El país seguía esperando respuestas sobre cómo al menos medio centenar de disidentes de ‘Mordisco’ y sus carros armados con rampas de cilindros pudieron llegar, sin ser detectados, hasta Buenos Aires y por qué los 17 policías de ese municipio caucano –ubicado a menos de 70 kilómetros de Cali– tuvieron que esperar más de seis horas para recibir refuerzos, cuando la guerra volvió a golpear, esta vez, en el sur del país.Por otro lado, en Aguachica, Cesar, el puerto sobre el río Magdalena que divide la ruta hacia la costa Atlántica o hacia el Catatumbo. Allí, el Eln cerró con el asesinato de siete soldados y la destrucción de una base militar un nuevo paro armado que dejó también muertos y heridos en Cali y en Santander.Destrucción e incertidumbre viven los habitantes de Buenos Aires, Cauca. Foto:JUAN PABLO RUEDADos duros golpes en dos extremos del país y con menos de 72 horas de diferencia. Dos nuevas demostraciones de fuerza de los grupos armados ilegales, a los que el presidente Gustavo Petro respondió anunciando la declaración de urgencia manifiesta para, dijo, invertir más de un billón de pesos en sistemas antidrones. También advirtió de la eventual descabezada de mandos militares.“El llamado a los mandos del Ejército en la zona será para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires (…). Las órdenes de protección en Buenos Aires y en la parte alta de la cordillera occidental en Cauca y Valle fueron dadas hace semanas. Cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos”, advirtió.No sería la primera vez que los generales terminen pagando con sus cabezas las derrotas en terreno. De hecho, el mayor golpe criminal contra la Fuerza Pública en este gobierno, el asesinato de 13 policías antinarcóticos en Anorí, Antioquia, fue la razón argumentada por Petro para su tercer remezón en la Dirección de la Policía, de la que sacó al general Carlos Fernando Triana en octubre pasado.Pero detrás del crítico momento de orden público y de seguridad que vive el país, advierten los analistas, hay mucho más que problemas de mando y liderazgo.Los capítulos de esta semana, que devolvieron a los colombianos a escenas que no se veían hace más de 20 años –grupos de criminales mandando y destruyendo durante horas un casco urbano, sin mayor preocupación frente a la reacción de las fuerzas del Estado– forman parte de una larga saga de retrocesos cuyos efectos cumulados se están sintiendo cada vez más, y no solo en las regiones.Destrucción e incertidumbre viven los habitantes de Buenos Aires, Cauca. Foto:JUAN PABLO RUEDACon casi 190 militares y policías asesinados en 2025 –la cifra más alta en una década–, la Fuerza Pública y el país están sintiendo los estertores de la política de ‘paz total’, que fue utilizada por todos los grupos criminales para crecer tanto en número de integrantes (pasaron de 15.000 a 25.000 desde el 2022) como en zonas de influencia. De hecho, los ataques criminales que más uniformados muertos han dejado en todo el cuatrienio –el de Anorí y el ataque a un pelotón en Guaviare que dejó 7 soldados asesinados– fueron perpetrados por las disidencias de ‘Calarcá’, que supuestamente sigue en negociaciones con el gobierno Petro y que está señalado de haber infiltrado al Ejército y a la polémica Dirección Nacional de Inteligencia.El poder criminal de ‘Mordisco’ se multiplicó gracias a la ‘paz total’, pues en aras de unificar mesas de diálogo el Gobierno permitió que ese capo se consolidara como jefe de las bandas disidentes que hoy asuelan a Cauca y el Valle. Y aunque los cuestionados ceses de fuego que marcaron la primera fase de la política de paz tuvieron que levantarse y el Gobierno ha vuelto a utilizar los bombardeos para atacar a los mayores grupos criminales, la operatividad de la Fuerza Pública sigue, según varias fuentes, por debajo de la magnitud de la amenaza, por lo menos frente a algunas organizaciones.El registro de operaciones ofensivas de la Fuerza Pública muestra crecimientos con respecto a 2024. En el caso de ‘Mordisco’, las operaciones pasaron de 1.031 a 1.026, incluidos varios bombardeos. En el caso de la ‘Segunda Marquetalia’, pasaron de 319 a 354; y contra el ‘clan del Golfo’, de 1.574 a 1.721 acciones y operativos.A pesar de acciones como la de Aguachica y de que fue el responsable de la mayor crisis humanitaria de las últimas décadas con sus masacres de comienzos de año en el Catatumbo, el Eln no ha estado en la mira de la Fuerza Pública: las acciones en su contra crecieron (de 231 a 411), pero están lejos de las realizadas contra otras estructuras criminales que han tenido menor impacto en la violencia. Y pasa algo similar con las disidencias de ‘Calarcá’. Mandos de la Policía y del Ejército admiten en voz baja que en los últimos años las capacidades para golpear a los grupos criminales y el poder de sus jefes se han visto disminuidas o restringidas como efecto de las directrices de la ‘paz total’.El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el atentado en Aguachica. Foto:Archivo particularLa crisis internaEn la toma de Buenos Aires, que quedó destruido (ver notas anexas), quedaron en evidencia los flancos más débiles del aparato de seguridad del país. Hacia las 5 y 30 de la mañana del martes 16 de diciembre, decenas de guerrilleros llegaron desde varios flancos para atacar la estación de Policía, defendida apenas por 17 agentes. Previamente habían instalado trampas explosivas en las dos carreteras pavimentadas que llegan al municipio. Fueron más de siete horas de destrucción en las que los policías resistieron la lluvia de ‘tatucos’ y de balas mientras esperaban que aparecieran los refuerzos que pidieron desde el primer momento.Eso solo pasó sobre las dos de la tarde, a pesar de que Buenos Aires está a menos de hora y media de Cali por carretera y de que en esa ciudad está la base aérea Marco Fidel Suárez, la más importante del suroccidente del país y desde las que los helicópteros artillados habrían podido llegar en poco menos de 15 minutos. De hecho, fue la aparición del primer helicóptero la que forzó la huida de los delincuentes de ‘Mordisco’, que tuvieron tiempo hasta de amenazar al sacerdote del pueblo para que pidiera, a través del megáfono, la rendición de los policías. Ellos se negaron y su heroica resistencia es hoy un ejemplo para el país.Problemas de mal clima (que no son evidentes en los videos que en tiempo real hicieron los habitantes de Buenos Aires) y las dificultades para enviar por carretera las tropas sin caer en nuevas emboscadas son las explicaciones dadas por los militares.Las investigaciones internas están en marcha. El hecho claro es que la capacidad de reacción y el poder aéreo que hasta hace menos de cinco años seguían siendo fortalezas de las Fuerzas Militares y que en su momento llevaron a la derrota militar de las Farc no aparecieron a tiempo en Buenos Aires.“Perpetrar una toma armada en pleno día y a tan poca distancia de Cali y de su base aérea va más allá de un simple golpe para tratar de desalojar a la Policía o para mover cargamentos: es un desafío de las disidencias de ‘Mordisco’ y una demostración de poder”, dice el analista y exconsejero de paz del Valle Diego Arias.“No se entiende aún muy bien la tardanza y la precariedad de la respuesta de la Fuerza Pública (…). Todo esto remite a graves limitaciones de capacidades materiales, tecnológicas operativas y de recurso humano para reaccionar, a lo cual habría que sumar un déficit de inteligencia táctica, porque ni la planeación ni los preparativos para una acción de este tipo por parte de un grupo ilegal deberían pasar inadvertidos”, cuestiona Arias.Destrucción e incertidumbre viven los habitantes de Buenos Aires, Cauca. Foto:JUAN PABLO RUEDAEn los últimos años, el Gobierno decidió salir de muchos de los más curtidos oficiales de inteligencia de todas las fuerzas, a muchos de los cuales señalaba de supuestos seguimientos ilegales contra las campañas políticas de Gustavo Petro en 2018 y 2022. Los resultados de esa purga se ven en la falta de anticipación frente a la reaparición de amenazas supuestamente superadas, como las tomas de pueblos o el regreso de los magnicidios políticos.“Lo de Buenos Aires no debería discutirse en términos de ‘si el Estado estaba’, sino de cuánto tardó en convertir presencia en respuesta efectiva. Esa brecha de tiempo es la que aprovechan las estructuras ilegales: no solo disparan, también envían un mensaje de mando. Confinan a la gente, imponen silencio y dejan instalada la sensación de que la institucionalidad llega cuando ya pasó lo peor”, señala Luis Eduardo Saavedra, experto en seguridad y asuntos estratégicos. Al menos diez viviendas resultaron afectadas y ocho policías quedaron heridos durante los enfrentamientos.Habitantes de Buenos Aires señalan que los disidentes siguieron disparando y destruyendo mientras en lo alto podía verse sobrevolar el ‘avión fantasma’ del Ejército, que supuestamente no pudo prestar mayor apoyo por las mencionadas dificultades climáticas.“La aviación del Ejército está completamente disminuida”, dicen generales retirados consultados por este diario. También advierten que la eliminación de las Fuerzas de Tarea Conjunta creadas en el 2011 y que fueron claves en la guerra contra las Farc está pasando factura en la efectividad contra los blancos de alto valor.A las dificultades ya conocidas en la flota de helicópteros por líos de mantenimiento y repuestos -esta semana fueron capturados un coronel de la Aviación del Ejército y otros responsables del contrato de los rusos MI-17, claves para el transporte de tropas– se suma un factor que incide en el control territorial, como lo reveló esta semana un informe de este diario.Desde el 2021, la Fuerza Pública ha perdido un 13 por ciento de sus efectivos: pasó de 459.695 en 2021 a 402.228 en 2025, siendo el Ejército el arma más afectada por la pérdida de pie de fuerza. “No es solo el número de soldados que no se reemplazan, sino sus capacidades. Por edad de retiro o decisión propia se han ido muchos soldados profesionales, de los más curtidos en la guerra contra las Farc. Esa pérdida se nota en las operaciones en terreno”, admitió un oficial consultado por este diario.En el Cauca, denunció el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, los disidentes se replegaron una vez aparecieron los helicópteros y su confundieron rápidamente entre la población civil. Esa táctica y el hecho de que ninguna persona hubiera alertado a las autoridades sobre el movimiento de carros y tropas de la disidencia pueden dar cuenta de hasta dónde los violentos han logrado intimidar o cooptar a las comunidades en las zonas del país donde el control que mantenían hace años se disparó gracias a las gabelas obtenidas en la ‘paz total’. Es un poder que se refleja en las asonadas contra capturas u operaciones antinarcóticos y en el regreso de las protestas para tratar de sacar a la Policía de pueblos y corregimientos en varios departamentos.“Las asonadas son un frente crítico para la acción de la Fuerza Pública y frente a ellas no se ha encontrado aún una respuesta adecuada”, señala Arias. Las judicializaciones por secuestro de militares y policías poco asustan, porque los procesos no avanzan.Destrucción e incertidumbre viven los habitantes de Buenos Aires, Cauca. Foto:JUAN PABLO RUEDADrones, más letalesEn su ‘paro armado’ de 72 horas, el Eln perpetró más de 90 acciones terroristas en nueve departamentos, entre ellos el asesinato de dos policías en Cali. Y cuando se suponía que había terminado la amenaza, uno de sus frentes atacó la base ubicada en zona rural de Aguachica, en el Cesar. Una vez más, la inteligencia no detectó la amenaza y, por el contrario, los guerrilleros del Eln parecen haber aprovechado una fuga de información, pues sabían que esa escuela de formación militar no tenía sistemas de protección antidrones. El saldo de siete militares asesinados y 28 heridos representa uno de los cinco peores golpes recibidos por el Estado en lo que va de esta administración.Arias y otros analistas advierten que además de los problemas internos –que tienen que ver con decisiones tomadas desde el alto gobierno–, es claro que cada vez más todos los grupos ilegales están aprovechando mejor tanto la instrumentalización de poblaciones como el uso de drones para atacar a militares y policías y para mantener bajo el temor a los habitantes de las zonas donde delinquen.Aunque se han destinado ya millonarias partidas para la adquisición de inhibidores y otras tecnologías de prevención, y aunque las gobernaciones y alcaldías han apoyado con su plata esas compras, los drones están cada vez más presentes en las acciones de los violentos. Por eso el presidente Petro empezó a hablar de la urgencia manifiesta.“Otros teatros de operaciones, como Ucrania, dejan evidencia clara: la defensa efectiva exige detección temprana de drones, guerra electrónica, protocolos de dispersión y refugios; y una doctrina que asume que el ataque puede venir desde arriba, sin aviso”, dice un general (r) de la Fuerza Aérea. Y agrega que los esfuerzos realizados, incluso el trámite de un proyecto de ley para restringir el comercio y uso de drones, siguen siendo insuficientes frente a la amenaza.El profesor César Niño, de la Universidad Militar Nueva Granada, considera que los hechos de esta semana evidencian un problema estructural. “Hay una grave crisis de capacidades tanto estratégicas como tácticas para controlar el territorio colombiano”, afirma. Una mirada que coincide con la del experto en seguridad Hugo Acero, quien advierte que los grupos armados ilegales han tomado la iniciativa, especialmente con el uso de drones cargados con explosivos, mientras la Fuerza Pública permanece a la defensiva.Redacción Justicia