Las universidades privadas de prestigio, ante el cambio: “El foco está en la calidad” | Educación

La expectación reina entre las universidades del país después de que el presidente Pedro Sánchez anunciase el pasado lunes medidas encaminadas a endurecer los criterios para crear nuevos campus ante la proliferación de entidades educativas de dudosa calidad. Aunque la normativa sin carácter retroactivo afectará a las futuras privadas y públicas por igual —hoy hay 46 y 50, respectivamente—, las 10 que aguardan el informe de la Conferencia General de Política Universitaria, que reúne al Ministerio de Ciencia y a los gobiernos autonómicos, pertenecen al sector privado, que va camino de ser mayoritario en España. En este grupo, muchas universidades tienen una larga y sólida trayectoria, como la de Navarra o la Ramon Llull (URL) de Barcelona. Por ello, este diario se ha interesado en saber qué piensan al respecto. De las cuatro que han querido dar su opinión —tres han declinado participar—, todas hacen una valoración positiva de la reforma, aunque con alguna reserva.El rector de la URL, Josep Antoni Rom, razona que “la falta de financiación que sufren las públicas las ha debilitado y ha favorecido la aparición de privadas para llenar huecos descubiertos”. Lo comenta en referencia a la situación que vive Madrid. El presidente Sánchez se mantiene crítico con el panorama. “Una universidad no puede ser una máquina expendedora ni convertirse en un chiringuito educativo”, dijo esta semana.Hay proyectos que se pretenden instalar en una planta de un edificio de oficinas y en polígonos, otros presentan un aval de 3.000 euros. Si el ritmo de creación no se frena, en unos meses las universidades que no son de titularidad pública serán mayoría y con una calidad en tela de juicio en muchas ocasiones.Rom explica que “una de las claves de la continuidad y la supervivencia de las privadas es ubicarse en un lugar donde la oferta pública sea débil”, además del renombre. La Administración no abre ningún campus desde 1998, la Politécnica de Cartagena. Mientras, el sector que no es de titularidad estatal, puso en marcha 31 en este lapso.“Los parámetros de calidad tienen que ser muy altos para que un alumno decida pagar los precios de una matrícula elevada, cuando puede estudiar en una pública”, a juicio de Rom. El rector insiste en que si alguien decide costear una privada es por el prestigio que la acompaña, pero realmente muchos estudiantes recurren a esta opción al no alcanzar la nota de corte exigida para acceder a los grados que desean. Solo un puñado, como la Ramon Llull, son contempladas como primera opción.Los alumnos inscritos en másteres privados son la mayoría y hay más estudiantes de primero de Medicina en Madrid, pagando hasta 23.000 euros por curso, que en los campus públicos, donde los costes rondan los 1.240 euros anuales.Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ―fundación privada con precios públicos, que imparte formación online―, valora de forma positiva la reforma, que espera ver la luz en mayo. Con la nueva normativa, las universidades a distancia serán autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales al ser implantadas en todo el territorio nacional.Fitó cree que la modificación del decreto “solucionará una anomalía que se produce en España al no ser los informes de las agencias de calidad vinculantes, algo que no sucede en el resto de Europa”. Lo que propone el Gobierno es añadir un informe preceptivo, y esta vez sí vinculante, que debe realizar la agencia de evaluación ANECA o sus homólogas autonómicas. La rectora piensa que la decisión “es buena para el conjunto del sistema” porque favorecerá la confianza ciudadana en la valía de los campus.La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en un acto de apoyo a la universidad pública, el pasado marzo en Escuelas Pías de la UNED, en Madrid.Pablo MongeAdemás, ve adecuada la modificación legislativa, ya que “es una manera de garantizar que las iniciativas que se pongan encima de la mesa tengan realmente una vocación universitaria”. Exigir que exista una contribución en tres de las cinco ramas del conocimiento, que haya un mínimo de 4.500 estudiantes y que se garantice la actividad investigadora le parece “de lo más natural”. A su juicio, una universidad que no investiga no debe ser considerada como tal, porque su función es “generar y transmitir conocimiento”.Josep Antoni Rom reconoce que la reforma responde a un cambio de paradigma en el sector. Explica que “en la última década se ha producido una dinámica difícil de imaginar hace unos años”, en la que se ha incrementado mucho la demanda en educación superior, especialmente en los másteres.“Nadie puede poner en duda que se ha mercantilizado con la educación”, añade Fitó. Para ella, el cambio en el decreto no resultará una ofensiva. “La titularidad pública y privada hay que dejarla al margen del debate porque no tiene nada que ver en este asunto. El foco está en la calidad y en el negocio”, defiende.Rom explica que España es un polo de atracción de alumnos extranjeros, especialmente de Sudamérica, y cuando hay demanda, aparecen empresas y fondos de inversiones que ven en la educación superior una oportunidad de hacer negocio. “Nadie había pensado hace unos años que esto iba generar beneficio. Lo que nos ha pasado es que la realidad nos ha adelantado y ahora es urgente cambiar la normativa”, confiesa.En un ejercicio de memoria, el rector de la URL —universidad nacida en 1990 de la concentración de varias escuelas, como Esade, y otras con más de un siglo de historia— abunda que en España, al principio, existieron escuelas universitarias privadas, que a partir de la década de los 80 empezaron a ser universidades y aparecieron otras nuevas, pero sin ánimo de lucro. “Entonces, no se veía la educación superior con visión mercantilista”, apunta. Todo cambia en la última década, cuando “la alta demanda atrae a las empresas, que la ven como una fuente de ingresos”.La virtual Universidad Abierta de Europa es la decimocuarta privada que se pretende abrir en Madrid, a pesar de que cuenta con un informe negativo, preceptivo pero no vinculante, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Diez comunidades, siete gobernadas por el PP, también votaron en contra del proyecto.En el prestigioso ranking de Shanghái, la clasificación universitaria internacional más conocida del mundo, que posiciona un total de 1.000 entidades y valora en gran medida los méritos científicos, consiguen entrar 36 universidades españolas, aunque solo hay una privada, la de Navarra, propiedad del Opus Dei y conocida por su apuesta en la investigación. Ahora esta estudia el borrador del cambio en el real decreto.A ella pertenecen la escuela de negocios IESE y la consolidada Clínica Universidad de Navarra. “Como entidad investigadora, sin ánimo de lucro y con más de 70 años, la adaptación a las diferentes medidas y normativas forma parte de nuestro trabajo, y que el sistema universitario español sea de calidad y competente es muy importante para nosotros. Es algo, sin duda, en beneficio de todos”, defienden fuentes de esta universidad en relación a las nuevas medidas.El rector de la Internacional de Catalunya (UIC) —privada y también vinculada al Opus Dei—, Alfonso Méndiz, se muestra más reticente. Por un lado, aplaude el objetivo de “poner coto a las universidades que se plantean como negocio”. Por otro, considera que el decreto vigente, elaborado con Manuel Castells al frente del ministerio en 2021, ya es exigente y duda del alcance que tendrá la modificación.Comenta que los nuevos requisitos de mantener un equilibrio entre docencia e investigación ―la UIC es la segunda privada con más producción científica por profesor, tras Navarra― o de contar con el informe positivo de las agencias de calidad, no siempre son cumplidos por las universidades ya existentes. Según recalca, “incluso, alguna de la pública”.Asimismo, cree que en este proceso hubiera sido conveniente escuchar a la conferencia de rectores (CRUE). Estos se han estado reuniendo con el ministerio todo un año, pero han conocido el texto final por escrito tras pasar el trámite de urgencia por el Consejo de Ministros esta semana.Los cargos académicos más altos de las universidades de Deusto, Pontificia Comillas y Mondragón, todas ellas privadas, rechazan hablar sobre este asunto con EL PAÍS, que les ha contactado por ser entidades sin ánimo de lucro, con una larga tradición y un buen posicionamiento en rankings nacionales. Operan como fundaciones, lo que les fuerza a reinvertir las ganancias en el campus. Según la ministra de Universidades, Diana Morant, cumplen “con creces” los requisitos del decreto.La CRUE, que aúna a las 50 universidades públicas y a 27 de las 46 privadas, se pronunció este jueves para mostrar su rechazo a la apertura de nuevos campus a pesar de contar con evaluaciones desfavorables. Insiste en la importancia de asegurar la calidad académica con financiación suficiente y reitera su preocupación ante la proliferación de iniciativas creadoras de nuevos centros sin una verdadera consideración de las necesidades reales del sistema español.“Ataque injusto”La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) ―integrada, entre otras, por la Universidad Europea y Alfonso X El Sabio, en manos de fondos de inversión, o el centro adscrito CESUGA, con un informe contrario del ministerio para su apertura en Galicia― manifiesta en un comunicado que las palabras del Gobierno “son un ataque injusto e injustificado a unas instituciones que han demostrado ser clave en la mejora de la calidad educativa y en la empleabilidad de los jóvenes españoles”.Recuerda que han conseguido matricular a más de 350.000 alumnos y que crecen cada año por encima del 10% con “cifras sobresalientes” en los indicadores de calidad y con una tasa de abandono muy reducida. Reconoce que la investigación es más intensa en las universidades públicas “porque cuentan para ello con fondos” de la Administración.Tras su modificación, el decreto exigirá obtener contratos de investigación equivalentes al 2% del presupuesto anual y demostrar garantías de solvencia económica. Las universidades privadas van a tener que aportar mucha más información. Hasta el momento, el ministerio, en muchas ocasiones, desconoce con qué presupuesto cuentan y los precios de sus estudios.Para el rector Josep Antoni Rom, la futura normativa debe servir de paraguas protector al sector con la intención de disuadir las diferencias de criterios que aplicaban las autonomías a la hora de conceder permisos de apertura a los campus privados: “Es legítimo crear universidades, la cuestión es que los estudios deben estar regulados por unas pautas cualitativas”.