Encabezada por la representante del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta, una comitiva de funcionarios del Congreso realizó el pasado 12 de noviembre una inusual inspección judicial a la sede del Consejo de Estado. La congresista de la Comisión de Acusaciones pidió revisar y descargar los expedientes de dos procesos de nulidad sobre los que falló la Sección Quinta —uno contra la elección del gobernador de San Andrés y el otro, contra la del alcalde de Calima Darién, en el Valle— además de dos tutelas falladas por la Sección Segunda.La inspección, a la que la representante llevó a su equipo de prensa, fue ordenada en el marco de una denuncia contra magistrados de la Sección Quinta, que decide sobre asuntos electorales, por supuesta corrupción. Nicolás Gallardo, gobernador de San Andrés y Providencia Foto:ArchivoEs la misma Sección que ha tumbado varias curules del Pacto Histórico, entre ellas la del exsenador Roy Barreras, exesposo y mentor político de Arizabaleta. Son los mismos consejeros que también han declarado la nulidad de varios embajadores y cónsules nombrados por el presidente Gustavo Petro porque no cumplen con los requisitos para el cargo. Funcionarios del Consejo de Estado señalaron además que el tono y actitudes de la comitiva del Congreso fueron hostiles.De la decena de denuncias que investiga la Comisión de Acusaciones, hay al menos cinco relacionadas con supuestas irregularidades en el proceso de nulidad electoral de Nicolás Gallardo, gobernador de San Andrés, avalado por el partido Liberal y coavalado por Cambio Radical, el Partido Conservador, Centro Democrático, Mira y Colombia Justa Libres.Una fue radicada por la Misión Archipiélago de San Andrés y señala que, en el trámite de la demanda de nulidad electoral por doble militancia —presentada por el ciudadano Cesar Daniel Castro y que por reparto fue asignada al despacho de Ómar Barreto— supuestamente le pidieron al gobernador 12 mil millones de pesos por un fallo favorable. La elección de Gallardo —que sigue atornillado al cargo a través de polémicos recursos judiciales— fue declarada nula desde el pasado 3 de abril, hecho que en principio echaría por tierra la denuncia.Sin embargo, esta sostiene que, días antes de proferirse el fallo, fueron enviados al despacho del gobernador y a la sede del Partido Liberal, en Bogotá, dos sobres sellados con las ponencias de la sentencia: una que lo salvaba y otra que lo tumbaba. Según el denunciante, esta última es casi idéntica a la que profirió la Sección Quinta. Ambos documentos, dicen fuentes del proceso, fueron autenticados para preservar su cadena de custodia en el momento en que sean requeridos por la Comisión.Consejo de Estado. Foto:Jesús BlanquicetOtra denuncia, interpuesta por Miguel Ángel Mora, enumera los cambios entre la sentencia definitiva y uno de los documentos enviados a la isla y a la sede política.“Solo se pueden verificar los siguientes cambios: en el punto 94, la sentencia final adiciona una consideración; en el punto 116 hay un cambio no sustancial al final de la oración; en el punto 157, la sentencia final incorpora una nueva consideración; lo mismo ocurre en el punto 159. Del 162 al 167 se trata de consideraciones adicionales incluidas en la sentencia final. El resto del fallo se mantiene igual en su forma y contenido”, dice Mora.El fallo contra Gallardo lo firmaron los magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil y Gloria María Gómez. El consejero Luis Alberto Álvarez, actual presidente del Consejo de Estado, no votó porque tenía incapacidad médica.Este diario contactó al gobernador Gallardo, pero no obtuvo respuesta. La oficina jurídica del Partido Liberal, por su parte, señaló que, cuando sea citada en el proceso contra los magistrados, allegará a la Comisión de Acusaciones las pruebas correspondientes.La supuesta estrategia dilatoria y el atornillamiento del gobernadorEn el Consejo de Estado aseguran que las denuncias en contra de sus magistrados son usuales cada vez que se profiere una decisión que toca intereses políticos. Fuentes de la magistratura defendieron su actuación, asegurando que las pruebas anexadas a la demanda de nulidad no dejaban margen de duda: en campaña, Gallardo apoyó a Delford Brackman Ortíz y Luis Torres James, candidatos a la Asamblea departamental del Nuevo Liberalismo, que también se sumó a su candidatura pero a través de la figura de adhesión.”Quienes aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular no podrán apoyar a candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al que estén afiliados. En este caso, quedó debidamente demostrado que el Partido Liberal, al cual pertenece el demandado, tenía su propia lista para la Asamblea Departamental, por lo que su apoyo debía ser para estos candidatos. La adhesión del partido Nuevo Liberalismo no lo eximía de esta obligación”, dijo el alto tribunal en la sentencia. LEA TAMBIÉN De igual forma cuestionaron “una serie de maniobras dilatorias de la defensa del gobernador que hoy, siete meses después de proferida la sentencia, aún lo tienen atornillado en el cargo”. Por lo que consideran que la denuncia penal hace parte de este arsenal jurídico para controvertir la decisión.Según el expediente digital, la defensa del mandatario presentó una aclaración de la sentencia; posteriormente interpuso un recurso contra el fallo de aclaración y, después, recusó a los magistrados de la Sección Quinta. El caso fue trasladado a la Sección Primera para que decidiera sobre la recusación, que terminó siendo negada. Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación. Foto:Prensa Gloria ArizabaletaTambién presentaron una tutela, alegando la vulneración de derechos fundamentales, que fue negada por la Sección Segunda, decisión por la que igualmente denunciaron a los magistrados ante la Comisión de Acusaciones.La representante Arizabaleta, asimismo, tiene actualmente un proceso de pérdida de investidura en curso en el Consejo de Estado. Ese expediente está en manos del magistrado William Edgardo Barrera Muñoz, de la Sección Tercera, y el pasado 18 de noviembre fue enviado a despacho para sentencia.Un hecho que también fue criticado por el exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez. “Llama la atención la celeridad con que se abren estas investigaciones (en esa célula) si se compara con la habitual lentitud cuando se trata, por ejemplo, de acusaciones contra presidentes –Petro no es el único– investigados por distintos hechos en ocasiones vinculados a la financiación de sus campañas. Habría que averiguar si algunos de los “acuciosos” ha tenido o tiene amigos políticos o allegados afectados por esas decisiones”, escribió en su columna del pasado miércoles.La defensa del gobernadorA lo largo del trámite de la demanda de nulidad electoral, la defensa tanto del gobernador Gallardo como del Partido Liberal han alegado supuestas irregularidades por las cuales se interpuso una tutela y que también están recogidas en las denuncias por presunto prevaricato contra los magistrados.La primera apunta a una supuesta indebida aplicación normativa en la reforma de la demanda, que validó la adición de nuevos cargos y pruebas —entre estas los videos que fundamentaron la anulación— por fuera de los tiempos reglamentarios. Los demandados también señalaron que se violó el debido proceso al no haber sido notificados por aviso, así como en la fijación del litigio y en la participación del pueblo raizal en su lengua nativa.“La Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió deliberadamente en una omisión constitucional estructural al no garantizar el uso y la traducción del proceso de nulidad electoral al idioma creole, que es la lengua oficial en el Archipiélago”, alegó la defensa. LEA TAMBIÉN Por este último hecho, el magistrado Jorge Edison Portocarrero, de la Sección Segunda, a quien le correspondió por reparto la tutela contra la decisión de los magistrados de la Quinta, decretó el 8 de agosto de 2025, como medida cautelar, la suspensión de los efectos del fallo y permitió la participación en creole de los intervinientes.“Como antes se dijo, negar a los raizales la posibilidad de cuestionar, ante el juez de amparo constitucional, una decisión que presuntamente fue adoptada en un escenario caracterizado por barreras de acceso y que, se acusa, tiende a afectar sus derechos a la identidad cultural, igualdad material y acceso a la administración de justicia, equivaldría a mantener, en sede de tutela, la exclusión alegada en el proceso ordinario”, señaló el magistrado en su su salvamento de voto, tras presentar una ponencia que amparaba los derechos tutelados que fue derrotada.Acusación contra Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia