La decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de renovar por un año el mandato de la Misión de Verificación en Colombia, pero con una reducción de sus funciones, abrió una ola de preocupación entre organizaciones de víctimas acreditadas ante la JEP.La misión ya no podrá verificar las sanciones restaurativas ni hacer seguimiento al capítulo étnico del Acuerdo de Paz, y se concentrará únicamente en la reforma rural, la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad. Tras esta decisión, el jefe de la misión, Miroslav Jenča —quien llegó al cargo el 23 de octubre— se reunió con varias organizaciones para explicar los alcances de la Resolución 2798. “Las visiones de las víctimas sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz son esenciales para nuestra tarea. Están en el centro del acuerdo y de la construcción de paz en Colombia. Seguiremos acompañándolas en este camino”, señaló.Los reparos de las víctimas acreditadas ante la JEP ante la misión de verificación de la ONU. Foto:ONU.Este miércoles, las organizaciones aprovecharon el espacio para exponer sus reparos. Sebastián Velásquez, representante de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL), explicó que la invitación fue dirigida a grupos acreditados ante la JEP -entre ellos Mil Víctimas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Cajar y Funvides- y que cada una tuvo cerca de diez minutos para intervenir.“Apoyamos la misión, pero deploramos que se haya limitado el mandato, específicamente en la verificación del cumplimiento de las sanciones”, dijo.Aseguró que insistieron en que la ONU debe abrir el diálogo a más organizaciones y advirtió un vacío sobre quién asumirá ahora la verificación: “No se sabe si ACNUR u otra agencia del sistema de Naciones Unidas. Eso no está claro”. También alertó sobre la falta de recursos del Gobierno para financiar los trabajos, obras y actividades restaurativas (TOAR). “Las víctimas no han sido el centro del acuerdo: no hay verdad plena, no hay reparación efectiva y la búsqueda de desaparecidos ha sido infructuosa en estos años”, afirmó.Por su lado, Antonio José Ochoa Peralta, director jurídico de Funvides, presentó un diagnóstico similar. Señaló que, aunque el acuerdo está cerca de cumplir nueve años y la JEP casi ocho, el conflicto persiste e incluso se ha multiplicado. “El 6 de enero se publicó que ahora hay ocho conflictos armados. Salimos de un conflicto negociado con las Farc y ahora se tramitan ocho. Eso se debe a que no se ha implementado el acuerdo”, expresó. Los reparos de las víctimas acreditadas ante la JEP ante la misión de verificación de la ONU. Foto:ONU.Según Ochoa, Funvides ha presentado nueve informes víctimas ante la JEP y ninguna ha recibido verdad. A su juicio, el tribunal pasó de ser una herramienta para facilitar la paz a convertirse en un obstáculo. Cuestionó además aspectos de la sentencia del macrocaso 01, particularmente la participación de exintegrantes de las FARC en la búsqueda humanitaria de desaparecidos: “Es absurdo que quienes se llevaron a las personas las busquen. Ellos no deben buscar; deben devolver”.Desde la Corporación MilVíctimas, Guiovanna Ortega Ávalos calificó como “muy preocupante” que la Misión de Verificación haya perdido la facultad de monitorear sentencias de la JEP, justo cuando acaban de emitirse decisiones en los macrocasos 01 y 03 con órdenes específicas que requieren verificación, incluidas las relacionadas con la relación directa con las víctimas. “¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a medir? Para la víctima, que queda en el aire, esto es lo más grave”, señaló. Ortega aseguró que la decisión del Consejo de Seguridad tiene “muchos matices políticos” y que la misión reconoció que no fue un voto unánime. También pidieron revisar problemas de igualdad y estigmatización en la jurisdicción, especialmente hacia militares y policías víctimas.La misión, según relató, explicó que la resolución incluye un último párrafo que podría permitir gestiones adicionales de verificación, pero aún están revisando cómo implementar esa posibilidad y si habrá recursos. Sobre el nuevo delegado, dijo que llegó con expectativas, quiere conocer a las organizaciones y está preocupado porque el Acuerdo ya no es una política de Estado: “Al no serlo, se complica la situación, pero seguirán garantizando el acompañamiento”.Por su lado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que el nuevo alcance de esa misión no pone en riesgo la verificación y cumplimiento de las primeras sentencias condenatorias impuestas por el Tribunal para la Paz al último secretariado de las Farc y a 12 militares retirados.“En la práctica, esta decisión no afecta el monitoreo y la verificación de las Sanciones Propias. Durante los últimos años, de la mano de la Misión, diseñamos un mecanismo riguroso que combina trabajo en terreno con tecnología avanzada para registrar información en tiempo real, mientras los comparecientes realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, desminado y otras acciones restaurativas fijadas en las sentencias”, señaló el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com