Las disidencias de ‘Iván Mordisco’ lanzaron varios drones cargados con explosivos contra instalaciones militares cercanas a la escuela rural Bello Horizonte, en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia (Cauca). Uno de los artefactos cayó dentro de un aula, dejando cinco menores de edad heridos y una mujer con lesiones de gravedad.Los explosivos fueron lanzados por presuntos integrantes del frente ‘Carlos Patiño’, uno de los grupos armados que mantienen presencia activa en esa región del sur del Cauca. Las seis personas heridas fueron trasladadas al centro de salud del corregimiento; los cinco menores, que presentaban aturdimiento por la onda explosiva, fueron dados de alta, mientras que la mujer tuvo que ser remitida a otro municipio.El ataque, ocurrido el 29 de octubre de este año, se produjo en una zona donde la confrontación entre las disidencias y la Fuerza Pública ha recrudecido durante los últimos meses, afectando directamente a la población civil. En Argelia y sus alrededores, los enfrentamientos, confinamientos, desplazamientos masivos y ataques con explosivos se han vuelto parte del día a día.El hecho ocurrido en El Plateado forma parte de un patrón de violencia persistente que tiene a Colombia como el cuarto país del mundo con más ataques a la educación.Operación de las Fuerza Pública en El Plateado. Foto:Suministrada por autoridadesUn ataque cada cuatro días desde 2017Según el informe del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre enero de 2017 y septiembre de 2025 se han documentado 913 ataques contra la educación en Colombia, con una tendencia general de aumento sostenido a lo largo del periodo.Los primeros años (2017–2019) registraron entre uno y dos ataques por semana, pero desde 2020 la situación se agravó, pues los casos se duplicaron, y en 2021 se presentó un incremento del 155 %, con 120 ataques equivalentes a uno cada tres días. El punto más crítico fue 2022, con 243 ataques, es decir, uno cada dos días. Aunque en 2023 hubo una reducción del 44 %, el número de incidentes volvió a crecer en 2025, con 125 ataques en los primeros nueve meses del año.En el ámbito internacional, con base en los datos del Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), Colombia ocupa el cuarto lugar mundial en número de ataques a la educación, solo por debajo de Palestina (1.055 casos), Ucrania (745) y la República Democrática del Congo (448). En el hemisferio occidental, el país ocupa el primer lugar, muy por encima de otras naciones de la región.Crece la alerta por el uso de escuelas con fines militares en zonas de conflicto. Foto:Archivo particularZonas más afectadasLos ataques se concentran en el 28 % del territorio nacional —312 municipios—, con especial gravedad en Cauca, Norte de Santander y Antioquia, que reúnen más de un tercio del total de casos. Las subregiones con mayor incidencia incluyen el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, el Catatumbo, el norte del Cauca, la costa pacífica nariñense, el Sarare y el Alto Baudó, zonas donde el conflicto armado sigue activo.El informe señala que el 85 % de los ataques ocurrieron en municipios con presencia de enfrentamientos entre grupos ilegales y la Fuerza Pública. En otras palabras, nueve de cada diez agresiones se producen en lugares donde la violencia nunca cesó o se reactivó tras la firma del Acuerdo de Paz.En estos territorios, las escuelas han sido destruidas o utilizadas con fines militares; las clases interrumpidas por enfrentamientos, y las comunidades obligadas a desplazarse o suspender el calendario académico. La violencia, concluye la UIA, crea un círculo vicioso, pues la falta de educación perpetúa la exclusión y la desigualdad, alimentando nuevas formas de violencia.Del total de hechos registrados, el 73 % corresponde a ataques directos contra estudiantes, docentes y personal administrativo, mientras que el 15 % son casos de destrucción parcial o total de escuelas. En conjunto, estas dos categorías concentran el 88 % de los incidentes documentados.El informe estima que 18.821 personas han sido víctimas directas de estos ataques. El 82 % son maestros y niños que debieron interrumpir su proceso educativo, y el 12 % pertenece a comunidades étnicas, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de la población infantil, rural, indígena y afrodescendiente.Además, los datos muestran una fuerte correlación entre los ataques a la educación y el reclutamiento forzado de menores. En 174 municipios se registran simultáneamente ambos fenómenos. Esto indica que en los periodos o territorios donde aumentan los ataques a escuelas, también lo hace la vinculación forzada de niños y niñas a grupos armados.Disidencias de las Farc. Foto:AFPDesde 2017, cada nueve días se ha registrado un ataque contra docentes en Colombia. En total, la UIA documentó 388 hechos de violencia contra educadores, principalmente en áreas rurales, donde los maestros no solo enseñan, sino que también ejercen liderazgo comunitario y son, en muchos casos, la única presencia estatal.El 79 % de los ataques se concentraron en zonas rurales y el 70 % ocurrieron en municipios con alta conflictividad armada. Las formas más comunes de agresión fueron las amenazas de muerte (45 %) y los homicidios selectivos (25 %). En regiones como el Catatumbo, el norte del Cauca y el Pacífico nariñense, enseñar se ha convertido en un acto de resistencia.Otro fenómeno alarmante documentado por la UIA es el de los grupos armados que actúan como “proveedores” de educación en zonas donde el Estado no tiene presencia. En al menos seis departamentos, disidencias y estructuras ilegales han construido o remodelado escuelas, entregado útiles escolares y organizado actos públicos de inauguración, utilizando la educación como instrumento de control social y adoctrinamiento.En marzo de 2022, por ejemplo, el Frente 33 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias John Mechas, inauguró una escuela en El Tarra (Norte de Santander) y repartió kits escolares para ganar simpatías comunitarias. En abril de 2024, el Frente Calarcá Córdoba abrió un instituto en San Vicente del Caguán (Caquetá) bautizado con el nombre de Gentil Duarte, en homenaje a su jefe abatido. Y en marzo de 2025, el Frente Jaime Martínez, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, entregó dos colegios en zonas rurales de Cauca y Valle del Cauca.Disidencias de las Farc. Foto:Policía NacionalPara la UIA, estos episodios ilustran un “dilema de sustitución estatal” en regiones donde el Estado no llega con servicios básicos, los grupos armados llenan el vacío y se posicionan como actores de poder local, incluso en el ámbito educativo.El informe propone un conjunto de medidas de justicia restaurativa y reparación colectiva, entre ellas la reconstrucción de escuelas destruidas, becas para hijos de docentes asesinados, programas psicosociales para niños desescolarizados y la creación de “Universidades para la Paz” en los territorios más afectados.También recomienda incluir la prohibición expresa de los ataques a la educación en futuros ceses al fuego* y la creación de programas de protección social para familias víctimas de desescolarización forzada.La JEP subraya que las agresiones contra escuelas y docentes deben ser reconocidas como crímenes graves y que proteger la educación es una condición esencial para la paz. “Proteger la escuela significa proteger el futuro”, concluye el informe.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com