La Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga a 10 funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por posibles irregularidades en el manejo de pruebas relacionadas con la muerte del coronel Óscar Dávila, oficial de la Policía Nacional adscrito a la Casa de Nariño y hallado muerto en junio de 2023 en Bogotá.El coronel Dávila estaba vinculado al escándalo de interceptaciones ilegales a exempleadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro.Según investigaciones, Dávila coordinaba labores de inteligencia desde una oficina en el piso 13 de un edificio de la DIAN cercano a la Casa de Nariño, donde presuntamente se realizaron copias espejo de los teléfonos de las exempleadas sin orden judicial.Coronel Óscar Dávila fue encontrado muerto en 2023. Foto:Archivo particular.Además, fue señalado por el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de la Casa de Nariño, como quien habría ordenado la realización de una prueba de polígrafo a una de las exempleadas tras la desaparición de un maletín con dinero en la residencia de Sarabia.El dictamen oficial divulgado por Medicina Legal poco después del hecho concluyó que el coronel se había suicidado con el arma de su conductor, dentro de una camioneta oficial el 9 de junio de 2023 en la localidad de Teusaquillo en Bogotá.Las pruebas periciales indicaban que Dávila, de 42 años, se había disparado en la cabeza, y que no había signos de lucha ni intervención de terceros. La Fiscalía cerró el caso en su momento como un suicidio.Funeral del coronel Óscar Dávila en 2023. Foto:Archivo particular.Fuentes cercanas al proceso confirmaron que los 10 implicados —entre ellos peritos y técnicos forenses— están siendo indagados por presuntamente haber accedido al sistema con sus credenciales y conocido las pruebas, las cuales podrían estar viciadas, lo que pondría en duda los resultados.El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez Tamayo, señaló que se trata de 6 hombres y 4 mujeres entre profesionales forenses especializados, técnicos forenses y auxiliares forenses, quienes son investigados por posibles alteraciones en los informes técnicos que sirvieron de base para declarar el suicidio como causa oficial de muerte.Según la auditoría realizada por la Subdirección de Servicios Forenses, un total de 23 funcionarios ingresaron al caso, pero solo 12 tenían competencia funcional para hacerlo. Los otros 11, entre ellos un exfuncionario cuyo usuario seguía activo, habrían consultado el expediente sin justificación legal, en algunos casos simplemente por “curiosidad”.Los investigados son: Domingo Enrique Pérez Tovar, Jorge Alfonso Casas Martínez, Beatriz Eugenia Visbal Mora, Natasha Ariza Bello, Yuliet Alexandra Sánchez Rodríguez, Mónica Ivonne Garzón Pineda, Alejandro Salamanca Fonseca, Álvaro García Cardozo, Francisco José Calle Rúa y Diego Fernando Urbano Reyes. A todos se les decretaron pruebas para establecer si su acceso al sistema fue indebido.Por lo pronto, el caso, por el cual ya se realizó una indagación preliminar, está en manos de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.Aunque el Gobierno respaldó la versión oficial del suicidio, sectores políticos y organizaciones de derechos humanos han sostenido desde 2023 que la muerte del oficial merecía una investigación más profunda por el contexto político e institucional que rodeaba el caso.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.comMás noticias: