Una oleada de indignación y desconfianza en la justicia desató la decisión del juez 74 penal municipal de control de garantías, quien dejó en libertad a nueve miembros de la banda Los Rolex. Pese a que la investigación —cuyo costo ascendió a 100 millones de pesos, según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán— contaba con un sólido material probatorio, de acuerdo con la Fiscalía, la justicia optó por no imponer medida de aseguramiento a los presuntos delincuentes. ¿Quiénes fallaron?En el grupo de acusados había coordinadores, conductores, pistoleros y receptadores, todos miembros de un poderoso grupo delincuencial que se especializaba en robar, de forma violenta, relojes de alta gama. Diez meses duró la investigación que permitió ordenar la captura y desarticulación de la banda que, aunque tenía su centro de operaciones en Medellín, extendía sus tentáculos a seis ciudades principales: Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Pereira.Según la Fiscalía, el material probatorio incluía cientos de horas de grabación de cámaras de seguridad que destapaban los roles de cada uno de los presuntos miembros. Asimismo, una veintena de entrevistas y denuncias de víctimas en las que se detallaba su modus operandi, con el que, mediante asaltos a mano armada y a bordo de motocicletas, lograban arrebatarles lujosas pertenencias valoradas en aproximadamente 600 millones de pesos.Los hombres, conocidos con los alias de Sangre (presunto cabecilla y el único al que mandaron a la cárcel), ‘Zapata’, ‘Juan’, ‘Milton’, ‘Yohany’, ‘Óscar’, ‘Hamilton’, ‘Montoya’, ‘Sebastián’, ‘Miguel, Tamayo’, ‘Jefry’, ‘Pirata’ y otro ‘Juan’, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, receptación y tráfico de estupefacientes. Ninguno aceptó los cargos.El juez justificó su decisión de no imponer medida de aseguramiento a los acusados alegando un supuesto vacío en la vinculación de algunos alias, especialmente los receptadores de la mercancía, con los atracos. En su exposición de motivos, sostuvo que “no representan un peligro para la sociedad”.Este fallo, no obstante el grueso expediente de algunos de los presuntos criminales. Por esta razón, la Comisión de Disciplina Judicial abrió una investigación en contra de la autoridad judicial.Los pecados de la justiciaPara identificar los baches, es clave entender el recorrido del sistema judicial en delitos de alto impacto. La investigación comienza con la Policía, que junto con la Fiscalía recopila el material probatorio necesario para solicitar la captura de los presuntos delincuentes.Una vez detenidos, el ente acusador los presenta ante un juez de garantías, quien, conforme al Código de Procedimiento Penal, debe decidir si impone medida de aseguramiento o los deja en libertad mientras avanza el proceso penal. Para fundamentar su decisión, analiza no solo las pruebas presentadas por la Fiscalía, sino también los antecedentes de los imputados, un factor de gran peso.Para el exfiscal Francisco Barbosa, “en estos casos de repercusión, donde hay crimen organizado, debe disponerse de grupos especiales de investigación y fiscales de apoyo. Si esos casos quedan al vaivén de un solo fiscal, pueden desembocar en este tipo de decisiones judiciales y la connotación que tienen frente a la ciudadanía es muy grave. El juez puede aducir vacíos probatorios y contrariar la petición del fiscal”.El Código de Procedimiento Penal, además, es un código garantista. Todas las personas presentadas ante el juez son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz, este principio obliga a la Fiscalía a realizar un riguroso trabajo de sustentación, ya que, si un juez ordena la detención de una persona sin pruebas suficientes, podría incurrir en prevaricato. Sin embargo, no lo exime de posibles fallas. “En este caso, observo que todos tenían antecedentes penales, por lo que pudo haber incurrido en una irregularidad al dejarlos en libertad, aunque vinculados al proceso. Pero si el juez cometió un delito, existe una instancia superior en materia disciplinaria que lo investiga, la Comisión de Disciplina Judicial, que fue la que abrió la investigación”.La lección que deja este episodio, según los expertos consultados, es la necesidad de una articulación bien aceitada para que, al presentar a los acusados ante el juez de garantías, los delitos y sus agravantes queden plenamente demostrados.”Si la Fiscalía sustenta bien el caso, el juez ordenará la detención. Estas instancias son parte de un engranaje y, si una falla, todo el sistema se ve afectado. En este caso, aún falta que se resuelva la apelación de la Fiscalía y la investigación de la Comisión de Disciplina Judicial”, agregó Quiroz. Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia