Para enfrentar la criminalidad que se ha tomado el Catatumbo y ha provocado la peor crisis humanitaria registrada en la región, el Gobierno no descarta ordenar bombardeos. Esta estrategia había sido rechazada previamente por el presidente Gustavo Petro en “zonas donde se reportara la presencia de menores de edad”. Sin embargo, ante el aumento exponencial del reclutamiento forzado, ¿puede la inteligencia militar determinar a ciencia cierta en cuáles campamentos no hay niños o niñas?”Los bombardeos no han parado. Solo hay una decisión política del Presidente que está alineada con proteger la vida. Pero la opción legal y la capacidad estratégica de la Fuerza Aeroespacial está disponible y se aplicará de acuerdo al DIH”, dijo el recién nombrado ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Lo que en lenguaje castrense se conoce como Operación Beta es una táctica legítima contemplada en el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esta norma, que regula las condiciones de la guerra, permite bombardear a grupos criminales que por su arsenal, número de hombres y control permanente en el territorio, están en capacidad de hacerle daño al Estado. Las estructuras que clasifican como blanco son el Eln, el ‘clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc: el ‘Estado Mayor Central’ y la ‘Segunda Marquetalia’. Sin embargo, como norma imprescindible del DIH, los aviones sólo pueden proceder cuando no existe riesgo de afectación de civiles o dudas sobre la presencia de no combatientes.A estas operaciones se les atribuye el debilitamiento de la extinta guerrilla de las Farc, lo que contribuyó a forzarla a negociar el acuerdo de paz que puso fin a medio siglo de conflicto. Aún con estos resultados, el reclutamiento forzado de menores de edad abrió una disyuntiva sobre estas acciones, ya que en los bombardeos también perdían la vida niños y adolescentes.Como opositor del anterior Gobierno, el actual presidente Gustavo Petro fue uno de los férreos contradictores de usar la fuerza letal del Estado si esta ponía en riesgo a los menores de edad que estuvieran en los campamentos. Un principio que aplicó a carta cabal durante los primeros años de su mandato. No obstante, con el recrudecimiento del conflicto, el Gobierno volvió a barajar esta estrategia y el pasado 6 de diciembre se confirmó el primer bombardeo contra miembros del ‘clan del Golfo’. Los bombardeos en el CatatumboEn el marco de la conmoción interior decretada hace más de un mes en el Catatumbo, el ministro de Defensa no descarta utilizarla allí, ‘garantizando los derechos humanos (entre estos la vida de los menores de edad)’, una condición que, según expertos en seguridad, es imposible de garantizar.”Esta es la bienvenida a la realidad para el Presidente. Cuando los grupos armados tienen acorraladas a las familias y sometida a la población civil, toca tomar estas decisiones. Es difícil garantizar que no existan niños en los blancos. La inteligencia militar puede asegurar un 85 % de certeza, pero eso significa que existe un 15 % de posibilidad de que sí los haya, y con base en esa información debe proceder”, le dijo a este diario el analista en seguridad Daniel Mejía.El riesgo es mucho mayor teniendo en cuenta que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se disparó el año pasado. Según la Defensoría del Pueblo, con 409 casos registrados en 2024 este fenómeno creció 20 % con respecto al año anterior. Para Mejía, como el mandatario aseguró que “no bombardearía campamentos con presencia de niños”, el carácter altruista de su orden fue aprovechada por los grupos armados para ingresar a más menores de edad a sus filas, utilizando su presencia como un escudo humano de las operaciones aéreas.Para el presidente de Acore y excomandante de la Fuerza Aérea, Guillermo León, bombardear sin poner en riesgo la vida de los menores de edad es imposible, lo cual “significa que no hay ningún cambio a la política de abstención que se ha venido aplicando”. “Es inviable garantizar la ausencia de menores de edad cuando estos grupos reclutan a manos llenas a niños y niñas. Además, tener la certeza, de acuerdo al informe de inteligencia en el que se caracteriza el blanco, es improbable. Siempre existirá un margen de error. Esto hace que, en la práctica, la misión sea irrealizable”, señaló el general (r).Para que la comandancia militar ordene un bombardeo debe basarse en un informe de inteligencia que certifique que el blanco es legítimo y la operación esté enmarcada en los principios del DIH. Con la nueva directriz del Presidente, también tendría que asegurar que no hay menores de edad, lo cual es un procedimiento que, según los expertos, jamás tendrá certeza absoluta. Este hecho hace que, aunque se contemple la opción de retomar esta estrategia, en la práctica sea improcedente. “Ningún informe de inteligencia puede garantizar un 100 % de precisión, por lo que seguiremos atados a la misma situación: impedir que las Fuerzas Militares empleen toda su fuerza letal”, agregó el presidente de Acore.Los defensores de los derechos humanos celebranEsta premisa, no obstante, ha sido respaldada por defensores de los derechos humanos, quienes insisten en la protección de los niños y niñas reclutados a la fuerza, incluso si esto obliga al Estado a optar por otras tácticas militares.Leonardo González, director de Indepaz, afirmó: “El DIH permite a las partes combatir a todos los miembros de la contraparte. Sin embargo, la presencia de menores impide el uso de bombardeos, aunque no prohíbe otras operaciones militares que puedan lograr la misma ventaja con un menor impacto”.Asimismo, destacó que las capturas y la desmovilización, que han sido ejes clave en la Operación Catatumbo, deben ser priorizadas. “Señor Ministro, la presencia de un objetivo de alto valor no justifica un bombardeo con intención de aniquilación. Incluso cuando la inteligencia militar identifica un objetivo legítimo, la captura debe ser la primera opción”, concluyó.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia