Del listado de 89 juristas inscritos para sentarse en el asiento de la Corte Constitucional de la magistrada Diana Fajardo, quien cuelga la toga tras cumplir su periodo, 34 son mujeres. Es decir, el 38 por ciento. La Defensoría del Pueblo y diferentes instancias de la sociedad civil han hecho un llamado para que la terna que seleccionará la Corte Suprema de estos nombres sea conformada por mujeres. Según sus argumentos, solo así se garantizaría que la elección del Congreso mantenga la cuota de género en el alto tribunal. Estos son sus perfiles.Entre las aspirantes está la magister en derecho de la Universidad de los Andes, Gloria Marcela Abadía Cubillos, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y exmagistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ejerció como directora de Política Criminal y Penitenciaria en el Ministerio de Justicia, en el 2014. También estuvo en la oficina jurídica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno y tiene experiencia en la academia como profesora de cátedra.La Corte Suprema está próxima a decidir la terna que presentará al Congreso. Foto:CortesíaEn el listado también registra Edith Alarcón Bernal, magistrada del Tribunal Administrativo del Caquetá. Fue contratista del Departamento Nacional de Planeación (DNP), del IDU y la Alcaldía de Bogotá. Así mismo, jueza administrativa en Tolima y Meta. Se desempeñó en la oficina de cobro coactivo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y en la oficina jurídica del Icetex.María Patricia Balanta, magíster en Derecho de la Universidad de Barcelona, ha ejercido en la jurisdicción penal y civil de la Rama Judicial, además de su recorrido como docente universitaria.Lilia Fernanda Benavides Burbano fue consultora de la Procuraduría durante el mandato de Margarita Cabello y ocupó este mismo cargo en el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Ciencia y en Transparencia por Colombia durante los últimos dos años del gobierno Petro.Diana Rocío Bernal Camargo es doctora en derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Toda su experiencia ha sido en la academia donde ha ejercido como profesora de cátedra y tiempo completo en diferentes universidades.Martha Patricia Cantor ha sido defensora pública, defensora regional en Bogotá, jueza penal y abogada de responsabilidad fiscal en la Contraloría. Además, se desempeñó como asesora jurídica de la Cárcel Distrital, adscrita a la Secretaría de Gobierno, durante la alcaldía de Antanas Mockus.Sonia Marina Castro actualmente es conjuez en la Sección Segunda del Consejo de Estado. Tiene experiencia como docente y en el sector privado como independiente.Mónica Cifuentes Osorio es integrante de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado Colombiano. Fue conjuez de la Corte Constitucional y asesora de Naciones Unidas para los objetivos del Sistema Integral de Paz en Colombia. Además, fue asesora del Alto Comisionado para la Paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos y procuradora delegada.Magdalena Inés Correa es conjuez de la Sección Quinta del Consejo de Estado, función que también desempeñó en la Sección Cuarta de ese tribunal. Fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y ha brindado servicios en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la Agencia de Desarrollo Rural durante el gobierno de Juan Manuel Santos.Diana Fajardo Rivera, magistrada de la Corte Constitucional desde 2017. Foto:Jorge Alejandro MedellínMartha Janeth Dávila es doctora de Atlantic University y ha trabajado como docente universitaria, litigante y asesora de la Alcaldía de Facatativá.Elizabeth Cristina Dávila se desempeñó como jefa de asuntos aduaneros y constitucionales de la Sociedad Portuaria de Cartagena, asociada en Greystone Consulting Group Latinoamérica, magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y asesora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.Lina Marcela Escobar fue asesora constitucional de la Aeronáutica Civil, docente universitaria, consultora de Usaid y asesora del Ministerio de Educación. También fue contratista del Congreso, de la Registraduría y magistrada auxiliar del Consejo de Estado.Liliana Estupiñán Achury es asesora de despacho en el Ministerio del Interior, Vicepresidenta de la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial, consultora del Pnud y docente e investigadora universitaria.Juana Laura García Matamoros es vicerrectora académica de la Universidad del Rosario. Fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor. Asimismo, ejerció como conjuez de la Comisión de Disciplina Judicial e integrante de la Sala de Administración de Empresas y Derecho de Conaces, del Ministerio de Educación.Luz Carina Gracia Hincapié fue contratista de la Agencia para la Reincorporación, de la Gobernación de Cundinamarca y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, asesora jurídica del Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y litigante de la Procuraduría. Ana Margarita Hernández Ricardo es fiscal delegada ante el Tribunal de Valledupar, Cesar. Fue jueza penal, civil y promiscua de la Rama. Natalia Andrea Hidalgo fue jueza del circuito penal y docente universitaria. Se desempeñó como abogada litigante en Sisma Mujer, abogada de reparación en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y representante judicial de víctimas en la Defensoría del Pueblo.Catalina Irisarri es magistrada auxiliar de la Comisión de Disciplina Judicial. Ejerció como profesora de cátedra y auxiliar judicial en la Corte Constitucional.Isabel Cristina Jaramillo es coordinadora de la Red Feminista Alas y conjuez de la Sección Primera del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.Por su parte, Irina Alejandra Junieles fue magistrada auxiliar de la JEP, directora de investigación en Dejusticia, defensora regional en Bolívar y directora del Instituto de Patrimonio y Cultura.Ada Patricia Lallemand es magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Fue jueza del circuito en esa ciudad, jueza civil y de familia.El o la magistrada electa reemplazará a Diana Fajardo, quien cumple su periodo. Foto:iStockMiriam Liz Andela fue magistrada auxiliar de la JEP, personera de Jambaló, Cauca, y ha ejercido como asesora jurídica de consejos indígenas y comunitarios, como el Cric o el resguardo de Corinto, Cauca.Gloria Patricia Lopera es integrante de la Comisión Asesora de Política Criminal del Estado Colombiano. Participó en la elaboración de un peritaje para la Corte IDH en el caso Pueblo U’wa vs. Colombia, recientemente fallado en contra de la Nación. Además, fue asesora del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, conjuez de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, así como magistrada auxiliar en esta última.Myriam Carolina Martínez fue directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) durante el gobierno Duque, contratista de la Contraloría, directora jurídica de EPM Bogotá S.A y docente universitaria.Diana Yolima Niño ha ejercido como contratista de Comcaja, del Fondo Para El Desarrollo De La Educación Superior, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Fue asesora de Cajanal, Fenalco Tolima y Ccopercafe.Rocío del Pilar Peña ha sido profesora universitaria y asesora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de la Presidencia, el Senado y la Secretaría de Educación de Bogotá.Diana Patricia Quintero Mosquera reúne experiencia como docente universitaria y magistrada auxiliar de la JEP. María Luisa Rodríguez llevó a cabo la consultoría para ajustar el estatuto docente con enfoque de género en la Universidad del Rosario y ha estado en la academia como docente de cátedra, profesora invitada y de investigación. También fue magistrada auxiliar en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado.Carolina Rojas Flórez ha desarrollado toda su trayectoria en la academia, desempeñándose como docente en diferentes instituciones.Dora Cecilia Saldarriaga fue concejala de Medellín, además de docente e investigadora en varias universidades de Antioquia.Vanessa Suelt Cock se desempeñó como asesora jurídica en la Consejería para la Equidad de la Mujer, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Educación.Sonia Patricia Téllez es procuradora delegada y ha sido magistrada auxiliar del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, así como asesora del Concejo de Bogotá.Carmen Inés Vásquez fue ministra de Cultura durante el gobierno de Iván Duque y embajadora en el último año de su administración. También ocupó el cargo de ministra plenipotenciaria de la Misión de Colombia ante la OEA y viceministra de Participación e Igualdad de Derechos durante el gobierno de Juan Manuel Santos. De igual forma, fue contralora delegada para el sector Defensa y Justicia, investigadora en el Parlamento Andino y asesora étnica en el DAPRE y el Ministerio del Interior.Finalmente, el formato de hoja de vida de Janet Patricia Sanabria no contiene información.El debate por las ternas femeninasDiversas voces —una de las más insistentes ha sido la de la defensora del Pueblo, Irís Marín— han hecho un llamado para que la Corte Suprema de Justicia se decante por una terna conformada exclusivamente por mujeres.”Sería muy triste un retroceso en los avances de paridad en la Corte Constitucional. Esto socavaría la intención de la nueva Ley Estatutaria de Administración de Justicia y su interpretación constitucional. Además, ignoraría la más reciente recomendación 40 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas”, publicó en su cuenta de X.La razón detrás de esta homogeneidad radica en una tendencia histórica del Legislativo, que, cuando la lista incluye perfiles masculinos, suele inclinarse por ellos. Además, al elegir el reemplazo de una magistrada, se procura mantener la cuota de género en este tribunal.Las ternas que ha presentado este Gobierno al Congreso para elegir Defensor o Defensora del Pueblo y Fiscal General de la Nación han sido femeninas. Sin embargo, estas les han costado demandas por una supuesta incosntitucionalidad al no garantizar paridad. Para el expresidente de la Corte Suprema Aroldo Quiroz, las ternas de mujeres tienen todo el sustento legal. Según la Ley 581 del 2000, la regla es que la lista incluya mínimo un nombre femenino, pero no existe impedimento para que los tres lo sean. Además, así se logra garantizar mantener el umbral mínimo definido por la Ley de paridad que exige que al menos el 30 % de los cargos decisorios sean ocupados por mujeres. Defensa de Uribe contrainterroga a exministro Velásquez Foto:Para la abogada Jomary Ortegón, ternada para la Defensoría del Pueblo, esta propuesta es acertada. “La paridad debe entenderse con un enfoque de género, lo que implica garantizar condiciones reales para que las mujeres accedan a estos altos cargos. En Colombia hemos visto que, en muchas ocasiones, las ternas incluyen mujeres solo para cumplir con un requisito formal, pero sin una verdadera posibilidad de ser elegidas”, afirmó.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia