Aunque en los últimos dos meses y 10 días desde varios frentes, especialmente desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, se siguen lanzado versiones sobre la poderosa estructura criminal que estuvo detrás del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, la hipótesis más fuerte para la Fiscalía sigue siendo la misma que los investigadores se plantearon apenas días después del atentado del pasado 7 de junio: que ‘Iván Mordisco’, el enemigo público número uno del país, fue actor clave en el complot que segó la vida del precandidato presidencial del Centro Democrático. LEA TAMBIÉN Después de una intensa lucha por sobrevivir a las heridas de bala en la cabeza, el senador falleció en la Fundación Santa Fe en la madrugada del pasado lunes. Las imágenes de los tres días de cámara ardiente en el Capitolio Nacional y el sepelio en el cementerio Central de Bogotá devolvieron a los colombianos a los 10 meses de terror, entre agosto de 1989 y abril de 1990, cuando una tenebrosa alianza entre la mafia, grupos paramilitares y agentes del Estado asesinó a tres candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.Tumba de Miguel Uribe Turbay Foto:John Pérez / EL TIEMPOLa investigación no tiene aún una línea concluyente, pero la Fiscalía avanza sobre varias certezas que, al menos hasta ahora, parecen incontrovertibles. La primera, que a Miguel Uribe Turbay lo mataron por ser una figura de altísimo perfil político. Reconocido como una de las cabezas de la oposición en el Congreso, Miguel Uribe Turbay estaba en plena carrera por quedarse con la candidatura presidencial de su partido, el Centro Democrático. Por los días del atentado, su principal objetivo era atajar el fallido ‘decretazo’ con el que el gobierno Petro pretendió imponer su consulta popular.Como lo ha venido diciendo el primer mandatario, incluso con amenazas de demanda para quienes afirmen lo contrario, en el expediente no hay ningún indicio que vincule directamente a su gobierno con el atentado contra uno de los senadores más representativos del uribismo. Pero, a diferencia de sus declaraciones que eximían de responsabilidad al esquema, los investigadores siguen analizando cómo las fallas en el anillo de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía fueron aprovechadas por el joven sicario, como quedó registrado en centenares de cámaras y celulares. LEA TAMBIÉN Así, que el crimen buscaba enviar un claro mensaje de un poder criminal capaz de tocar a uno de los líderes políticos del país y que, como en el 89-90, las entidades encargadas de proteger a las personas más amenazadas fallaron –el protegido está muerto–, son líneas de base del caso. Todo esto, en medio de un polarizado ambiente en el que el lenguaje agresivo desde muchos sectores, empezando por el presidente Gustavo Petro, que sigue sin desescalar incluso ahora que el senador Uribe Turbay ha muerto como consecuencia del atentado de hace seis semanas.No existen evidencias sobre la posible participación de este grupo (Eln). Tampoco hay indicios de movimientos de dinero desde el extranjero para financiar el magnicidio.La investigación criminal más importante que se desarrolla en Colombia en este momento está a cargo de un equipo de la Fiscalía y la Policía que supera los 200 expertos. EL TIEMPO conoció que en el expediente por el que ya hay seis capturados, incluido el sicario, por ahora no hay indicios sólidos que apunten ni al Eln ni al ‘zarco Aldinever’ y su ‘Segunda Marquetalia’.“No existen evidencias sobre la posible participación de este grupo armado ilegal”, aseguró una fuente que conoce el proceso respecto al Eln, guerrilla a la cual apuntó esta semana el Gobierno Nacional. El martes lo hizo el presidente Gustavo Petro al asegurar que el móvil habría sido económico, y después se sumó el ministro Pedro Sánchez, quien salió a respaldar a su jefe afirmando que no se puede descartar a ese grupo ni a ninguna otra red narcotraficante. Este diario conoció que, tras una denuncia instaurada por la representación de víctimas contra el ‘Zarco’, fueron llamados a aportar pruebas 14 funcionarios que han señalado su responsabilidad.Miguel Uribe Londoño; el ‘Zarco Aldinever’; y el consejo de seguridad en cabeza del presidente Petro Foto:Archivo particularEn efecto, el abanico de posibles grupos relacionados al magnicidio sigue abierto. Ninguno se ha descartado por completo, pero la que los investigadores consideran la pista más sólida es el nexo entre Élder José Arteaga, alias el Costeño o ‘Chipi’, con las redes sicariales que manejan las disidencias de ‘Mordisco’ en el Caquetá.Arteaga, ya capturado, fue el coordinador de la logística del atentado. En la investigación aparece que además de su extenso prontuario en el delito común también hizo parte de los anillos de seguridad de ‘Iván Mordisco’ en el Caquetá, departamento que es clave en la preparación del ataque y hacia el que pretendían moverse varios de los partícipes en el plan. El perfil criminal de este hombre ligado a redes dedicadas al microtráfico y sicariato en Bogotá y Medellín demuestra, según los investigadores, cómo las disidencias de las Farc y, en general todos los grupos armados, tienen cada vez más mayores vasos comunicantes con la delincuencia común que opera en las zonas urbanas. LEA TAMBIÉN Otra consideración en el caso es que esos grandes grupos, que en diferentes lapsos se beneficiaron de los polémicos ceses de fuego de la ‘paz total’, en los últimos años lograron hacer crecer sus capacidades criminales como para planear, y perpetrar, un magnicidio. Si la cadena criminal de este caso termina en un perfil como el de ‘Mordisco’ o uno de sus pares o si hay algún sector por encima de ellos sigue siendo la mayor pregunta sobre el asesinato que hoy sacude el país.Una pregunta clave en este frente es qué pasará si la investigación concluye que alguno de los señores de la guerra y el narcotráfico que siguen con asiento en la ‘paz total’ o logran recuperarlo antes de que termine este gobierno participaron en el magnicidio. Alias ‘Calarcá’, que en 2021 atentó contra el avión del entonces presidente Iván Duque, hoy goza de los beneficios de la ‘paz total’. ¿Se repetiría esa historia en el caso de Miguel Uribe si las bandas que hoy están por fuera de las negociaciones deciden volver a hablar con el comisionado de Paz?La Fiscalía avanza con el empleo de todos los recursos técnicos, científicos y operativos, a la vez que rechaza la filtración de elementos materiales probatorios.Fiscalía General de la Nación.En los avances del caso conocidos por este diario no aparecen tampoco pistas sobre la famosa ‘junta del narcotráfico’, hacia la cual también apuntó el presidente Petro como cerebro detrás del crimen con el fin, supuestamente, de desestabilizar su gobierno. Su comentario parte de labores de inteligencia hechas en los últimos meses, si bien el propio director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, admitió en una entrevista con este diario que la misma existencia de esa ‘junta’ de narcos con sede en Dubái aún no se ha determinado plenamente. Una fuente enterada resaltó que hasta ahora “no hay indicios de movimientos de dinero desde el extranjero a Colombia para financiar el magnicidio”.Víctor Mosquera, apoderado de la familia de Uribe Turbay y quien ha estado al frente del proceso judicial, también aseguró que no hay indicios que le den sustento, al menos por ahora, a esa versión. “Considero que son afirmaciones nebulosas y sin evidencia. Hemos hecho nuestras propias indagaciones para verificarlo y, por ahora, son invenciones. No hay forma de conectar ese concepto de la ‘junta del narcotráfico’ con este caso. Se ha pedido apoyo a otros gobiernos; el presidente Petro mencionó vínculos con Italia y Albania, y se hicieron las solicitudes correspondientes. Pero no veo cómo esas teorías puedan sostenerse en un proceso judicial. Por eso le pido al Presidente que, si tiene pruebas, las presente formalmente y no solo en discursos”, le dijo a este diario el abogado.Tumba de Miguel Uribe Turbay Foto:John Pérez / EL TIEMPO y Andrés Barrios en InstagramHasta el momento, los seis judicializados son Arteaga, Cristian Camilo González, Katerine Andrea Martínez, William Fernando González, Carlos Eduardo Mora y Sebastián, el sicario de 15 años. Con sus capturas se cerró la primera etapa del caso.Desde la Procuraduría –que acompaña el proceso penal– afirman que “la investigación avanza con pasos seguros de los autores materiales a los determinadores”. Insisten en que es clave que las filtraciones y los comentarios no obstaculicen el trabajo de los fiscales.En la mira de las autoridades están otras dos personas que, según las fuentes consultadas, están en un nivel superior en la planeación del atentado, en lo que los investigadores llaman ‘intermediarios’ entre los gatilleros y los determinadores.Con miles de horas de video y de llamadas intervenidas y el rastreo de movimientos financieros se avanza en el proceso, que en las últimas semanas se ha visto afectado porque tres de los capturados parecen haber cambiado su intención de colaborar con la justicia. Ese hecho, las filtraciones que en un primer momento llevaron a la fiscal Camargo a sacar del proceso a la Dirección de Inteligencia y a la Unidad de Protección y las hipótesis sin sustento lanzadas a la opinión pública son palos atravesados en la rueda de la investigación que, aseguran sin embargo los responsables, no lograrán detenerla. LEA TAMBIÉN Los siguientes pasos en las pesquisas siguen apuntando hacia Caquetá y hacia los negocios de la ‘oficina de cobro’ (sicariato) del ‘Costeño con las redes de ‘Iván Mordisco’. Concretamente, lo que se investiga es si la plata utilizada para la logística del atentado vino de ese entorno a través de un lavador de dinero que ya habría sido identificado. Además de los antecedentes del ‘Costeño’ como parte de la seguridad de ‘Mordisco’, en el expediente aparecen los de Carlos Eduardo Mora, ‘el Veneco’, quien conducía el Spark gris que se usó el día del ataque en Modelia, y su proceso por tráfico de armas en el Caquetá, así como los contactos que pretendían usar para lograr protección en las disidencias una vez se cometió el atentado.Honras fúnebres del senador y precandidato Miguel Uribe. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO Foto:MAURICIO MORENODesde la representación de las víctimas han pedido que no se descarte ninguna línea de investigación, incluso la de Ecuador. Aunque la hipótesis de que la orden hubiese venido desde otro país ha perdido fuerza, se busca esclarecer a qué respondieron los más de cinco viajes a ese territorio de uno de los procesados, y por qué el segundo menor de edad que habría sido contactado para ejecutar el crimen –y que se entregó a las autoridades para luego abandonar el ICBF–, cruzó esa frontera después del atentado.La familia de Miguel Uribe ha pedido también que la Fiscalía acepte apoyo de agencias de inteligencia, especialmente de Estados Unidos y del Reino Unido, que ya en el pasado prestaron apoyo en la investigación de otros crímenes que han sacudido el país. Puntualmente, el gobierno del presidente Donald Trump ha manifestado en todos los escenarios su disposición a brindar esa colaboración y su exigencia por que la plena identidad de los responsables sea establecida y que se actúe en consecuencia.Precisamente, un día antes del ataque, el precandidato se reunió para hablar de seguridad y narcotráfico con el Encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara. Entrevista con Víctor Mosquera Foto:Redacción Justicia