráilers de la muerte” y la desaparición de jóvenes en Lagos de Moreno. “No podemos tomar este caso como un caso aislado. Hay que ver el contexto”, indicó.Finalmente, criticó la respuesta de la FGR ante la situación y dijo que  el fiscal debería “tener ya un plan de actuación y tendría que haber tomado en cuenta también el contexto”.Además, subrayó que el que la FGR atraiga el caso de Teuchitlán “no es una garantía de verdad ni es una garantía de justicia. Lo hemos visto en los casos, por ejemplo, de las masacres de migrantes, de los hallazgos. Lo hemos visto en el propio caso de Ayotzinapa”.Fotos: Colectivo Guerreros Buscadores de JaliscoPor ello, concluyó que la transformación de las fiscalías es urgente.“La transformación de las fiscalías no puede esperar. Tiene que ser una transformación inmediata y el que más se ha opuesto a que se transforme la fiscalía es el propio Fiscal General de la República”.Falencias, común denominador: GoebertusPor su parte, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, también se refirió a debilidad en los procesos de investigación que ha perpetuado la impunidad en el país.Goebertus señaló que el caso reciente en Jalisco es solo uno de los muchos ejemplos documentados en más de 11 estados en los últimos dos años.El común denominador es justamente las falencias en el proceso investigativo.En este caso, no se realizó el rastreo de huellas, no se registraron formalmente los indicios hallados, y los vehículos encontrados no fueron procesados”, explicó.La directora de HRW advirtió que la falta de capacidad de las fiscalías y la deficiencia en la formación de los peritos y fiscales son factores clave que contribuyen a la impunidad por homicidios y desapariciones.Ambas defensoras coincidieron en señalar que el gobierno mexicano, en lugar de abordar la reforma necesaria al sistema de investigación y justicia, ha optado por soluciones superficiales que no resuelven las causas profundas de la impunidad.

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