El nombre de Carlos Ramón González no solo ha generado tensiones judiciales. En el ala diplomática se desató una polémica debido a que el prófugo por la supuesta participación en el escándalo de la UNGRD, obtuvo una residencia en Nicaragua con la ayuda del funcionarios de la Embajada colombiana en ese país, que ahora estarían expuestos a consecuencias legales.Noticias RCN dio a conocer el jueves los documentos oficiales que soportan la residencia y que vuelven a poner en el radar a González, exjefe del Dapre y una de las personas que ha hecho parte del círculo más íntimo del presidente Gustavo Petro, a quien conoce desde su paso por el M-19. A pesar de que la Cancillería y Petro salieron a decir que no han autorizado gestión alguna para favorecer a González, los oficios evidenciarían que sí hubo trámites de diplomáticos colombianos que en dos oportunidades, ayudaron a obtener la residencia del hombre a quien la Fiscalía quiere que envíen a la cárcel. Al parecer es el cerebro del escándalo de corrupción en la UNGRD, en el cual habría ordenado entregar 4.000 millones de pesos en coimas a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, a cambio de que favorecieran con sus votos al Gobierno. El exdirector del Dapre Carlos Ramón González Foto:Archivo particularDe González se sabía que el año pasado salió del país, pese a que le había dicho a la Fiscalía que su arraigo estaba en Bogotá. No obstante, la entidad utilizando un rastreo a la IP del celular del prófugo, alcanzó a detectar el 21 de mayo que su paradero sería Managua, la capital nicaragüense. Ese reporte lo dio a conocer la fiscal María Cristina Patiño justo en la audiencia de imputación por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, que González no aceptó. Ese día, mientras en el Tribunal de Bogotá se realizaba la diligencia, se habría tramitado en Nicaragua la prórroga a la residencia del hoy prófugo.Fiscalía rastreó IP del celular de Carlos Ramón González. Foto:Archivo particularLas dos solicitudes de residenciaLos documentos dan cuenta de que el exjefe del Dapre está en Centroamérica desde el 5 de noviembre del año pasado, y que el 16 de diciembre consiguió la residencia, la cual solicitó renovar el 21 de mayo.La excanciller Laura Sarabia salió a resaltar, al igual que el presidente Petro, que ella no tuvo nada que ver: “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”, escribió en X.El ex embajador de Nicaragua León Fredy Muñoz. Foto:Archivo particularPara diciembre, el embajador era León Fredy Muñoz, hoy senador por la Alianza Verde. En diálogo con EL TIEMPO dijo que se remitía a lo explicado oficialmente por la Cancillería, y que su gestión en Nicaragua fue hasta el mes de febrero: “Creo que eso (el pedido de residencia) se hace en mayo”, puntualizó.Tras su salida, el diplomático en Managua pasó a ser Óscar Muñoz, actual Encargado de Negocios que habría estado para el momento de la solicitud de prórroga a favor de Carlos Ramón González.EL TIEMPO consultó a expertos para preguntarles si León Fredy Muñoz y Óscar Muñoz cometieron alguna conducta ilegal en caso de ayudar a tramitar la residencia del judicializado, sin la respectiva autorización de la Cancillería.María Cristina Patiño, fiscal a cargo del caso UNGRD. Foto:Archivo ParticularEl abogado Fabio Humar dijo que de comprobarse que intervinieron, los embajadores “sin duda cometieron un delito”, refiriéndose al cargo de abuso de función pública, contemplado en el Código Penal. De hecho, añadió que también podrían haber incurrido en faltas disciplinarias.Por su parte, el abogado Julián Quintana resaltó que la intención de González con la obtención de la residencia fue evadir la justicia. “La cronología es reveladora: el trámite se realizó justo antes de que se concretara la captura, buscando encubrir el objetivo. Adelantarse a la orden judicial no es una excusa válida; un embajador no está para urdir artimañas diplomáticas ni para burlar las decisiones de los jueces”, manifestó.Para el penalista, si se expidió una residencia es porque hubo un plan orquestado para ello, y en consecuencia “tanto la ley interna como los tratados internacionales ratificados por Colombia, obligan a sancionar a cualquier funcionario que facilite la evasión de la justicia. Esto no es diplomacia, es protección deliberada a un fugitivo”.Sede de la UNGRD. Foto:Archivo particularAhora, el abogado Diego Gutiérrez indicó que por el mero hecho de González haber sido imputado el mismo día que solicitaron la prórroga, no se cometió un delito. “Se realizó en el marco legal y no se trasgrede ninguna ley, máxime que cuando se tramitó dicha solicitud, él mismo se encontraba en libertad y no pesaba ninguna orden de captura en su contra. Así en apariencia no sea bien visto dicho actuar, no existe prohibición para realizarlo”.La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se hizo a inicios de junio, y en ella el Tribunal de Bogotá le dio la razón a la Fiscalía enviando a prisión a González. El ente acusador ya le solicitó a Interpol que expida circular roja para detenerlo a nivel internacional, pero la solicitud no ha sido contestada desde Lyon, donde quedan las oficinas centrales. Es por ello que si actualmente lo capturan en el extranjero, la medida no está en firme y quedará libre.Carlos López y Juan Sebastián Lombo – Justicia y Política