El país atraviesa una de las crisis políticas más grandes de la historia con el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Las recientes capturas de los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, marcan un punto de quiebre no solo en el Legislativo, también en el gobierno del presidente Gustavo Petro.Según el auto revelado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, se ordena la captura de los congresistas Name y Calle por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado por “aceptar indebidamente dineros públicos de la UNGRD, para impulsar o no oponerse al trámite de las reformas”.Imputación a Olmedo López y Sneyder Pinilla por caso de la UNGRD. Foto:Archivo particularAlgunos proyectos de ley tenían que ver con el sistema pensional y la salud. “El Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común”, así como la reforma al Sistema de Salud.En el documento, se específica que el expresidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez y el de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, “con abuso de la función pública y de las altas dignidades que ostentaban para la fecha de los hechos, presuntamente recibieron una millonaria suma de dinero de $ 3.000 millones Name Vásquez, y 1.000 millones Calle Aguas”.Además, la Corte señala que Name habría accedido a esa jugosa coima en dos entregas, una el 12 de octubre de 2023 y otra el 13 de ese mismo mes, a través de Sandra Liliana Ortiz, su amiga y exconsejera presidencial.En la primera entrega, se encontraban Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes para ese momento se desempeñaban como director y subdirector de la UNGRD. En la segunda, según lo que revela la decisión, solo estaba Sneyder para efecto de la entrega de dádiva en una de las habitaciones del hotel Tequendama Suites, en el centro de Bogotá.Por otro lado, Sneyder Pinilla viajaba a la ciudad de Montería, el 14 de octubre de 2023 para entregar 1.000 millones de pesos a Andrés Calle, en el apartamento 803 del edificio K62, del barrio La Castellana.Los hoy investigados eran clave en el Gobierno. Foto:PresidenciaCon esta última entrega, se cerró el entramado de corrupción entre las cabezas de la UNGRD y el Legislativo.En el recuento de los hechos consignado en 183 páginas, el alto tribunal no solo anexa las pruebas obtenidas en una actuación judicial que permitió comprobar la estadía de la exconsejera Ortiz en el hotel durante los días en que, según los testimonios, se habría pactado el soborno y realizado la entrega del dinero, también se habla de un cónclave entre poderosos funcionarios del Gobierno en ese entonces — el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el director del Dapre, Carlos Ramón González; la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz; y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla— en el que se habría definido el uso de los recursos de la Unidad para repartir entre congresistas.“Iván Name y Andrés Calle conocían que el dinero que se les entregaba y del cual se apropiaban, tenía por lo menos un vínculo mediato, funcional, con el patrimonio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y eran por ende recursos públicos, producto del desvío de los mismos, obtenidos a través del direccionamiento y manipulación de un proceso contractual”, se destaca en el oficio.Todo lo anterior, con el compromiso por parte de los congresistas para beneficio de las reformas del Gobierno. “Se comprometieron, el primero de ellos (Iván Name), a impulsar o no entorpecer la aprobación de las reformas legislativas presentadas y promovidas por el Gobierno Nacional, entre estas las que corresponden a los proyectos antes referidos, y el segundo (Andrés Calle), a continuar apoyando las aludidas reformas”, se lee en el auto.Finalmente, el alto tribunal también expone como pieza clave de las responsabilidades “la reconocida y cercana amistad entre varios de los protagonistas de las conductas punibles investigadas: Iván Leonidas Name Vásquez, Maria Clara Name Ramírez, Sandra Liliana Ortiz Nova y Carlos Ramón González Merchán”.Sandra Ortiz, exconsejera; Sneyder Pinilla exsubdirector y Olmedo López exdirector de la UNGRD Foto:Archivo particularEn esta hipótesis, se cita el testimonio de Sandra Ortiz, quien aseguró tener una profunda amistad con la concejala de Bogotá, María Clara Name, hija del entonces presidente del Senado, así como un estrecho respaldo político de su parte.Según las investigaciones, parte de los 3.000 millones de pesos de la coima habría financiado campañas políticas.En el caso de Andrés Calle, los 1.000 millones habrían sido destinados a respaldar las aspiraciones de Gabriel Enrique Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba y de Gabriel Alberto Calle Demoya a la alcaldía del municipio de Montelíbano.Si la Corte encuentra mérito suficiente, Name y Calle podrían enfrentar penas que estarían entre los ocho y 15 años de prisión, así como inhabilidades políticas y la pérdida de sus curules.Justamente, los expresidentes del Senado y Cámara fueron trasladados a las instalaciones de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, donde permanecerán mientras la Corte Suprema de Justicia adelanta la investigación.La captura de las dos figuras más importantes del Congreso representa no solo uno de los peores escándalos de corrupción, sino una crisis de confianza en el sistema político colombiano y la estabilidad del Gobierno nacional.Expolicía asesinado sería testigo en caso de corrupción Foto:Laura Cristina GarcíaEditora de Justicia