Superada, al menos por ahora, la más reciente protesta indígena en las calles del centro de Bogotá, perviven interrogantes muy serios acerca de cómo pueblos que históricamente han sido víctimas de negación de derechos pasan cada vez con mayor frecuencia por encima de los derechos de los otros colombianos a la hora de imponer sus reivindicaciones.Las razones de los más de 2.000 indígenas que llegaron desde el sur del país y se tomaron por varios días la plaza de Bolívar son materia de discusión. En esencia, le exigen al gobierno del presidente Petro que les dé el generoso tratamiento que reciben entidades como la Onic y el Cric, organizaciones indígenas del Cauca que siempre responden a los llamados ‘a la calle’ del jefe de Estado y que han recibido, según denuncias de varios medios, contratos directos por más de 300.000 millones de pesos en los últimos tres años.En medio de esa puja, en la madrugada del jueves pasado, un grupo de indígenas encapuchados trató de quemar un bus de TransMilenio y atacó a piedra a los gestores de convivencia de la Alcaldía y a los policías que trataban de recuperar el orden y la movilidad. El gesto gallardo de uno de los líderes de la minga de pedir disculpas a los bogotanos y sus excusas (habló de supuestos infiltrados) no deben ser óbice para que las autoridades cumplan con su deber de investigar y sancionar a quienes utilizan las vías de hecho para tratar de forzar sus peticiones, sin importar el grado de legitimidad que estas tengan.Hasta ahora, no se conoce que la Fiscalía haya avanzado en la individualización de los vándalos (que se refugiaron en los cambuches instalados en la plaza de Bolívar ante el avance de la Fuerza Pública) ni en la investigación de la indebida utilización de niños, que se ha vuelto otro mal recurrente en este tipo de movilizaciones.Pero, más grave aún, no parece haber mayor afán en esclarecer las múltiples denuncias por abusos sexuales y explotación de mujeres y niños para la mendicidad que se vieron en la larga toma de los emberás en el parque Nacional. La justicia también está lejos de procesar a todos los responsables del linchamiento, en enero del 2022, de Hildebrando Rivera, el conductor del camión involucrado en la muerte accidental de una joven madre emberá y su hija de brazos.El respeto por los derechos de los pueblos indígenas y la obligación del Estado y de todos los colombianos de tratar de corregir las inequidades e injusticias históricas no está en discusión.Pero las vías de hecho –en las calles de Bogotá o Cali, en los cultivos de caña en el Valle, en las montañas del Cauca o en las selvas del Caquetá– no pueden normalizarse ni justificarse. En aras de lo políticamente correcto, la justicia y, en general, todas las autoridades miran para el otro lado cuando esto sucede y no avanzan para esclarecer responsabilidades individuales en hechos que claramente son delitos, como las ‘retenciones’ de miembros de la Fuerza Pública para frenar las operaciones contra el crimen.El país es de todos, y todos debemos respetar la Constitución y las leyes. Las mismas organizaciones indígenas deben empezar a mirar la viga en el ojo propio para corregir inequidades y claras violaciones de derechos, tanto hacia afuera como hacia adentro de las comunidades.JHON TORRESEditor de EL TIEMPOEn X: @JhonTorresET