Las autoridades mantienen bajo lupa a al menos 514 estaciones de servicio en diez departamentos del país, que a la fecha no han presentado el certificado de carencia de antecedentes por narcotráfico exigido por el Gobierno nacional. EL TIEMPO conoció en primicia que lo anterior llevó a que el Gobierno les bloqueara a las gasolineras el acceso a combustible, como parte de una estrategia estatal para contener el desvío de gasolina y diésel hacia actividades ilegales como el procesamiento de hoja de coca y la minería no autorizada.En diálogo con este diario, Julián Flórez, director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, explicó que las medidas se definieron luego de un trabajo articulado entre el Gobierno y organismos de inteligencia. “Hemos evidenciado, a través de consultorías y análisis de inteligencia de las Fuerzas Militares, que hay una interrelación entre el incremento de cultivos ilícitos y el consumo de combustibles, principalmente gasolina corriente. También se ha identificado un aumento en el uso de diésel vinculado a actividades de minería ilegal”.El Mindefensa identificó que la gasolina y el diésel se han convertido en insumos fundamentales para estas economías ilegales. En el caso del procesamiento de coca, su uso está ligado a la transformación de la hoja en pasta base, mientras que el diésel se utiliza en el funcionamiento de maquinaria pesada en zonas de minería sin regulación. Ante esta situación, se diseñó un plan con tres líneas de acción para cortar el suministro de combustibles que puedan estar siendo desviados hacia fines ilícitos.Circular expedida por el Gobierno. Foto:CortesíaUna primera línea de acción consistió en la exigencia del certificado de carencia de antecedentes por tráfico de estupefacientes, expedido por el Ministerio de Justicia. Esta medida, explicó Flórez, busca verificar que quienes operan en la cadena de distribución de combustibles no tengan vínculos con estructuras criminales. “Todos los agentes deben radicar el certificado vigente o demostrar que ya lo solicitaron. Es un documento anual exigido para quienes trabajan con productos susceptibles de ser usados en el procesamiento de sustancias controladas”.La circular que dio origen a esta obligación fue firmada en abril de 2025 por los ministros de Justicia, Defensa y Minas. Pese al tiempo transcurrido, 514 estaciones aún no han cumplido con el requerimiento, lo que motivó una segunda etapa de control más severa. “Desde el 4 de julio se ordenó el bloqueo del suministro a todas las estaciones que no habían entregado el certificado. Se trató de una medida de choque, como respuesta a la falta de cumplimiento”, afirmó Flórez.Julián Flórez Quiroga, director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas. Foto:CortesíaEn total, de un universo de 2.900 estaciones en los diez departamentos priorizados: Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.Y aunque inicialmente se bloquearon 855 puntos, a la fecha hay 514, entre ellas 102 en Nariño, 94 en Bolívar y 60 en Antioquia. Estas tres regiones concentran la mayor cantidad de puntos bajo restricción.El funcionario del Ministerio de Minas explicó que no se han detectado señales de urgencia por parte de estas estaciones para restablecer el suministro. “Eso nos da un indicio de que posiblemente no están usando el combustible para su actividad comercial regular. Si realmente tuvieran una demanda legítima, ya habrían presentado el documento”, señaló.La medida esta activa desde inicios de julio pasado. Foto:Istock.Como segunda medida, el Gobierno implementó una guía digital de transporte de combustibles, la cual reemplazó la guía física que tradicionalmente acompañaba a los conductores. A través de esta herramienta, que se consulta en tiempo real por medio de dispositivos móviles, las autoridades pueden verificar la trazabilidad del combustible desde su origen hasta su destino final. “Capacitamos a las autoridades en carretera para el uso de esta guía digital. Así evitamos que el combustible se desvíe durante su transporte”, explicó Flórez.Una tercera estrategia se aplicó particularmente en el departamento de Nariño. Allí se estableció una nueva ruta de abastecimiento que evita el uso de la vía terrestre entre el Valle del Cauca y Pasto, y privilegia el transporte marítimo entre Buenaventura y Tumaco. Con esta medida, el combustible llega a un punto que puede ser vigilado más fácilmente por la Armada Nacional. “Desarrollamos un nuevo plan de abastecimiento y habilitamos la sociedad portuaria de Tumaco como planta mayorista. A la fecha, ya se están enviando 5 millones de galones mensuales por esta vía marítima”, precisó el funcionario.El Gobierno advierte que si los dueños de las estaciones no presentan el certificado exigido, se avanzará hacia la cancelación de su licencia como distribuidoras. “Emitiremos un acto administrativo para retirar el registro de las estaciones que no cumplan. Esto implica que ya no podrán operar ni abastecerse de combustibles”, anunció Flórez.Personas capturadas por tráfico de combustible. Foto:archivo particularOtras medidasLa vigilancia, sin embargo, no es exclusivamente documental. Mientras se realiza el cruce de información, los equipos del Ministerio de Minas están desplazándose a las estaciones para realizar verificaciones técnicas. En paralelo, las Fuerzas Militares y de policía ejecutan acciones de control territorial. “Nosotros verificamos que cumplan los requisitos técnicos como distribuidores, mientras las autoridades judiciales y policiales investigan si se están desviando los productos a economías ilegales”, agregó.El diagnóstico que sustentó la estrategia se basó en estudios del Ministerio y reportes de inteligencia militar. En departamentos como Nariño, Norte de Santander y La Guajira se detectó una densidad de estaciones de servicio per cápita muy superior a la esperada. “Tenemos más estaciones en Nariño que en ciudades como Bogotá o Medellín. Eso no se explica por el consumo interno ni por la población. Son indicios de que puede haber un desvío sistemático del producto”, dijo Flórez.En Nariño hay varias de las estaciones bloqueadas. Foto:ParticularEl combustible en estas regiones, además, tiene un precio reducido por ser zonas de frontera. De acuerdo con la Ley de Fronteras, estos territorios están exentos del pago de impuestos nacionales y aranceles, lo que reduce su costo. Esta medida fue diseñada para competir con los precios de Ecuador y Venezuela y desincentivar el contrabando. Sin embargo, el menor precio también puede estar facilitando el acceso del combustible a estructuras criminales.Las autoridades reconocen que también en zonas no fronterizas como el sur de Bolívar o algunas zonas de Antioquia existen patrones de consumo atípicos. En estos casos, se sospecha del transporte irregular de combustible desde zonas con beneficios fiscales hacia mercados internos, con el fin de obtener ganancias indebidas. “Podría haber casos en los que se transporta combustible desde Nariño hacia ciudades como Cali, para venderlo con sobreprecio. Eso es contrabando técnico”, explicó Flórez. LEA TAMBIÉN En cuanto a la frontera con Venezuela, el Ministerio aseguró que el contrabando ha disminuido significativamente. “Gracias a los precios diferenciales establecidos por la ley y al cambio cultural sobre la calidad del combustible colombiano, el paso ilegal desde Venezuela se ha reducido”, señaló.A pesar de estos avances, el monitoreo continúa. Flórez aseguró que la estrategia se mantendrá activa mientras se revisa caso por caso el cumplimiento de las estaciones bloqueadas. “Cada vez que llega un certificado, levantamos el bloqueo. Pero si no lo hacen en los próximos días, avanzaremos con la cancelación del registro”, concluyó.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: