La reforma a la justicia fue aprobada en su cuarto y último debate por la plenaria de la Cámara de Representantes. Ahora, a la espera de la conciliación y la sanción presidencial, está a un paso de convertirse en ley y ampliar en el sistema penal acusatorio beneficios como el principio de oportunidad y la reparación, con los que se busca descongestionarlo, agilizar los tiempos de respuesta y evitar la prescripción de miles de casos.El articulado inicial, una iniciativa de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema, sufrió algunas modificaciones para poder ser conciliado en el Congreso.Entre ellas, la eliminación del polémico artículo 7, que contemplaba la rebaja de hasta la mitad de la pena en casos de preacuerdos por delitos como homicidio o lesiones personales dolosas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, o secuestros cometidos contra niños, niñas y adolescentes.Aunque los autores del proyecto justificaron este beneficio como una forma de reducir la impunidad mediante la aceptación de cargos, la posibilidad de otorgar rebajas a agresores de menores generó rechazo en diversos sectores políticos, que alertaron sobre el riesgo de que, lejos de evitar la prescripción de los casos, se incrementaran estos crímenes.Pero en general se mantuvo la esencia de la reforma, que es la justicia premial. El principio de oportunidad, por ejemplo, se ampliará para procesos en los que la aplicación de la pena “sea innecesaria o resulte desproporcionada”. También cuando los beneficios de esta condena sean mínimos para la sociedad, la justicia y las víctimas comparados con el costo de la persecución penal. O cuando el indagado o acusado, antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento colabore eficazmente con la justicia. El beneficio tiene excepciones. No aplicará en investigaciones o acusaciones por hechos que constituyen graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o a los delitos de lesa humanidad.La reforma también le da un impulso a la reparación integral, que va de la mano con alicientes de la pena. “En muchas ocasiones no tiene sentido que un proceso siga adelante cuando la víctima ya ha sido reparada. Esto, además, permite que esa reparación ocurra desde el inicio, sin que la víctima tenga que esperar un proceso que puede durar hasta seis años, con el riesgo de perderlo por falta de pruebas o porque el delito prescribe”, explicó a este diario la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en octubre pasado, cuando acompañó la radicación del proyecto.Además, amplía los beneficios por aceptación de cargos, incluyendo casos de flagrancia, rebajas de pena y el uso de la prueba anticipada, que es una medida que adelanta esta etapa antes de la audiencia de juicio oral cuando se teme que la prueba se pierda, se altere o se dificulte su práctica en el curso del proceso.”Esta iniciativa busca recuperar el espíritu original del sistema penal acusatorio. Su objetivo principal es descongestionar el sistema judicial colombiano, reducir los tiempos de respuesta de los procesos penales y evitar continuar la prescripción de más de 43.000 casos que se han archivado en los últimos años”, explicaron desde el ministerio de Justicia, ahora en cabeza del secretario jurídico de Presidencia, Augusto Ocampo.Con el sistema actual, un fallo judicial puede tardar más de una década, lo que ha generado un embotellamiento tal que, por vencimiento de términos, muchos procesos terminan prescribiendo. Según cifras de la Judicatura, en 2024, cada día se cerraron en promedio 26 procesos penales en el país por prescripción.“Con esta reforma se espera que las sentencias se emitan en plazos de entre uno y doce meses, lo que también generará ahorros importantes para el Estado”, añadieron desde la cartera de Justicia.Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia