Piden detener el reclutamiento forzado de 45 mil infancias por el narcotráfico en México

En el marco del Día del Niño y la Niña, Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia, advirtió que el reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por parte del crimen organizado representa una deuda pendiente del Estado mexicano.Esto, al no garantizar la protección de sus derechos fundamentales ni atender las recomendaciones internacionales en la materia.“Desde hace dos décadas, este crimen se ha extendido en el país en el contexto de la guerra contra el crimen organizado”, sostuvo Pérez García, quien subrayó que los conflictos armados obligan a la niñez a vivir en condiciones de violencia y desplazamiento, despojándolos de su infancia y de sus derechos básicos.Según estimaciones de Tejiendo Redes Infancia, los cárteles de narcotráfico reclutan anualmente entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes.“Les ofrecen promesas de dinero rápido y protección, lo que los lleva a integrarse a estos grupos criminales”, explicó el coordinador regional mediante un comunicado.Los condenan a vivir rápido y morir jóvenes, pues son vistos como blancos fáciles debido a su vulnerabilidad, su necesidad de pertenencia e identidad propia, y su búsqueda de sobrevivencia.Pérez García alertó que este crimen internacional provoca “un trágico efecto dominó en el que las víctimas se convierten en perpetradoras” y lamentó que actualmente no existan cifras oficiales sobre el reclutamiento de menores de edad en México.Detalló que las tareas asignadas a niñas y niños van desde funciones de mensajería y vigilancia como “halcones“, hasta la participación en actividades como tráfico y venta de drogas, robo, extorsión y homicidio.En ese sentido, señaló que “estas actividades delictivas deben ser tipificadas legalmente“, ya que su reconocimiento en el marco jurídico “permitiría sentar las bases para una política pública estructural que enfrente este crimen”.Además de contabilizar las carpetas de investigación y los perfiles de los casos, visibilizando la magnitud real del problema.Recordó que en 2021, Tejiendo Redes Infancia presentó un estudio sustentado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual identificó el perfil de la niñez más vulnerable en zonas con altos índices de homicidio y violencia.“Este perfil incluye la desvinculación del sistema educativo, antecedentes familiares de encarcelamiento o consumo de drogas, y exposición a ambientes de violencia intrafamiliar grave”, explicó.Agregó que estas condiciones son aprovechadas sistemáticamente por los cárteles para reclutar menores.En cuanto a las obligaciones internacionales del Estado mexicano, Pérez García destacó que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en el marco del Protocolo Facultativo sobre la participación de la niñez en conflictos armados, emitió en 2011 recomendaciones específicas, ratificadas nuevamente en 2015 y en 2024.“Estas recomendaciones incluyen tres elementos esenciales: la tipificación del delito de reclutamiento forzado en el código penal; la creación de programas integrales de desvinculación, rescate, inserción social y tratamiento psicológico especializado; y la construcción de una cultura de paz desde los territorios, con énfasis en las escuelas”, detalló.Sin embargo, denunció que “durante 14 años el Estado mexicano no ha atendido estas recomendaciones” y lamentó que se mantengan narrativas que “desinforman de manera falaz” al presentar a las y los adolescentes en conflicto con la ley como impunes y liberados rápidamente, lo que alienta propuestas legislativas orientadas a “reducir la edad penal o aumentar las sanciones”, medidas que vulneran sus derechos humanos y contradicen tratados internacionales sobre justicia restaurativa y tratamiento diferenciado para adolescentes.Juan Martín Pérez García subrayó que la estrategia actual, basada en la militarización, el populismo punitivo y la criminalización de la pobreza, “no atiende las causas estructurales que facilitan el reclutamiento forzado”.En su opinión, es imprescindible impulsar acciones que no se limiten a medidas aisladas, sino que se enmarquen en una política pública integral que responda de manera efectiva a esta grave problemática.