“El conflicto armado afecta la vida en general”, cuenta una adolescente de 17 años, habitante de la zona rural de Argelia (Cauca), sobre los días en los que dejó de ir a la escuela por más de un mes después de que las minas antipersonal impactaron su colegio este año y el riesgo de una explosión siempre estaba ahí. “Hubo heridos por minas y el colegio estaba afectado. Sí, me gustaría estudiar. Quiero estudiar. Estudiar derecho, normal, no parar, seguir haciendo todos los años lo que tengo que hacer”, manifiesta la joven.De acuerdo con cifras del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el número de víctimas por este tipo de artefactos aumentó en 2023 y 2024. En los últimos tres años, la cantidad de personas lesionadas en estos accidentes es mayor a las que han muerto: de las 229 impactadas directamente entre 2022 y el año pasado, el 72 por ciento de ellas resultó con heridas (165) y el 28 por ciento fallecieron (64).Y puntualmente en el último año (entre el 1.º de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025), el Cerac registró 45 accidentes con minas antipersonal o munición sin explotar (MAP/Muse) en los que murieron 30 personas y 54 resultaron heridas. Esto representa más del doble del número de muertes, también un incremento del 24 por ciento en accidentes, y una leve reducción en los heridos (4 por ciento) frente a las cifras registradas entre noviembre de 2023 y octubre del año pasado (35 eventos con 12 decesos y 56 personas heridas).Desminado en Colombia. Foto:CortesíaEn total, la cantidad de afectados (entre lesionados y fallecidos) subió 23,5 por ciento de un año a otro, al pasar de 68 a 84 registros en el periodo analizado. Sin embargo, en el 2025 el número de accidentes y de afectados cayó entre junio y octubre.De las 84 víctimas en los hechos con MAP/Muse reportados en el último año, el 49 por ciento fueron civiles (41 afectados), el 29 por ciento integrantes de la Fuerza Pública (24), el 11 por ciento miembros de grupos armados emergentes (10), el 10 por ciento integrantes del ‘clan del Golfo’ (8) y una víctima sin identificar. Los civiles son los que más fallecidos cuentan (12 del total de 30).Los accidentes con este tipo de artefactos en 2022 ocurrieron en 29 municipios de 12 departamentos. Y en el último año, en los territorios donde hubo un mayor número de víctimas por estos hechos fueron Valdivia (10 afectados) y Anorí (8), en Antioquia. Les siguen Argelia (Cauca), Tibú (Norte de Santander) y Jamundí (Valle del Cauca), con 7 cada uno; Santa Rosa del Sur, Bolívar (6); y El Bagre (Antioquia) y Tadó (Chocó), con 5 cada uno. Esos ocho municipios concentran el 65 por ciento del total de víctimas (55 de las 84 hasta octubre).En la gran mayoría, 35 de los 45 hechos con MAP/Muse (78 por ciento) registrados durante el último año, no se conoce el grupo responsable de la instalación del artefacto explosivo. Entre tanto, cinco accidentes fueron atribuidos al Eln, tres a grupos armados emergentes y dos al ‘clan del Golfo’.Desminado. Foto:Sergio Acero. Enviado especial de EL TIEMPO a Caquetá.Entre noviembre de 2024 y octubre de este año, el número de muertes por accidentes con minas antipersonal aumentó frente al registro anterior (de 12 fallecidos en 2023-2024 a 30 en 2024-2025). Y la cantidad de personas heridas se redujo al pasar de 56 a 54 en el mismo lapso.Cabe destacar que el programa presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (Aicma) registró en el último año ocho accidentes con MAP/Muse en los que hubo muertos, 12 hechos menos que los registrados por el Cerac en ese periodo. Y en 2024, el Aicma reportó cuatro accidentes con víctimas fatales, siete menos que los que cuenta el centro de análisis (11).Llamado de entidadesLa Defensoría del Pueblo indicó que los daños que sufren las víctimas van más allá de las heridas físicas. Enfrentan largos procesos de recuperación médica y psicológica, mientras que sus familias soportan un fuerte impacto emocional y económico. Además, el miedo a transitar por ciertas zonas impide el retorno de desplazados y dificulta la consolidación de la paz en regiones históricamente golpeadas por la violencia.A pesar de los esfuerzos de desminado humanitario liderados por el Gobierno y organizaciones internacionales, el riesgo sigue latente. En muchos municipios, la presencia de minas ha aumentado debido a disputas territoriales entre grupos armados ilegales, poniendo en peligro la vida de comunidades enteras. Por ello, es urgente reforzar las labores de desminado y fortalecer la educación sobre el riesgo de estos artefactos para prevenir nuevas víctimas.Desminado. Foto:Sergio Acero. Enviado especial de EL TIEMPO a Caquetá.En el caso de la niñez, los impactos se amplifican: están en crecimiento, consolidando procesos motores, de desarrollo de su identidad y de su corporalidad. “Si sufren una amputación y tienen prótesis, hay que cambiarla cada seis meses, necesitan más revisiones, más apoyo psicosocial y acompañamiento de la familia. Esta dificultad aumenta cuando hablamos de niños y niñas en zonas rurales, donde ocurren todos los accidentes y donde el acceso a salud es más limitado”, asegura Sandra Salazar, oficial experta en minas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).Por su lado, la Cruz Roja Colombiana hace un llamado a la protección de la vida y dignidad de la población. Indicó que “esta problemática genera serias consecuencias humanitarias a nivel individual, familiar y comunitario, entre ellas afectaciones físicas y psicológicas, pérdidas humanas, desintegración familiar, impactos económicos y culturales, confinamiento, desplazamientos forzados, restricciones en el acceso a servicios esenciales como salud y educación, así como la improductividad de los territorios afectados”.La imposibilidad de avanzar en estas zonas responde, según las autoridades, a factores como la persistencia de hostilidades, la presencia de artefactos explosivos en áreas de difícil acceso y la falta de condiciones de seguridad para las labores de las unidades especializadas. Estos municipios permanecen fuera de los cronogramas operativos, a la espera de que se den las garantías necesarias para iniciar las intervenciones.Actualmente, el país cuenta con siete organizaciones de desminado humanitario acreditadas. Gran parte de la financiación proviene de la cooperación internacional, en la que están Estados Unidos, Suiza, Japón, Noruega, Alemania, Canadá, Bélgica, España y Reino Unido. Del lado nacional, participan la Campaña Colombiana contra Minas y Humanicemos DH; a nivel estatal, la brigada de desminado del Ejército y la de la Armada; y en el plano internacional, The Halo Trust, el Consejo Danés para Refugiados y Human Inclusion.Desde 2016, con el fin de cumplir el Tratado de Ottawa, el Ejército creó la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario, responsable de eliminar estos artefactos y evitar su almacenamiento. Hoy, Colombia acumula 935 municipios libres de sospecha de minas. Y entre 2024 y este año, el Gobierno se propuso descontaminar 85 municipios.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com