Habla el denunciante de la presunta corrupción en el CNIO: “Es una organización mafiosa” | Ciencia

Es la peor de las pesadillas para un centro de investigación puntero dedicado a entender y combatir uno de los peores males conocidos. ¿Puede el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) —una de las joyas científicas del país— haber albergado una red corrupta que adjudicaba contratos a empresas amigas sin seguir los procedimientos adecuados? Un exdirectivo que trabajó en el centro desde 2005 está convencido de que sí. En la última década, se habrían detraído del presupuesto de este organismo público unos 20 millones de euros, como mantiene en una denuncia que ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, y a la que ha tenido acceso este diario.“Es una situación incomodísima”, reconoce el responsable, que hasta agosto era director de operaciones del CNIO. Pide el anonimato por la ley de protección del informante, pues considera que su obligación era denunciar la realidad con la que, asegura, empezó a toparse a finales de 2024, al auditar las cuentas del organismo. Dice que sintió “miedo, decepción, inseguridad”; hasta el límite de estar meses recopilando datos en discos duros y usando un ordenador desconectado de Internet para que sus antiguos jefes no pudiesen rastrearle. “Quería evidencias no suficientes, sino absolutas. Tenía que ser una denuncia rigurosa y extensa. Hemos estado trabajando seis meses, noche y día, con la ayuda de varios compañeros que siguen en el centro. Yo pensaba: o está muy bien, o se me vuelve a escapar”, explica el exdirectivo. Se refiere a Juan Arroyo, exdirector gerente del CNIO y, según él, principal responsable de la red de contratos irregulares. Para el denunciante, Arroyo fue un amigo cercano durante más de 15 años, con el que compartió tanto trabajo como celebraciones de cumpleaños en su casa. Desde que descubrió los presuntos amaños, no han vuelto a hablar. “Me he dado cuenta de que todo sigue su propia lógica. En cada cosa que se le ha puesto a tiro ha visto la forma de sacar provecho”, lamenta. El aludido niega todas las acusaciones. La denuncia alerta de “un conjunto de patrones” en las contrataciones de servicios y personal en el CNIO. Desde 2007, emerge un grupo de “empresas satélites” con el aparente fin de “resultar adjudicatarias de todos los contratos” de actividades externalizadas. Un ejemplo es Gedosol, fundada por el exjefe de personal del CNIO, que se llevó más de 15 millones en contratos, según la denuncia. Zeus SL, creada por el exdirector técnico del centro, habría facturado 5,4 millones de euros. Alaos ITL SL, vinculada al exdirector de compras del organismo, facturó 11 millones de euros. Y también está Navestalia, que gestiona una nave industrial en San Agustín de Guadalix, cerca de Madrid, presuntamente vinculada al exdirector gerente. Las empresas de la red tenían como único cliente al CNIO y supuestamente ganaron prácticamente todas las licitaciones a las que se presentaron, según el texto de la demanda.La única de estas empresas que ha respondido a las preguntas de este diario es Alaos, que “rechaza rotundamente cualquier insinuación de conducta impropia”. “La compañía se encuentra revisando de manera exhaustiva toda la documentación relativa a los contratos históricos con el CNIO con el fin de aportar, en caso de que sea necesario, con la mayor transparencia, datos objetivos sobre los costes y las prestaciones a lo largo de la relación contractual”, añade en una nota.Según el relato entregado en Fiscalía, en unos casos estas empresas se encargaban de contratar personal para dar servicios que antes daba el CNIO, como la de secretaría de grupos de investigación. Esto permitía seguir contratando personal a pesar de las restricciones que ha sufrido el centro durante los años de la crisis. En otras ocasiones, las empresas recibían decenas de miles de euros por trabajos nunca realizados, siempre según la denuncia, que tiene 120 páginas y fue adelantada por El Mundo.El análisis del denunciante apunta a supuestos contratos encadenados por 49.900 euros o 14.900 euros, justo por debajo de los límites que garantizan un mayor control, según lo dispuesto por la Ley de la Ciencia y la guía interna de contratación del centro, respectivamente. Uno de estos contratos, rozando los 50.000 euros, era para proveer mascarillas. Cuando llegaron, hubo que desecharlas porque eran prácticamente imposibles de poner por la cortedad de las gomas, relata el denunciante. Según su análisis, hay indicios de fraccionamiento por importe de más de un millón de euros entre 2018 y 2024. “Es una mafia; una organización mafiosa”, resume el denunciante, que presentó el documento en Anticorrupción a finales de junio. El informe fue aceptado, pero la Fiscalía aún no ha movido ficha. Ninguno de los implicados ha recibido aún ninguna petición ni comunicación.El denunciante y otra excompañera que le ayudó a analizar las cuentas fueron despedidos en agosto con un expediente disciplinario por haber entorpecido presuntamente contratos esenciales en el CNIO que pusieron en peligro la integridad del organismo, según fuentes conocedoras del proceso. Ambos han denunciado al centro por presunto despido improcedente y están a la espera de juicios que se celebrarán en 2026. Aún es un enigma si la Fiscalía dará credibilidad a lo denunciado y abrirá diligencias o archivará el caso. Un punto clave es dilucidar la existencia de mordidas, cosa que no hace la actual denuncia.Esta crisis emborrona la nueva etapa que se esperaba para el CNIO, buque insignia de la investigación del cáncer. En enero, el patronato del organismo cesó a su director gerente, Juan Arroyo, y a la directora científica, María Blasco, sobre quien pesaban acusaciones de acoso laboral y dejación de funciones, como adelantó EL PAÍS. Ambos llevaban más de una década en sus puestos. El enfrentamiento entre ambos segregó el centro en dos bandos a veces irreconciliables. En los últimos años, el CNIO sobrevivía con instalaciones obsoletas o averiadas, mientras los jefes científicos denunciaban el desprecio de la dirección. El que se suponía mejor centro de investigación oncológica vivía en “un clima incompatible con la excelencia”, según reconoció la propia ministra de Ciencia, Diana Morant, tras remover a Blasco y Arroyo, que volvieron a sus puestos previos como jefa de grupo y vicedirector económico, respectivamente.Si bien el foco en la anterior crisis fue Blasco, ahora el punto de mira está en Arroyo. “No he hecho nada fuera de la legalidad”, asegura este economista e inspector financiero de 70 años en conversación telefónica. “Todas las actuaciones han sido avaladas por la IGAE [intervención del Estado] y el Tribunal de Cuentas. Estas mismas denuncias ya fueron objeto de una querella [presentada por Vox]que ha sido sobreseída. Y no puedo decir más hasta que no me llegue la nueva denuncia”, añade Arroyo. El Gobierno no quiere esperar a que eso suceda. Ha convocado para este martes una reunión de urgencia del patronato —máximo órgano rector del CNIO— cuya presidenta de honor es Morant, y en el que están también representadas cuatro comunidades autónomas que rotan cada dos años —en este momento Baleares, Castilla y León, Extremadura y Murcia, gobernadas por el PP—, y tres patronos privados. El representante legal del centro en esa reunión, y posiblemente su protagonista, será José Manuel Bernabé Sánchez, nuevo director gerente desde septiembre. Bernabé ha llegado con dos objetivos claros: reflotar la institución y analizar al detalle las cuentas pasadas para aclarar responsabilidades. Es probable que en esta reunión se tomen decisiones para “limpiar” el organismo, según fuentes del Ministerio de Ciencia. Altos cargos de este departamento fueron alertados en marzo y en agosto de las irregularidades y la supuesta detracción millonaria por el denunciante. Los dos ejecutivos despedidos llegaron a pedir “amparo” por “represalias”. El Ministerio de Ciencia asegura que informó al patronato de esta denuncia, algo que algunos patronos niegan. Desde el departamento de Morant se ve al denunciante con recelo. Consideran que está despechado porque no se le eligió como nuevo gerente. También apuntan que los dos despedidos tuvieron cargos de responsabilidad en los años en los que se estaban cometiendo las presuntas irregularidades.A su vez, el denunciante se siente discriminado e ignorado por el Ministerio por haber trabajado como asesor del ministro Luis de Guindos durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) entre 2012 y 2018. “En el CNIO tienen puestas las esperanzas al menos el 33% de nuestra población, que sufrirá cáncer a lo largo de su vida; y nos lo vamos a cargar por una batalla interna. Tenemos que arreglarlo desde fuera”, explican desde el Ministerio.