La Corte Constitucional admitió para estudio una demanda de inconstitucionalidad que busca tumbar el Memorando de Entendimiento firmado el 17 de julio de 2025 entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, mediante el cual se crea la denominada “Zona Económica Binacional de Desarrollo, Paz y Unión”. La acción fue interpuesta por un ciudadano con base en el Decreto Ley 2067 de 1991 y los artículos 40 y 95 de la Constitución, al considerar que el acuerdo vulnera principios constitucionales, procedimientos legislativos y normas internacionales. El magistrado José Fernando Reyes Cuartas será el encargado de estudiar la demanda contra la iniciativa del Ejecutivo que ha generado controversia.Corte Constitucional admite demanda contra zona binacional entre Colombia y Venezuela Foto:Archivo ParticularEl memorando, suscrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República, contempla mecanismos de cooperación binacional en temas de desarrollo económico, comercio, seguridad, infraestructura e integración territorial. Asimismo, el memorando señala que “no limita ni condiciona las decisiones soberanas que cada país adopte respecto a sus políticas de ordenamiento territorial, incentivos o instrumentos de desarrollo económico”.En ese sentido, las actividades se ajustarán a las leyes y reglamentos nacionales de las partes, las cuales asumirán sus propios costos derivados de la cooperación.El presidente Gustavo Petro respondió a los reparos sobre la creación de la zona binacional. Foto:PresidenciaSin embargo, el demandante sostiene que, debido a la naturaleza y el alcance de sus cláusulas, este instrumento equivale a un tratado internacional y, por lo tanto, debía haber sido aprobado por el Congreso y sometido a control previo de constitucionalidad, como ordenan los artículos 150, 189 y 241 de la Carta Política.El demandante argumenta que el acuerdo debió pasar por el Congreso y ser revisado por la Corte Constitucional antes de su entrada en vigor, “tal como establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la jurisprudencia de la propia Corte (sentencias C-400/98 y C-379/16)”.También sostiene que la cooperación con un régimen señalado por la ONU, la OEA, la CIDH y Human Rights Watch por violaciones sistemáticas de derechos humanos contradice los principios del artículo 1 de la Constitución y la esencia misma del modelo democrático colombiano.Colombia y Venezuela presentaron la zona económica binacional. Foto:Presidencia / EFE / El TiempoSe cuestiona, además, que el memorando no ha sido publicado oficialmente en la Gaceta Oficial ni en los canales institucionales de la Cancillería, “lo que violaría el artículo 74 de la Constitución y la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014), impidiendo que el Congreso y la ciudadanía ejerzan control político y judicial sobre el acuerdo”.El documento contempla posibles escenarios de cooperación operativa con fuerzas de seguridad venezolanas, lo que, a juicio del demandante, podría poner en riesgo la autonomía militar del país y afectar comunidades fronterizas en zonas críticas como el Catatumbo, Arauca y La Guajira.El demandante también advierte que, aunque el gobierno lo presenta como un acuerdo “no vinculante”, su implementación práctica podría tener efectos jurídicos y operativos directos, razón por la cual solicita que la Corte realice un control preventivo de constitucionalidad.La Corte Constitucional estudiará ahora los argumentos y pedirá conceptos a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Presidencia. Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com