La solicitud de extradición del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, elevada oficialmente este domingo 17 de agosto por la Cancillería colombiana al Ministerio de Exteriores de Nicaragua, se enfrenta ahora al muro político del régimen de Daniel Ortega, quien tiene la última palabra sobre su aprobación.“La embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritaria con solicitud de extracción del ciudadano colombiano Carlos Ramon González Merchán. Quien se encuentra residente en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial como es explica en los documentos adjuntos en la nota”, se lee en el mensaje, en el que piden “dar trámite en brevedad” a la solicitud.Presidente Gustavo Petro y Carlos Ramon González Foto:Presidencia / César Melgarejo/ El TiempoEl requerimiento se oficializa después de que se revelara que el Gobierno de ese país le concedió residencia al exfuncionario, hoy fugitivo, tras la orden de captura dictada el pasado 4 de julio por un juez para que continuara tras las rejas el proceso en su contra por cohecho, peculado y lavado de activos, al ser señalado como uno de los cerebros del saqueo a la UNGRD.Sobre el trámite, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago explicó a este diario: “Tienen que estudiarlo en Nicaragua. Ellos determinarán si la conceden o no, y se debería mirar si, con base en el tratado, un residente nicaragüense podría ser extraditado por un delito en otro país. Ahora, si el exfuncionario pidió asilo, se complica aún más, pues tendría que revocarse esa condición”.Al no existir circular roja de Interpol, la extradición depende estrictamente del tratado de cooperación binacional. Actualmente, Colombia tiene dos acuerdos vigentes con Nicaragua: uno de 1889 y otro de 1930, que entró en operación en 1932.Sin embargo, las tensas relaciones políticas entre ambos países —gobernado por el régimen de Daniel Ortega— podrían jugar en contra.Colombia ha tenido fracturas diplomáticas con Nicaragua, primero por la disputa de soberanía sobre la isla de San Andrés que escaló hasta la Corte de La Haya y, en este Gobierno, por la postura del presidente Petro frente a temas como las elecciones de Venezuela, país aliado de Ortega, respecto de las cuales pidió publicar las actas. “Yo a Petro lo veo como compitiendo con Lula en ver quién va a ser el líder que va a representar a los yankis en América Latina”, dijo Ortega en agosto de 2024.El prófugo Carlos Ramón González; León Fredy Muñoz, exembajador de Colombia en Nicaragua y senador. Foto:Archivo particularCon este escenario, la extradición podría enredarse. “Nicaragua se ha cerrado en la concesión del derecho internacional, como parte del régimen que actualmente rige en ese país. Como parte de esa rebeldía, podrían negarse al requerimiento colombiano”, agregó Buitrago.Actualmente, Nicaragua -como Colombia- maneja un sistema mixto de extradición: primero debe resolverse judicialmente y luego pasa a decisión del Ejecutivo. Eso significa que la solicitud debe ser revisada por la Corte Suprema de ese país y, finalmente, la última palabra la tendría el presidente Ortega.“El tema de la extradición es político, una decisión que depende del Gobierno. Si Ortega considera que no es pertinente acatarla, puede no entregarlo, y creo que eso es lo que va a pasar. Con la residencia, la extradición se hace aún más difícil y este Gobierno lo sabe. La expectativa es mínima. La solicitud se hizo más para calmar el ruido mediático que con una real intención de que el exfuncionario regrese a rendir cuentas ante la justicia”, dijo, por su parte, el abogado y exdirector del CTI, Julián Quintana.Tribunal envió a la cárcel a Carlos González por caso UNGRD Foto:Aun con una orden internacional de captura —es decir, con circular roja— contra Carlos Ramón González, Nicaragua no estaría jurídicamente obligada a entregarlo. El régimen de Ortega podría ignorarla, pues, aunque existe un tratado de extradición aplicable (suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929), su Gobierno puede alegar razones políticas para no cumplirla.‘En el caso de Nicaragua, Ortega ha mostrado una política de protección a aliados políticos y de rechazo a solicitudes judiciales internacionales que no convienen a su régimen. Es previsible que no ejecute la detención ni la extradición si la persona en cuestión es alguien cercano o útil políticamente, como podría ser el caso de Carlos Ramón, quien el mismo Gobierno colombiano ha demostrado que quiere su protección en ese país’, le dijo a este diario el exviceministro de Justicia Camilo Rojas.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia