En plena discusión final de la reforma laboral en el Senado y a pesar de las graves advertencias sobre las implicaciones políticas y jurídicas del paso, el presidente Gustavo Petro y sus ministros firmaron ayer el ‘decretazo’ que convoca a una consulta popular para el próximo 7 de agosto.Aunque el mismo jefe de Estado y su ministro de la política, Armando Benedetti, aseguraron ayer que el decreto podría echarse para atrás si el Congreso aprueba finalmente una reforma laboral que satisfaga las exigencias del Ejecutivo, la sola expedición de ese acto jurídico-administrativo provocó una cascada de reacciones que se traducirán en demandas. No solamente contra el mismo decreto, sino contra los funcionarios del Ejecutivo que lo firmaron, empezando por Petro.Debate de la reforma laboral – firma consulta popular Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO – @petrogustavo“El presidente Petro hasta ahora ha tomado la decisión de hacerlo (expedir el decreto), pero estamos buscando que el Senado de la República apruebe lo que viene a la Cámara, que no es de propiamente el Gobierno, sino de un consenso”, dijo Benedetti.Este condicionamiento fue considerado por los congresistas como un ‘chantaje’. “Golpe nada blando. Burdo chantaje”, dijo la senadora Angélica Lozano. En diálogo con EL TIEMPO, la congresista aseguró que es un “abuso de poder y una violación de la Constitución. Es la fábula del pastorcito mentiroso. Tanto que habló de golpe blando el Presidente durante dos años y es él que lo da”.Siguiendo la controversial tesis del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el Gobierno argumenta una supuesta excepción de inconstitucionalidad para desconocer la votación negativa del Senado a la consulta y saltarse el camino previsto por la ley para ese tipo de disputas: una demanda ante el Consejo de Estado.La consulta incluye 12 preguntas, según el decreto del presidente. Foto:Presidencia y captura redes socialesEl presidente Petro también remitió el decreto a la Corte Constitucional, si bien desde varios sectores hay convicción de que será el Consejo de Estado la instancia llamada a conocer, desde el primer momento, la polémica actuación del Ejecutivo.“Ya está lista la demanda de nulidad y la denuncia contra todos los ministros. No vamos a permitir que usted extorsione al Congreso y al país, tampoco que pase por encima de la constitución y la ley”, advirtió el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño. Así mismo, la senadora Paloma Valencia ya denunció por prevaricato ante la Fiscalía a los ministros que firmaron.La convocatoria es un reto al poder legislativo y judicial. Desde diferentes sectores han advertido sobre una violación a la separación de poderes y una extralimitación presidencial al desconocer una decisión del Senado que goza de plena presunción de legalidad y al no acudir ante la Rama Judicial para atacar la vigencia de esa actuación.Expectativa por ‘decretazo’ de la consulta. Foto:ArchivoEl Gobierno argumenta en su decreto cinco supuestos vicios de trámite en la votación de la plenaria: “omisión de la proposición sometida a votación”; “cierre arbitrario e irrazonable de la votación”; “modificación del voto tras el cierre del proceso de votación”; “discrepancias entre el número de senadores presentes y los votos efectivamente emitidos” y “omisión en el trámite de la apelación presentada contra el cierre de la votación”. Renglón seguido, sostiene que esos supuestos hechos invalidan el resultado de la votación del 14 de mayo y asume que se venció el plazo fijado para que el Congreso conceptuara, lo que –de nuevo según su argumento– lo facultaba para decretarla.“Los defectos ocurridos y advertidos no son irregularidades formales aisladas o de simple trámite sino yerros insubsanables que afectaron de manera sustancial el proceso de formación de la voluntad del Senado (…) En este caso, acudir a la excepción de inconstitucionalidad es urgente y necesario para conjurar un daño a la democracia y alos mecanismos de participación popular”, dice el decreto, que tiene la firma de cuatro ministros encargados.La canciller Laura Sarabia y el minminas Edwin Palma están de viaje, y Montealegre –el padre de la polémica tesis– no ha asumido el ministerio de Justicia. Tampoco firmó la ministra de Ambiente, Lena Estrada, sino su reemplazo.¿Quién revisaría el decreto de la consulta popular del Presidente? Foto:Archivo“El Pueblo soy yo; el Estado soy yo; la Constitución soy yo. Salto triple al populismo, al totalitarismo y al autoritarismo”, opinó el exprocurador Fernando Carrillo tras la firma del ‘decretazo’, el 0639 del 2025.Control previo o posteriorEl presidente Petro remitió el decreto a la Corte Constitucional, que según el Gobierno es la única instancia válida para revisar su fuerza legal. Es una tesis rebatida por importantes juristas que, en esencia, buscaría un control posterior a la realización de las votaciones, que es el camino que hasta ahora ha adoptado ese tribunal en el análisis de exequibilidad de las consultas (que además no opera automáticamente, sino por demanda). “En el caso de la consulta popular del orden nacional, el control es posterior al pronunciamiento de la ciudadanía”, agrega el decreto, que remarca que el control a la ‘convocatoria’ para la ‘realización’ de una consulta “está constitucionalmente reservado a la Corte Constitucional”.¿No podría entonces el Consejo de Estado conocer de una demanda contra el decretazo’? Para el abogado Ramiro Bejarano, lo que ha hecho el presidente Petro con la firma de todos sus ministros es un acto administrativo y lo juzga la jurisdicción contenciosa. “Este decreto no tiene control automático de la Corte. El Gobierno lo está haciendo así para darse un ropaje de legalidad que sabe que no tiene, al decir que convoca esto con base en que considera la excepción de inconstitucionalidad de lo que hizo el Senado”, aseguró.Este es el balance que dejó el sismo del 8 de junio Foto:La responsabilidad ahora recae sobre el Registrador, quien tiene que decidir si acata la convocatoria hecha por el Presidente –que no cumple lo ordenado por el artículo 104 de la Carta Política– o si se atiene al concepto negativo del Senado que se oficializó en el acta de Secretaría, que también le fue remitida.Fuentes cercanas a esa entidad señalaron que ante la disyuntiva legal, uno de los caminos que se contemplan es elevar la inédita situación ante la Sala de Consulta del Consejo de Estado, cuyo dictamen no obliga pero es considerado en el mundo de lo público como un seguro de legalidad.Sara Valentina Quevedo – Redacción Justicia